Por más que pueda parecer extemporáneo, dadas las altas temperaturas que se han vivido en toda la región desde hace varios días, es necesario destacar el significativo paso que se dio a fines de enero en la sentida aspiración de las ciudades del sur por mejorar su calidad del aire, tan depreciada en la medida en que el crecimiento de la población y sus necesidades de calefacción para superar el intenso frío, fueron derivando en un uso indiscriminado de la leña, que no ha diferenciado en aquella seca de la húmeda. Se trata de la declaración de zona saturada para ocho ciudades de Los Lagos por la concentración de material particulado 2.5, producto de la mala combustión de la leña, y que constituye el paso previo para un plan de descontaminación atmosférica (PDA) que por primera vez en el país tendrá carácter intercomunal (hasta ahora sólo ha habido programas comunales, como los que rigen actualmente en Osorno y Temuco).

Para llegar a la declaratoria de zona saturada, se requirió de mediciones previas de la calidad del aire que, aunque podía saberse de antemano el resultado que entregarían, validaron, mediante la recopilación de datos científicos, la necesidad de una intervención mayor del Estado en la lucha por la descontaminación atmoférica. Esta se expresará en un instrumento que establecerá metas, prioridades y recursos para promover un cambio sustantivo en la matriz energética, acondicionamiento térmico de las viviendas y educación de la comunidad.

Aquí es donde entra en juego la gran debilidad de los PDA ya en ejercicio. En un caso cercano, y que se integrará a la pretendida descontaminación intercomunal, el plan de Osorno -que en un plazo de diez años buscaba reducir en más de un 80% las partículas contaminantes-, ha adolecido de la inyección de recursos estatales para los subsidios de recambio de estufas y de aislación térmica, dejando en el marasmo la urgencia de mejorar la calidad del aire.

En el caso del futuro PDA regional, se convertirá en letra muerta si no hay un cronograma claro que se vaya cumpliendo año a año. Sin inversión estatal directa, el plan de descontaminación no será más que una iniciativa bienintencionada que se quedará en los escritorios.

En tiempos de pandemia la organización de las labores se ha transformado profundamente. Sin embargo, los rubros declarados como esenciales no han podido detener su producción. Entre ellos se encuentran las actividades agrícolas, que requieren de la contratación de un alto número de "trabajadores temporales" que circulan de norte a sur por nuestro país.

En las catástrofes y, en este caso, en pandemia, se pone de manifiesto las malas condiciones laborales de los temporeros en movimiento, muchas veces invisibles por la opinión pública y las autoridades. Lo anterior nos trae a la memoria el container de temporeras arrastrado por el aluvión en Copiapó el año 2015. Y en la actualidad, la preocupación de las autoridades locales por la llegada de trabajadores que por el tiempo de cosecha habitan en las localidades en "campamentos", situación que constata el alcalde de Curicó, al declarar que no cuentan con medidas de fiscalización ni protocolos sanitarios y que a la hora de emplazar a las autoridades regionales y centrales que atienden las condiciones laborales y sanitarias de los trabajadores de nuestros país, señalan desconocer la existencia del problema.

Esta situación, que afecta a las zonas rurales cada año durante los meses estivales, debe dar pie para hacernos cargo seriamente de las condiciones laborales de los temporeros de nuestro país, los que viven día a día el hacinamiento en el transporte en furgones y la precariedad de viviendas de tipo "campamentos" improvisados por los contratistas del agro.

En el caso de la Región de los Lagos, este tema es central dado el alto número de trabajadores que llegan a localidades rurales fuertemente afectadas por contagios de covid- 19 y que al ser invisibilizado, dificulta la activación de protocolos sanitarios de cuidado en un rubro que es indispensable para seguridad alimentaria de nuestro país.

Es por esta razón que urge que se actúe oportunamente para proteger la vida de los trabajadores y de los habitantes de las localidades donde estos campamentos se instalan, de manera de asegurar la continuidad el buen desarrollo de la actividad agrícola.

Daniella Gac Jiménez, investigadora

del Ceder de la ULagos

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