"No hay posibilidad de desarticular el crimen organizado sin una fuerte capacidad de inteligencia regional"
La presencia del crimen organizado en la Región de Los Lagos es una realidad confirmada por sentencias judiciales, investigaciones policiales e informes académicos. Uno de estos estudios, publicado ayer domingo en El Llanquihue y elaborado por el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la U. Andrés Bello, destaca cifras alarmantes: en los últimos 10 años, los secuestros han aumentado un 533% y los homicidios un 50% en la región.
Ante este escenario, Pablo Urquízar, abogado y coordinador del Ocrit, analiza el fenómeno emergente y propone claves para enfrentarlo, subrayando el riesgo que representa para la democracia.
-El estudio que presentaron analiza diez delitos vinculados al crimen organizado a lo largo de una década. ¿Por qué se seleccionaron estos delitos específicos y este marco temporal?
-Constatamos que el crimen organizado se materializa en tres tipos de actividades: delitos de mercados ilícitos (como narcotráfico y tráfico de armas), delitos predatorios (como secuestro y extorsión) y delitos conexos (como homicidios o tráfico de migrantes, usados para facilitar otras operaciones). Seleccionamos 10 delitos representativos de estas categorías que son potencialmente utilizados por el crimen organizado. El período de una década (abarcando los gobiernos de Bachelet, Piñera y Boric) nos permite analizar tendencias más allá de una administración específica, entendiendo que la seguridad es un problema de Estado que requiere una visión a largo plazo para afrontar una situación extremadamente grave que vulnera derechos fundamentales.
-En el caso de Los Lagos, las cifras son impactantes. Por ejemplo, un incremento del 533% en secuestros en la última década. ¿Cómo se explica la irrupción de este tipo de delitos en una región que, desde la zona central, podría percibirse como más tranquila?
-Es cierto que, en general, el sur de Chile presenta niveles de inseguridad menores comparados con Santiago o la macrozona norte. Sin embargo, hay elementos muy relevantes en Los Lagos. Mientras el índice nacional de delitos potencialmente usados por el crimen organizado creció un 13% en la década, en Los Lagos el incremento fue del 64%. Este índice, que correlaciona los diez delitos ponderando su gravedad y vinculación con el narcotráfico, sitúa a Los Lagos con el cuarto mayor aumento a nivel nacional. Cuando desglosamos, vemos cifras que superan la media nacional: homicidios +50%, secuestros +533%, tráfico de drogas +200%, y porte ilegal de armas +77%. Individualmente, a veces pasan desapercibidos, pero en conjunto muestran una tendencia preocupante.
-¿Qué factores explican este explosivo aumento y la complejidad que reflejan las cifras en Los Lagos?
-Para entender lo que pasa en la región, hay que mirar el contexto país. Tenemos constatada la operación de 12 organizaciones criminales transnacionales (cinco venezolanas, dos colombianas, dos peruanas, una dominicana, una china y una mexicana). Estas bandas, aunque diversas, comparten métodos: operan en mercados ilícitos, cometen delitos predatorios como extorsión y secuestro, y delitos conexos como homicidios. Que Los Lagos sea la región con el mayor aumento porcentual de secuestros en la década es una señal de alerta potente. La complejidad se confirma con el aumento global del 64% en el índice de delitos asociados al crimen organizado. Específicamente en la región, ya hay presencia confirmada de una de las organizaciones más peligrosas: el Tren de Aragua. Su llegada implica la "importación" de delitos extremadamente violentos a los que la región no estaba acostumbrada.
-Sobre la presencia del Tren de Aragua en Los Lagos, ¿qué implicaciones tiene esto para la región y cómo se conecta con las cifras del estudio?
-La presencia del Tren de Aragua es un problema mayor. Lo vimos con detenciones exitosas realizadas por la PDI y Fiscalía, como el caso de los hermanos Cartier, vinculados a secuestros, extorsiones, homicidios y porte de armas; precisamente los delitos que analizamos y cuyas cifras se dispararon en la región. Si bien esa célula fue desarticulada, las cifras globales (533% en secuestros, 200% en drogas, etc.) nos obligan a preguntarnos: ¿cuál es la magnitud de la presencia no detectada? Es un desafío enorme para el sistema de seguridad pública regional. Además, no hay que olvidar que el Tren de Aragua nació en una cárcel (Tocorón, Venezuela) y tiene capacidad de operar desde los penales, lo que añade otra capa de complejidad, considerando las cárceles existentes en la región.
-La región es extensa y diversa, con zonas urbanas, rurales, puertos, una larga frontera e incluso episodios de violencia rural en la provincia de Osorno, de tono similar a lo que ocurre en La Araucanía. ¿Cuáles deberían ser las prioridades para enfrentar esta situación?
-Primero, la inteligencia. La región debe preguntarse seriamente cuál es su capacidad real de inteligencia. ¿Hay presencia efectiva de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia)? ¿Cómo se coordinan las inteligencias de la PDI, Carabineros, Directemar, Gendarmería? Nuestra ley de inteligencia es de 2004 y no se ha modernizado, mientras el crimen organizado ha avanzado enormemente. Segundo, la profesionalización. Necesitamos a los mejores técnicos y profesionales en los cargos de seguridad regional, no basados en afinidades políticas, sino en capacidad e idoneidad. Tercero, políticas públicas basadas en evidencia. No hay margen para la improvisación. Las estrategias deben ser basadas en datos, evaluadas constantemente y ajustadas si no dan resultados. Cuarto, conducción política clara. El delegado presidencial regional y el nuevo seremi de Seguridad deben liderar activamente todo el sistema de seguridad pública regional, que incluye no solo a las policías, sino a Gendarmería, Aduanas, SII, Directemar, etc., fomentando la intersectorialidad y cooperación.
-¿Ud. sumaría también a las autoridades electas, como el gobernador regional y alcaldes? Por ejemplo, tanto el Gore como municipios inyectan recursos en materia de seguridad, pero parecen estar lejos del diseño de estrategias.
-Aunque la conducción operativa del sistema recae en el delegado presidencial, auxiliado por el Seremi, sería un error marginar al Gobernador Regional. El sistema de seguridad pública necesita la colaboración de todos los actores. El crimen organizado no distingue color político; su objetivo es controlar territorio y desplazar al Estado. Por lo tanto, se requiere una política de Estado a nivel regional, que incorpore activamente al Gobierno Regional y a los municipios, independientemente de su signo político. La cooperación, la sinergia y la interinstitucionalidad son fundamentales para enfrentar una amenaza que pone en jaque el Estado de Derecho y la democracia en la región.