Ordenanza sobre drogas y alcohol
La norma aprobada por el Concejo Municipal de Puerto Montt será eficaz en la medida que haya fiscalización constante.
En una hasta ahora vistosa decisión (podrá ser medida su eficacia una vez entre en vigencia), el Concejo Municipal de Puerto Montt aprobó una ordenanza que prohíbe el consumo de drogas y alcohol en los espacios públicos de la comuna, entendidos ellos como calles, caminos, parques y playas, ya sea a peatones como también a quienes sean sorprendidos dentro de un vehículo (siempre y cuando se encuentren en áreas públicas). La casa edilicia ha dado un paso que desde lo valórico puede interpretarse como un esfuerzo (uno de muchos más que se requieren, claro está) en recuperar el sentido cívico extraviado en las calles, que en unos pocos años, al menos en ciertos sectores del centro, pasaron de agradables sitios para pasear, a malolientes rincones que es mejor evitar.
No es ningún misterio que en el último quinquenio, algo se perdió en la zona céntrica de la capital regional. Lo que otrora fuera un punto de orgullo para los puertomontinos, se convirtió en una zona abandonada (la eterna remodelación de la calle Antonio Varas contribuyó bastante a esta sensación); y caminar por la plaza de Armas, emblema del civismo en cualquier ciudad del país, o por la calle Illapel, en la entrada del Mall Paseo Costanera, significó constatar el consumo de marihuana a cualquier hora del día y, lo que es más triste, en presencia de niños cuyo criterio aún está en formación. Habrá que decir que al proceso de normalización del consumo de sustancias contribuyó de manera relevante el discurso de varias figuras públicas, que en su momento no perdieron ocasión de instalar una nueva brújula moral.
Con todo, en cuanto la ordenanza entre en vigencia empezará la hora de la verdad. Su tasa de éxito dependerá de la energía del municipio y de las sanciones que aplique el juzgado de policía local, pues no se puede olvidar que hay numerosas otras ordenanzas, tanto en Puerto Montt como en otras ciudades, donde por falta de control o escasa convicción se han convertido en letra muerta. Si la casa edilicia se ha embarcado en esta empresa, será de su responsabilidad que no sea un anuncio más, sino que haya una fiscalización efectiva (y responsable, por cierto) y que, además, vaya acompañada de otras iniciativas necesarias para la recuperación del espacio público que vayan más allá de lo meramente punitivo.