Tanto en el centro de las ciudades como en los sectores residenciales, es habitual una postal: perros abandonados buscando alimentos o simplemente la atención de los peatones. Esta escena plantea una paradoja: si la mayoría de la ciudadanía tiene un gran apego a las mascotas, ¿por qué, entonces, hay tantos casos de abandono?

Hay muchas familias que se preocupan porque sus perros o gatos se encuentren en buen estado, lo que implica invertir en alimentos, vacunas, vestuario, entretención, atención veterinaria, etc. Como resultado de ello, ha nacido todo un comercio de productos para los animales y clínicas veterinarias.

Pero por otro lado, está el punto negro, de los centenares de perros que están abandonados en las calles de las ciudades a lo largo del territorio nacional. A ellos se añaden los casos de violencia contra estos seres indefensos que día a día suman más. Especialmente contra perros y gatos, pero también en ocasiones se han conocido casos de maltrato contra otros animales, especialmente en el sur. Son situaciones que deben llamar a la reflexión y que requieren medidas para contrarrestarlas.

Hay municipios que se preocupan de mantener caniles, con el fin de reducir la cifra de perros vagos. No obstante, aún hay mucho por hacer.

Las organizaciones de protección animal han planteado su preocupación por este abandono y han sugerido que las familias adopten mascotas y no las compren. Con todo, este tipo de desafíos requiere múltiples respuestas; y no puede dejarse de lado el mensaje de tenencia responsable de mascotas.

Así, hay que combatir el maltrato, a través de la denuncia ante los organismos policiales, para que quienes atenten contra los animales sean buscados y sancionados.

Pero no es suficiente, porque al igual que en otros problemas sociales se requiere, junto con la coerción, un cambio de mentalidad, principalmente en las nuevas generaciones.

Una tarea que debe empezar para evitar que el abandono y el maltrato animal sea un problema aún más grave.

La democracia y el Estado de Derecho, como forma de organización del poder de las sociedades modernas garantes del respeto de los derechos de las personas, exigen actos de transparencia de las instituciones base de la república, a fin que éstas sean escrutadas públicamente por la ciudadanía a través de instrumentos que les permitan medir, comparar y fiscalizar su quehacer. La Ley 19.640, que creó el Ministerio Público, introdujo en el artículo 36 la obligación de los fiscales regionales de rendir cuenta en audiencia pública, durante el mes de enero de cada año, de las actividades desarrolladas durante la gestión del año anterior, incluyendo estadísticas básicas que reflejen dichos resultados, el uso de recursos públicos y las dificultades que se hubieren presentado.

Dicho acto, que innovó en transparencia, ha sido fuente de buenas prácticas que han permeado otras instituciones del país. El pasado 22 de enero, como Fiscalía Regional de Los Lagos, dimos cumplimiento a la ley orgánica informando, en un acto público, esos antecedentes, en el cual, no obstante la existencia de un contexto social inédito en la historia del país y por ende de la Fiscalía, se logró mantener e incluso acrecentar el buen desempeño en los ámbitos de nuestra competencia. Así, se informó que en 2019 se recibieron 64.906 denuncias de delitos, lo que representó un 11,6% de aumento en relación con el año anterior. Pese a esto, se mantuvo una alta judicialización de causas, índice que se ubicó sobre el promedio nacional.

Uno de los hitos destacados en el balance es que se alcanzó una cifra histórica de juicios orales, llegando a 403, el más alto valor desde el inicio de la Reforma Procesal Penal en la región. Estos logros institucionales nos validan y comprometen en la persecución penal de cara a la ciudadanía, abordando la coyuntura en aquellas áreas que la sociedad nos demanda una respuesta integral, como es el caso de los delitos vinculados a la violencia o discriminación de género, que trataremos con una mirada de interseccionalidad, sin perder de vista la objetividad, que como institución nos obliga a ajustar nuestro desempeño a la Constitución y las leyes.

Estos resultados estarán prontamente disponibles en la página web institucional www.fiscaliadechile.cl para ser revisados por la ciudadanía. En enero de 2021 nuevamente repetiremos esta práctica democrática para que la comunidad pueda evaluar el progreso de nuestra gestión hacia la construcción de una sociedad fundada en justicia y mayor dignidad.

Carmen Gloria Wittwer, fiscal regional de Los Lagos