Inclusión laboral y social en Chile
El país debe seguir consolidando los avances en los derechos de las personas con alguna discapacidad. El cambio cultural es relevante.
Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. La mitad presenta una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello se ha promovido la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es, por lo tanto, deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas.
El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. La normativa modificó la legislación de 1994 y estableció que empresas públicas y privadas con más de 100 trabajadores, deben reservar el 1% para empleados en condición de discapacidad, o bien optando por alternativas como realizar donaciones o subcontratando personal. Asimismo, eliminó la disposición que establecía que se les pagaría un sueldo menor al mínimo.
En lo fundamental, lo que pretendió esa legislación es facilitar la inclusión y la rehabilitación, agilizando los procesos de calificación y certificación de la discapacidad y ampliando el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y un conjunto de otros elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Es necesario reconocer que ha habido avances, pero aún falta mucho. Es posible ver cómo los municipios se han preocupado de disponer los rebajes de soleras en las esquinas, para el paso de las sillas de ruedas. Asimismo, los edificios de servicios públicos, edificios habitacionales y centros comerciales han construido accesos desnivelados, aunque son muchas las construcciones particulares que aún no los tienen.
Es cierto que la legislación sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, pero aún falta mucho por avanzar, en especial respecto de la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas. Además, una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese segmento de la población, respetar sus derechos y darle las oportunidades necesarias.