Grupos de vigilancia vecinal
Al menos en tres sectores de Puerto Montt ya hay organizaciones de pobladores que buscan evitar los robos y asaltos. La articulación vecinal es una mala señal para el Estado, que es quien debería proveer de un bien tan básico como la seguridad.
Confirmando lo que parece ser ya una tendencia en el país, vecinos de distintos sectores de Puerto Montt han articulado sus esfuerzos para formar grupos de vigilancia barrial, a fin de enfrentar organizadamente, y con sus propios medios, el avance desatado de la delincuencia, que prácticamente en todas las encuestas está apareciendo como la primera prioridad de la ciudadanía. Mientras hace algunas semanas se supo de las rondas de vigilancia que están realizando pobladores de Alerce Histórico, incluso con rápidos resultados de disminución de los robos que estaban afectando a los hogares, hace pocos días se supo de iniciativas similares, tanto en Puerta Sur como en la población La Colina.
En estos dos últimos sectores también ha habido frutos: en Puerta Sur, el grupo de vigilancia logró desbaratar el ingreso de ladrones a un colegio, al tiempo que en La Colina, los pobladores impidieron que llegaran nuevos ocupantes a una toma de la ladera, fenómeno que como se sabe, reviste serios peligros de remoción en masa (vale la pena recordar lo que pasó justamente este año en el camino a Pelluco, donde de milagro un deslizamiento del cerro no terminó con víctimas fatales). Estos incidentes, más el citado anteriormente de Alerce Histórico, dan cuenta de la inquietud instalada en la ciudadanía por el incremento de asaltos y de robos, además de la sensación que hay en las familias por la falta de respuesta enérgica y oportuna del Estado, que debería expresarse en las políticas públicas que debe impulsar el Gobierno, la tarea en las calles de parte de las policías, la persecución penal que le compete a la Fiscalía, y las sanciones que finalmente determina el Poder Judicial.
Lo de Alerce Histórico, Puerta Sur y La Colina debe llamar la atención y preocupación de las autoridades. En una sociedad democrática, se supone que la población le entrega al Estado la tarea de velar por el orden público, a él y nadie más. La autotutela que se está imponiendo es una pésima señal para el Gobierno, frente a la cual sus representantes deben responder con diligencia y claridad para garantizar a la población que sí cuentan con la determinación y herramientas para combatir el crimen. De lo contrario, todo puede terminar muy mal.