Fue el escape de 60 mil salmones desde un centro de cultivo de Caleta Bay, en el lago Llanquihue durante febrero, el hecho que encendió la mecha de una serie de debates, dudas y circunstancias que deben ser aclaradas con celeridad por parte de las autoridades competentes. Esta semana que termina recién, El Llanquihue dio cuenta no sólo del debate entre parlamentarios y expertos en materia medio ambiental, respecto a los efectos de la actividad salmonera en las aguas lacustres, donde si bien las conclusiones no son tajantes, existe certeza de que la presencia de seres vivos introducidos a un medio ajeno, sumado a la actividad acuícola, agrega elementos que de mayor o menor medida altera el lago. Eso es un hecho.

Ahora, respecto a lo que provocó el escape de unos 60 mil peces, desde el Ministerio Público se reveló como un dato de la investigación penal la existencia de pruebas que darían cuenta de un grupo de personas que llegó en dos embarcaciones para romper redes peceras de Caleta Bay, lo que daría sustento al reporte dado desde un primer momento por la empresa acuícola, en torno a que ocurrió un acto de sabotaje. Esta palabra, tan frecuentemente repetida por organizaciones que usan la violencia con fines políticos en la macrozona sur, fue una advertencia hecha por la propia Coordinadora Arauco Malleco, en 2022, cuando su líder, Héctor Llaitul, fue detenido y encausado por delitos asociados a la violencia en zonas rurales. ¿Existe un nexo entre la amenaza de la CAM y lo que pasó en el lago Llanquihue? Por ahora no se sabe. Ni el ente liderado por Llaitul ni nadie ha dicho tal cosa, por lo que estas aristas deben ser aclaradas por el Ministerio Público y las policías a cargo de la indagatoria.

A todo este escenario se sumó una querella presentada por una agrupación mapuche huilliche, que apunta a la propia empresa Caleta Bay, acusándola de daño ambiental por el escape de salmones. Con celeridad urge saber la verdad y tomar las acciones que corresponda contra los responsables.

Escándalo nacional. Al Mago Valdivia le hicieron un control policial y no le gustó para nada. Bueno, ¿a quién le gustaría? Entonces tomó el celular y llamó a la diputada Maite Orsini. Ella, a su turno, telefoneó a la general de Carabineros, Karina Soza, quien eficiente y rápidamente se comunicó con el mando de la unidad policial para que se indague la actuación de los funcionarios. Hoy están sumariados. Nada de esto se sabía. Todo caminaba en silenciosa perfección hasta que -como raramente sucede- apareció alguien con suficientes "estímulos" para develarlo todo y tirar el mantel, que en esta trama es la cónyuge del ex futbolista.

Uno de los aspectos más curiosos de toda esta situación es que ninguno de sus protagonistas -salvo la denunciante- reflexionó ni dimensionó las consecuencias que podría traer consigo esta verdadera "cadena de telefonazos" para hacerle justicia al ex deportista. Lo que es peor aún, ninguno ha reconocido o asumido algún error por mínimo que sea o, al menos, alguna falta de prudencia o actuación poco prolija. También resulta particularmente interesante la reacción de varios que, con cara de sorpresa y atisbos de histeria en pos de la probidad, comenzaron a vociferar a los cuatro vientos como si se tratara de un caso excepcionalísimo y completamente extraño a nuestra idiosincrasia, autodefiniéndose de paso como vírgenes de esa clase de conductas "espúreas", como si jamás hubieran llamado -o recibido un llamado- para ayudar a un amigo o conocido, o nunca hubieran sabido de algo así o que esta clase de cosas ocurren en Chile.

Lo que vemos aquí no es más que el vívido reflejo de cómo funciona y ha funcionado siempre nuestro país: por un lado, la utilización de la posición y las redes por o para fines cuestionables; y, por el otro, la hipocresía de muchos que lanzan piedras en circunstancias que más de alguna vez han hecho lo mismo -pero pasando piola-, o han sabido que alguien lo hizo y encogieron los hombros en silencio.

¿Estos hechos en específico son delito? No. ¿Son correctos? Tampoco. El reproche es ético y quizá este caso sirva para comenzar a poner fin a la tan arraigada costumbre criolla de usar pitutos y contactos para todo, para conseguir un favor, una pega o cualquier otra cosa.

Un primer paso importante sería perfeccionar en serio la Ley de Lobby y el tipo penal de tráfico de influencias. Pero, ¿hay alguien dispuesto a hacerlo?

Marcos Emilfork, ex fiscal regional de Los Lagos.

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Efectuarán rifa para beneficio de calbucanos

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Luego de tres partidos disputados, en los cuales sólo sumó un punto, el director técnico Nelson Mores, fue despedido de Deportes Puerto Montt, conjunto que cayó ante Iberia y la filial de Audax Italiano y sólo igualó ante Trasandino, en el torneo de la Segunda División. La información fue ratificada por la directiva Albiverde.