Marcelo Galindo

Diversos exámenes realizados en un lapso de 8 meses descartaron la existencia de violación que, supuestamente, afectó a un auxiliar del Hospital de Puerto Montt, hecho que habría sido cometido por un profesional de la salud. La conclusión es que la presunta víctima padecía de una hemorroides.

De esta forma, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó el sobreseimiento definitivo por no ser los hechos constitutivos de delito, respecto de una denuncia y querella por delito de violación supuestamente ocurrido el 20 de Julio del 2024 al interior del Hospital de Puerto Montt, en la que se señalaba que un joven auxiliar había sido violado por un técnico anestesista.

Nain Lamas, abogado defensor del imputado que fue sobreseído, sostuvo que después de 8 meses de exhaustiva investigación realizada por la Fiscalía local de Puerto Montt, la declaración de decenas de testigos, múltiples peritajes, exámenes médicos, informes toxicológicos, examen de ADN, pericias psicológicas y sociales, tanto la Fiscalía como el Juzgado de Garantía determinaron la no ocurrencia de los hechos contenidos en la querella. "En efecto, tanto médicos del hospital, proctólogo de Clínica Los Andes y la doctora del Servicio Médico Legal determinaron que no había ningún indicio de que la víctima hubiera sido violada. No tenía eritemas, fisuras u otras lesiones. Por el contrario, la conclusión científica es que los dolores y molestias correspondían a un cuadro de hemorroides trombozada".

Sospecha

Lamas aclaró que la víctima durante la investigación "jamás señaló haber sido violado, esto lo refirieron sólo terceras personas".

El penalista sindicó a una médico del Cesfam de Cochamó, "quien sin examinar al afectado, vía Whatsapp diagnosticó que había sido abusado, diagnosticando sospecha de violación y envenenamiento por drogas, poniendo en marcha una investigación criminal por violación".

El ex fiscal reveló que un proctólogo de la Clínica Los Andes, de confianza de la víctima, el 24 de julio de 2024, "esto es 4 días después de los hechos, señaló la ausencia de lesiones y que se trataba de un caso de hemorroides. Pero igual se presentó una querella con un relato de hechos que quedó demostrado que son inexistentes y que la víctima jamás ratificó ante nadie".

Expuso que en las más de 1.900 páginas de investigación, "también se descartaron las teorías conspirativas o de encubrimiento que algunos levantaban para tratar de justificar la existencia de los hechos".

El abogado acusó que la única droga que se encontró en la sangre de la víctima, era marihuana.

"A la supuesta víctima y su familia se les hizo creer una historia de sedación y violación que jamás ocurrió".

Lamas sostuvo que el imputado es una persona de más de 60 años, casado, sin antecedentes y siempre calificado en lista de excelencia, que "nunca, en 30 años, había tenido un sumario administrativo y que producto de esta falsa denuncia lleva sumariado más de ocho meses, alejado de su trabajo, con tratamiento siquiátrico y sujeto al escrutinio público. Además, ha sido objeto de funas y acusaciones, incluso a través de medios de prensa nacionales por sujetos irresponsables que le han causado un daño irreparable", argumentó el abogado.

20 de julio del año pasado se registró el supuesto delito en el Hospital de Puerto Montt, causa que al final fue sobreseída.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Puerto Montt condenó a C.A.B.C. a la pena de 8 años de presidio efectivo, en calidad de autor de un delito consumado de violación de menor de 14 años de edad. Ilícito perpetrado en 2022, en la comuna de Fresia.

En fallo unánime, el tribunal -integrado por los jueces Cristián Rojas (presidente de sala), Patricia Miranda (redactora) y Rosario Cárdenas - dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en día y hora no determinado, entre marzo y junio de 2022, al interior de un domicilio ubicado en la comuna de Fresia, a lo menos en una ocasión, C.A.B.C. efectuó actos de índole y relevancia sexual y violó a la víctima menor de edad, nacida en 2011.

El tribunal aplicó además, al condenado las penas accesorias de la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más la interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa; sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

Como medida de protección, el tribunal dispuso la prohibición del condenado de visitar el domicilio de la víctima y su familia, el lugar de trabajo o el establecimiento educacional por el término de los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, y de aproximarse a la ofendida y abandonar, en su caso, el hogar común. El TOP dispuso se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado.