Los organismos internacionales reconocen que Chile es uno de los países donde se han aplicado mayores medidas antitabaco. La primera modificación a la Ley de Tabaco N° 19.419 se realizó en el año 2006, cuando se reguló la publicidad en los productos, permitiéndose únicamente en los puntos de venta.

En marzo de 2013 se aprobaron otras modificaciones, con la prohibición de fumar en todos los espacios cerrados de libre acceso al público (restaurantes, recintos deportivos, bares, pubs y discotecas); prohibición absoluta de publicidad; y se implementaron las advertencias de consumo en los productos. También se ha aumentado el impuesto al cigarrillo, hay prohibición de venta a menos de cien metros de los colegios, advertencias en las cajetillas para mostrar el daño que provoca, prohibición de todo tipo de publicidad del tabaco, así como la promoción de su consumo, y se limitó la aparición en televisión de personas fumando, en horarios para menores.

Pero si bien en Chile la carga tributaria a este producto es de 82%, esto ha estimulado el contrabando. El comercio ilegal de cigarrillos ha crecido cuatro veces en los últimos cinco años, de acuerdo con un estudio de la Cámara Nacional de Comercio, con millonarias pérdidas para el Fisco.

De acuerdo a informes del Ministerio de Salud (Minsal), el 18% de todas las muertes producidas en el país puede ser atribuible al consumo de cigarrillos, siendo responsable de más de 20 mil infartos y hospitalizaciones por enfermedades cardíacas. Además, el impacto económico que representa el tabaquismo es alto, ya que cada año se destinan cuantiosos presupuestos para tratar problemas de salud asociados a su consumo.

Toda la política aplicada ha contribuido a lograr avances en el tema. Por ejemplo, la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados ha resuelto el problema de los llamados fumadores pasivos y ha obligado a los consumidores a respetar más a los no fumadores. No obstante estos avances, en Chile el tabaquismo aún es un gran problema, no sólo de adicción, sino también de salud, por los abultados presupuestos que deben destinarse para abordar las enfermedades de los adictos.

La delincuencia y la inseguridad son de un tiempo a esta parte la principal preocupación ciudadana, relegando a un segundo plano incluso temas tan sensibles socialmente como salud, educación y pensiones. Y con razón. El posicionamiento creciente y progresivo de una criminalidad cada vez más violenta, sofisticada y en algunos casos importada, que avanza sin freno a lo largo del país, llegó a niveles intolerables, alcanzando incluso el límite que puede representar un punto de no retorno.

De tanto en tanto se anuncian medidas cuyos magros resultados están a la vista. Pese a ello, se insiste una y otra vez en las mismas fórmulas que ya han demostrado su insuficiencia y correlativa ineficacia. Ante ello, la incredulidad ciudadana crece a la par de la victimización, mientras la autoridad política de turno intenta "resolver" -aunque en realidad es "administrar"- el problema conforme a lógicas, intereses y fines que también son de orden político. Esto último es, sin duda, la primera gran piedra de tope.

El evidente fracaso del Estado y de todos quienes tienen bajo su responsabilidad hacer frente a la delincuencia no ha logrado así producir los cambios urgentes e indispensables que se necesitan para contener y revertir la situación. A la pasividad y falta de ideas que llega a niveles irritantes, se suma la mediocre gestión de varias instituciones que están llamadas por ley a contribuir en la producción de seguridad. Pero más allá de los discursos de la autoridad que a estas alturas todos miran con fundado escepticismo, nadie le pone realmente el cascabel al gato.

Son tiempos difíciles y lamentablemente se pondrán más oscuros si no se enfrenta ahora con decisión, conocimiento, inteligencia y trabajo a una delincuencia que ve en nuestro país un ecosistema perfecto para reproducirse y seguir masificándose. Gran parte de los nudos críticos claves a nivel normativo, de diseño institucional y de gestión pública están hace rato a la vista para producir el urgente punto de inflexión, especialmente para quienes diariamente trabajan directa e indirectamente en relación con la seguridad pública y en el sistema de justicia criminal.

Sólo falta que todos quienes tienen en sus manos esta responsabilidad den, de una vez por todas, el paso de las palabras a la acción, antes que sea demasiado tarde, si es que ya no lo es…

Marcos Emilfork,

Fundación para la Justicia

80 años | 7 de agosto de 1942

Con colecta y marchas recordarán a O'Higgins

El intendente de la Provincia está coordinando la Colecta Nacional O'Higgins, a efectuarse el próximo 20 de agosto. A la cruzada benéfica se suman una serie de actos relativos a conmemorar el natalicio del padre de la Patria, como el embanderamiento de Puerto Montt y la interpretación de marchas de la banda del Sangra.

20 años | 7 de agosto de 2002

Un incendio destruye el tradicional Hotel Petrohué

En dos horas el fuego redujo a cenizas el tradicional Hotel Petrohué, el cual nació en 1913 por la gestión de Ricardo Roth. Una falla eléctrica en el grupo electrógeno sería el causante de la emergencia. Franz Schirmer, actual dueño, lamentó que con este siniestro se pierden 90 años de historia. "Nunca va a ser igual", recalcó.

10 años | 7 de agosto de 2012

A fines de junio caducó la concesión de la Costanera

El 30 de junio caducó la concesión marítima que había entregado la Subsecretaría de Marina, a título gratuito, del borde de la Costanera a la Municipalidad de Puerto Montt. La situación se tornaría compleja en términos jurídicos, puesto que el municipio firmó un contrato con la empresa a cargo de los estacionamientos subterráneos.