En 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.100, que prohibió la entrega de bolsas de plástico en el comercio y que transformó a Chile en el primer país latinoamericano que dio este gran paso, para contribuir a la protección de la naturaleza. En su primer año logró que el uso de estas bolsas disminuyera casi en un 65%.

Se estima que en los primeros 30 meses de vigencia se evitó la distribución de más de 6.700 millones de bolsas. La ley consideró un período de transición de seis meses desde su publicación, para que las tiendas y supermercados dejaran de entregarlas. En el caso de las pequeñas empresas, se les dio plazo hasta el 3 de agosto de 2020 para adaptarse a la normativa.

Pero no se puede pensar que el problema de contaminación se resolvería sólo por esta vía, ya que los plásticos siguen circulando como envases primarios de muchísimos productos. Sin embargo, ésta fue la contribución que se podía hacer por la vía de los consumidores finales. La ley cumple seis años y es evidente que han cambiado los hábitos de compra de los consumidores, que han aceptado la medida y han tenido que adaptarse a la reducción de las bolsas y a su reemplazo por otras reutilizables. No obstante, en este período se echó de menos alguna disposición que hubiese obligado a todo el comercio a asumir la responsabilidad de entregar sus productos en bolsas de papel, de género u otro material inocuo, pues por el contrario, la venta de bolsas reutilizables se transformó en un nuevo negocio, especialmente para los supermercados.

Dejar atrás el uso de materiales que, al ser desechados, se convierten en desperdicios de difícil eliminación, con el consiguiente daño a la naturaleza, es un desafío para todo el mundo. Los plásticos representan cerca del 80% del total de los desechos en los océanos, afectando al ecosistema de las criaturas que lo habitan. Estas bolsas fueron muy apreciadas en el comienzo por lo fáciles de transportar, su ductilidad y su aparente limpieza. Sin embargo, también arrastraban su condición de prescindibles, y así como sirvieron para el traslado de productos hacia el hogar, se les utiliza para desprenderse de lo que ya se usó. Por eso, es necesario seguir avanzando en un cambio cultural para que las personas entiendan la necesidad de proteger el ambiente.

La Ley Lafkenche se tomó la agenda económica del sur de Chile. Y es que la consecuencia directa de su aplicación no tiene punto de comparación en la legislación chilena: cuando una comunidad indígena solicita un Espacio Marino Costero de Pueblos Originarios (Ecmpo), toda solicitud de afectación para otros fines en el espacio solicitado, como concesiones de acuicultura o marítimas, queda suspendida.

Si se cumplieran los plazos que la ley establece para el otorgamiento de un Ecmpo, no debería pasar más de un año hasta la publicación de su decreto de destinación marítima. ¿El problema? Las solicitudes de Ecmpo aprobadas hasta la fecha promediaron casi seis años en tramitación, paralizando por años distintos proyectos de inversión.

Desde Pivotes elaboramos el documento "Propuesta de Reforma a la Ley Lafkenche", en el cual sugerimos una serie de cambios a esta legislación para dar soluciones de mediano y largo plazo a sus efectos nocivos, sin desvirtuar su espíritu. Por lo demás, estas propuestas buscan impedir que sus defectos de diseño y aplicación se extiendan a otras latitudes y sectores económicos de Chile. Dentro de dichas reformas, proponemos implementar un examen de suficiencia previo al inicio de la tramitación de un Ecmpo, con el fin de verificar que las solicitudes tengan mérito jurídico para ser analizadas, evitando así el uso de este instrumento para fines distintos al de la protección de usos consuetudinarios, y la suspensión innecesaria de otras solicitudes de uso en el espacio.

Además, sugerimos que el inicio de dicha suspensión comience una vez verificado el uso consuetudinario del Ecmpo por parte de Conadi. Esto es lógico si el espíritu de la legislación es preservar el uso que las comunidades indígenas le dan al borde costero, por lo que detener todo trámite en dicho espacio sin haber realizado la respectiva verificación es una consecuencia excesiva. De igual manera, es pertinente establecer una caducidad de un año para que las solicitudes de afectación sobre la solicitud de Ecmpo puedan estar suspendidas, desde que se verifica el uso consuetudinario. Así se reduciría la incertidumbre respecto de proyectos de inversión que son pausados por períodos excesivamente largos.

Será infértil hacer modificaciones a la verificación del uso consuetudinario si Conadi no tiene las capacidades de procesar cada una de las solicitudes. Dicha verificación debería tomar un mes desde el oficio de Subpesca, pero los Ecmpo que terminaron este proceso promediaron más de dos años en verificación. En consecuencia, proponemos fortalecer las capacidades de Conadi, dotándola del presupuesto y personal necesario para poder cumplir los plazos legales.

Esta ley lleva demasiado tiempo siendo un obstáculo para la inversión en el sur de Chile y ha sido aprovechada por terceros que no tienen interés en proteger el legítimo uso que las comunidades indígenas le dan a la costa.

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Solicitan recursos para construir pérgola

El Comité de Pesca de Puerto Montt solicitó al Ministerio de Economía 15 mil pesos para la construcción de una pérgola en esta ciudad. El objetivo es contar con un lugar para la comercialización de los productos de la pesca, de manera que se transforme en un sitio para que se desarrollen las actividades pesqueras y se fomente el consumo de pescados y mariscos en la población.

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Comunidad apoya a damnificados por temporal

La ciudadanía de Puerto Montt apoyó la campaña de ayuda realizada a nivel nacional para beneficio de las familias damnificadas producto de las inundaciones y daños a la infraestructura generados por los temporales que afectaron a 13 provincias del país. Es así como Bomberos, en todos sus cuarteles, recibió los aportes que entregó la comunidad y se desplegó por las poblaciones.

10 años | 7 de julio de 2014

Buscan mejorar el transporte en Alerce

El seremi de Transportes, Enrique Cárdenas, inició un diálogo con los habitantes de Alerce, de manera de generar mejoras al servicio de transportes que cubre este sector. En este sentido, para la autoridad es necesario avanzar en la regulación de este medio, a través de la aplicación del perímetro de exclusión, cuyos estudios están en la fase final.