El Juzgado de Garantía de Cañete decretó ayer la prisión preventiva para Tomás Antihuen, el cuarto imputado por el triple homicidio de carabineros, hecho perpetrado hace un año en Los Álamos, quien fue detenido el viernes recién pasado y tenía en su poder la subametralladora UZI de uno de los policías asesinados.

El crimen ocurrió el 27 de abril de 2024 y las víctimas fueron los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal. Y por este ya habían sido detenidos en julio del año pasado Jefferson Antihuen, Felipe Antihuen y Nicolás Rivas, quienes ya estaban en prisión preventiva.

La crueldad de este acto criminal causó tanta conmoción que en su momento postergó la formalización del entonces general director de Carabineros Ricardo Yáñez, por una causa vinculada al estallido social, lo que debía derivar en su renuncia al mando de la institución.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, detalló ante el tribunal que Tomás Antihuen "fue ubicado en un domicilio del sector Lleu Lleu, en la comuna de Cañete, donde se ocultaba y además tenía en su poder una ametralladora UZI calibre 9 milímetros, que corresponde al arma de fuego sustraída al cabo primero (Sergio) Arévalo Lobos y que mantenía en su poder desde la fecha de los hechos".

Delitos imputados

El persecutor imputó "el delito de homicidio calificado de carabinero en razón de su cargo con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones en carácter reiterado, cometido por el imputado en perjuicio de los funcionarios".

Además detalló que el crimen fue cometido con "premeditación, alevosía e ignominia".

Luego, imputó el ilícito de "robo con violencia de especies que portaban los carabineros al momento de ser emboscados". Estos elementos son cámaras GoPro, armas de fuego, celulares y radios de comunicación institucional. Además el Ministerio Público imputó el delito de porte ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de arma prohibida.

Como cuarto delito, Garrido acusó al imputado de incendio del vehículo. Esto, ya que Antihuen, junto con sus acompañantes, incendiaron la camioneta en la que se trasladaban los funcionarios, cuyos cuerpos fueron ubicados en el pickup del vehículo, relató el fiscal.

"Por último, se configura en su aspecto el delito de traslado de restos humanos con infracción en los reglamentos y demás disposiciones sanitarias contempladas en el artículo 322 del Código Penal", completó el persecutor.

Resolución

Tras escuchar los alegatos, el juez de garantía Cristián Rosenberg dijo que las víctimas lamentablemente hoy no están para contar qué fue lo que pasó el día de los hechos.

Junto con ello, el magistrado señaló que los antecedentes descritos por el Ministerio Público "son varios elementos, todos decidores, que involucran directamente y no como una simple especulación, a Tomás Antihuen como parte de las personas que planificaron y fundamentalmente ejecutaron este hecho".

Rosenberg aseguró que el crimen daba cuenta de "un grado de desprecio por la vida humana pocas veces visto" y por decretó la prisión preventiva del imputado por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga.

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, compareció ayer ante la comisión investigadora del caso de la fallida compraventa de la casa del fallecido Presidente Salvador Allende en la Cámara Baja, oportunidad en la que descartó que el acto administrativo del decreto que autoriza la compra contravenga disposiciones legales o constitucionales.

Explicó que dicho decreto es solo una autorización para una futura adquisición y que no se había formalizado ningún contrato al momento de su ingreso.

Por lo mismo, no le corresponde a la Contraloría pronunciarse sobre alguna situación hipotética posterior, dijo Pérez.

Así lo expuso la contralora: "El proceso para adquirir un bien raíz en general o específicamente tratándose de la casa del expresidente señor Salvador Allende implica siempre dos actos administrativos que son dictados en tiempos distintos. El primer acto administrativo consiste en un decreto que autoriza la adquisición. Este es el decreto 38 de 2024. El segundo es un decreto posterior que aprueba una escritura pública de compraventa que se suscriba. Este segundo decreto no consta que se hubiera dictado. Luego, el decreto 38 de 2024, concluye la Contraloría, en sí mismo, individualmente considerado, no contraviene ninguna disposición ni legal ni constitucional. Se trata de una mera autorización para una futura adquisición".

La sesión estuvo marcada por la ausencia de algunos asistentes, como el recién renunciado asesor del Presidente Gabriel Boric Leonardo Moreno, la senadora Isabel Allende y la ex ministra de Defensa Maya Fernández.

Esto fue duramente criticado por el diputado Andrés Longton (RN), presidente de la Comisión, quien afirmó que "parece ser una práctica habitual el renunciar para no enfrentar a la comisión. Eso da la apariencia de que hay mucho que ocultar". Y sobre Moreno apuntó que "él trabajaba en Presidencia, era parte del segundo piso y todos sabemos que esta (compraventa) era una obsesión del Presidente de la República".

La Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de O'Higgins allanó la oficina del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, desde donde incautó diversos equipos electrónicos, en el marco de la investigación del caso Audio y la mención del juez en los chats de Luis Hermosilla que fueron revelados por Ciper.

A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público informó del procedimiento que se llevó a cabo en dependencias del tribunal de alzada capitalino y en domicilios particulares.

En el texto se expone que "dicha diligencia fue autorizada judicialmente en el marco de esta indagatoria que busca establecer eventuales delitos de corrupción".

Uno de los mensajes que complican al juez tenía por objetivo que el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, pudiera intervenir en la designación de la fiscal Ana María Hernández. Y otro revela que Hermosilla sí ayudó a Ulloa, pues éste le escribió "gracias estimado Luis por todo el apoyo que me has brindado para lograr este nombramiento. Lo tomo con responsabilidad y humildad, comprometiéndome a trabajar con esmero y dedicación. Por favor agradece al señor Presidente mi designación que tiene un profundo significado para mí y familia".

Según consigna el medio mencionado, fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad O'Higgins, Javier Von Bischoffhausen, fue quien llegó acompañado de detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) a efectuar las diligencias.

En enero la Corte Suprema ordenó al tribunal de segunda instancia abrir un sumario administrativo en contra del juez Ulloa, quien según expuso entonces la vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, "está relacionado con su vinculación o chat anteriores también que ha tenido con el señor Hermosilla. Entonces, ese sumario lo va a tener que disponer la Corte de Apelaciones por instrucción de esta Corte Suprema".