Por más de un siglo, la educación en Chile ha sido un tema prioritario en el discurso político y social, pero muchas veces sólo queda en las palabras. Una realidad que cobra más valor cuando se trata de educación rural, modelo del que actualmente dependen alrededor de 280 mil estudiantes, en los 3.247 establecimientos del campo distribuidos en el país.

Se trata de alumnos que acceden de forma distinta a la educación pública, en comparación con quienes aprenden en los establecimientos emplazados en las ciudades. Estudiar en el campo significa enfrentarse a dificultades para llegar a las escuelas y liceos, desconocimiento y falta de acceso al uso de tecnologías, escaso material didáctico y pedagógico disponibles, carencia en muchos casos de servicios básicos como alcantarillado y redes de agua potable, entre otras diferencias.

Esta realidad está lejos de disminuir hoy en día, al contrario, es un camino cada vez más difícil que enfrenta la educación rural en la región para mantenerse vigente, dado por la falta de apoyo desde el Estado, el envejecimiento de la población que provoca que la matrícula sea cada vez más baja, la migración campo-ciudad, infraestructuras en muchos casos antiguas o con falta de implementación, entre otros factores que ponen en riesgo el acceso de los niños y jóvenes a un servicio esencial para sus vidas.

La implementación de las escuelas rurales primarias en Chile partió durante el siglo XX, específicamente desde la promulgación de la Ley de Educación Primaria Obligatoria en 1920, hasta la reforma educacional del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970). Esta política pública generó un cambio en la realidad que enfrentaba el país en 1900, cuando de los 800 mil niños que estaban en edad escolar, más de 62% (496 mil menores) no asistía a la escuela ni recibía educación de ningún tipo. El problema era aún peor en la zona rural, donde la mayoría de la población adulta de los campos era analfabeta.

Los misioneros franciscanos de la zona sur, en especial de Chiloé y Osorno, combatieron en parte este problema, al menos en las jurisdicciones de cada misión. Desde las primeras décadas del siglo XIX abrieron escuelas básicas para niños indígenas y campesinos, varias de las cuales siguen vigentes hasta hoy, como en la Misión de Quilacahuín, en la provincia de Osorno. Atendieron una necesidad que estaba descuidada por el Estado de Chile.

La realidad es diferente hoy en día, ya que la presencia de escuelas y liceos en zonas rurales permite que los menores reciban la enseñanza que es obligatoria en el país y tengan la opción de continuar incluso en la educación superior.

Para alcaldes y dirigentes de zonas rurales, la educación rural debe ser la prioridad uno del Estado en esta materia, y velar para que permanezca en el tiempo aunque sea por un alumno, para lo cual -aseguran- es necesario se implementen cambios de forma en cómo se financian los establecimientos educacionales, con el objetivo de evitar que -por ejemplo- se sigan cerrando o fusionando escuelas para abaratar costos.

Educación rural

La educación rural es clave en la provincia de Chiloé, ya que es la única forma de brindar instrucción a niños y jóvenes que viven en medio del campo, en lugares apartados de las ciudades.

René Garcés, alcalde de la comuna de Quinchao, explicó que en su comuna hay 14 escuelas, todas emplazadas en zonas rurales, además de un liceo que recibe a cada uno de los alumnos que egresan de las escuelas públicas rurales.

"Tenemos escuelas con matrícula de seis y ocho estudiantes básicos, pero que dependen en su totalidad de esos establecimientos y su infraes-

"Tenemos un enorme problema que resolver en el Daem de Puerto Montt, pero vamos a salir adelante, porque nuestros niños merecen una educación de calidad y nuestro personal tener lo necesario para trabajar tranquilos".

Rodrigo Wainraihgt,, alcalde de Puerto Montt.