Comenzaron las campañas del terror. A casi dos meses de la firma del acuerdo por una nueva Constitución nacida en democracia, cuando la derecha estuvo disponible para efectuar cambios a la actual Carta Fundamental, hoy son varios los que empezaron a mostrar su verdadero rostro. Si en su momento fue un sector del oficialismo más conservador el que se negó a incorporar la paridad de género, escaños para pueblos originarios e independientes en la Convención Constitucional, hoy es un número mayor el que busca poner en duda el plebiscito con el argumento inaceptable de que existe un clima de violencia, a propósito de lo ocurrido con la PSU, como si aquello fuera la antesala de lo que se viene, y omitiendo la responsabilidad del Gobierno en garantizar la seguridad del proceso.
Ya lo dijo hace unos días el ministro Ward, que "estos temas van marcando precedentes". Incluso, el senador Allamand se atrevió a comentar que el cambio constitucional debe realizarse a través de una vía democrática e institucional. ¿Acaso existe algo más democrático que un plebiscito en el que la propia ciudadanía decida? Finalmente, se impuso la tesis de los sectores más duros de la derecha.
La "disponibilidad" que manifestaron no fue más que un cálculo político y no una profunda convicción democrática. Aquello se reflejó también en el proyecto que consagra el agua como bien nacional de uso público, para el que 12 senadores del oficialismo votaron en contra.
Una cosa, legítima por cierto, es llamar a votar por el rechazo, pero otra muy distinta es poner en duda el proceso constituyente por una supuesta falta de condiciones para la paz social. Por eso, debemos enfrentar con fuerza y convicción esta embestida de la derecha contra el plebiscito y trabajar unidos para que la opción "apruebo" una nueva Constitución con Convención Constitucional sea ampliamente mayoritaria.
Como Partido Socialista, a través del Instituto Igualdad, ya nos estamos desplegando por el país para facilitar diálogos y debates que permitan formar monitores. El pasado sábado fue el turno de la Región de Los Lagos. En el campus Chinquihue de la Universidad de Los Lagos, se realizó la primera Escuela Constituyente.
El acceso a la educación superior
La PSU, como instrumento de admisión a las universidades, ha estado altamente cuestionada desde hace varios años. Lo anterior, en virtud de ser una prueba estandarizada que evidencia segregación a partir de asumir como algo natural los distintos niveles educacionales y de oportunidades que tienen los estudiantes en Chile.
Esto es así, ya que los colegios a los que asisten los jóvenes más pobres entregan -respecto a la mayoría de los colegios privados- una menor cobertura curricular de aquellos contenidos que están presentes en las pruebas, configurándose a la PSU como un instrumento que perpetúa la desigualdad y la exclusión.
Al respecto, y atendiendo a los actuales problemas suscitados en la toma de la PSU, considero oportuno señalar que el problema no se limita a la existencia de una prueba estandarizada -la que siempre evidenciará algún tipo de sesgo-, sino en la actual ponderación que ésta tiene, especialmente cuando se conoce la diferencia en calidad que tiene la educación pública respecto a la privada. En ese sentido, y en aras que el acceso a la universidad se haga en un sistema que garantice la igualdad de oportunidades, se hace necesario no sólo mejorar el instrumento, sino también intervenir la calidad de la educación pública y -de forma paralela- ofrecer una serie de mecanismos de ingreso que se hagan cargo de la desigualdad mientras ésta no se corrija.
Ante esto, considero que correcto potenciar -como uno de los distintos criterios de admisión- la valoración que el sistema hace del rendimiento académico del estudiante durante su educación secundaria, lo que además se ha evidenciado como un buen predictor de su rendimiento académico en la etapa universitaria. El Programa Ranking 850 y el Sistema PACE van en esa línea.
Al respecto, y como una forma de optimizar la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a la universidad, considero interesante analizar la posibilidad de establecer un sistema de acceso construido a partir de un ranking de carácter disciplinar, considerando para ello el rendimiento académico del estudiante secundario por áreas diferenciadas, lo que permitiría que el estudiante ingrese a carreras que son pertinentes a sus mayores fortalezas.
Pedro Díaz Polanco. Director de la Escuela de Administración Pública.
Fidel Espinoza Sandoval. Diputado (PS) de la República. Región de Los Lagos.