Marcelo Galindo

Fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Puerto Montt el que dio cuenta de este hecho, al encontrar a la víctima en un carro de Carabineros, con heridas en el rostro. Ello motivó la presentación de una acción penal del organismo contra la institución policial.

Es así que los primeros días de marzo de 2020 se conoció el caso de Ian Cataldo (18 años), dirigente de la Juventud Socialista, quien denunció haber sido agredido por Carabineros en la costanera de la ciudad mientras participaba en una protesta en medio del estallido social.

"En marzo de 2020 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) toma conocimiento de esta situación a través de la inspección de un carro policial, donde se encuentra ensangrentada a esta persona y se le toma relato y fotografías, producto de las heridas, lo que motivó que incluso fuera intervenido quirúrgicamente", explicó Mauricio Maya, jefe regional del INDH.

Maya señaló que el INDH presentó una querella por tortura "y hoy (ayer) los dos funcionarios fueron formalizados por apremios ilegítimos".

Relató el jefe regional del INDH que junto a la causa de Cataldo se suman otras acciones judiciales, alcanzando a 76 querellas con aproximadamente 80 víctimas.

"Para nosotros son los hechos de violencia policial ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020. Junto a las causas que no son del estallido social, que suman alrededor de 35, contabilizamos más de 100 querellas presentadas a la fecha en la región", reveló.

Con los dos funcionarios formalizados ayer, suman tres a la fecha en estas condición procesal por hechos ocurridos en el estallido social. El primero fue el subteniente que disparó una bomba lacrimógena que impactó en la cabeza de una niña de 17 años, causándole graves heridas.

La fiscal Myriam Pérez indicó que el hecho del joven dirigente socialista data del 2 de marzo de 2020.

Los cargos de la formalización contra los dos carabineros son por apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

"El Tribunal de Garantía fijó un plazo de investigación de 100 días, a fin que la Fiscalía agote las diligencias que quedan pendientes para formular acusación en contra de ambos carabineros y se decretaron medidas cautelares consistentes en arresto domiciliario parcial, la prohibición de salir del país y la prohibición de acercarse o ponerse en contacto con la víctima", dijo Pérez.

Personal de Carabineros de la Primera Comisaría de la ciudad detuvo la jornada del martes a un hombre que realizaba malabares con machetes en la intersección de avenida René Soriano con Diego de Almagro, en el sector oriente de Osorno.

El procedimiento se concretó luego de reclamos de varios usuarios que circulaban por la zona, quienes indicaron que el joven los insultaba tras no recibir una propina posterior a su presentación de malabarismo.

"Es un adulto, de nacionalidad argentina, quien molestaba a los conductores una vez que no le entregaban propina", explicó el capitán Cristian Riffo, subcomisario de los Servicios de la Primera Comisaría.

Al momento de la fiscalización del personal policial, el involucrado cooperó con el procedimiento sin inconvenientes. Luego, fue detenido bajo acusaciones de porte de arma blanca e infringir el artículo 318, correspondiente a poner en riesgo la salud pública, ya que no portaba los permisos para circular en cuarentena.

El fiscal de turno dispuso que el imputado debería quedar apercibido, a la espera de citación. "Cuando lo fiscalizamos, el joven desconocía la normativa respecto a manipular estas armas blanca en la vía pública, lo cual está penado en Chile", agregó.

La detención hizo recordar el episodio registrado en la comuna de Panguipulli, ubicada en la Región de Los Ríos, donde el malabarista callejero, Francisco Martínez, se resistió a un control de identidad y fue ultimado por un carabinero, quien habría repelido el ataque del artista.