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ver dinero y lo que el Gobierno propone es que se aumente el valor de sus mismos planes y se amplíen los plazos para que puedan hacerlo? Las personas entienden que otra vez son la parte perjudicada.

-El perjuicio más grande para las personas hubiese sido que las isapres cayeran, porque hay un efecto cadena. A cualquier persona que está leyendo el diario, quizás tú misma que puedes ser afiliada a isapre, o cualquier afiliado a isapre, te hablo desde mi posición de presidente de la Comisión de Salud del Senado: yo no sé cuál es la deuda de salud que tiene mi isapre conmigo, te aseguro que la ministra de Salud tampoco conoce la deuda que tiene su isapre con ella, y aquí había dos alternativas. Una, que esa deuda se acotara, no pensando en las isapres ni en salvar instituciones. Se trata de salvar al último eslabón, pero el más importante de la cadena que va desde médicos, laboratorios, clínicas, los propios aseguradores, y que son las personas. Que una isapre quiebre no solamente implica la imposibilidad de que se pague esta supuesta deuda, sino que también implicaba la posibilidad de que una persona no pudiese continuar un tratamiento médico que necesita para vivir. En el fondo acá hay una implicancia para las personas: lo que se evita es la caída de un sistema y no solamente el privado, porque si colapsa, ¿dónde van a ir los tres millones de personas (afiliadas a las isapres)? Van a ir al sistema público, que ya está colapsado.

-Las personas que están leyendo el diario también pueden pensar que esto es un "perdonazo", aunque la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dice que no.

-Yo creo que había mejores alternativas. Reitero: tomar ese camino en el Senado hubiese significado algo que no recayera en los hombros de los usuarios. Se lo propusimos al Gobierno, lamentablemente no quisieron, pero si cae el sistema las consecuencias las terminaba pagando la gente. Hay que decirlo: hay una responsabilidad de la Corte Suprema en el fallo, hay una responsabilidad de las aseguradoras que no fueron proclives a los cambios que requería el sistema en los últimos 15 años, hay una responsabilidad del Parlamento de no haber legislado, pero todo ese cúmulo de responsabilidad de los tres poderes del Estado hubiese recaído en los hombros de los usuarios y particularmente en aquellos que necesitan la continuidad de sus tratamientos. Eso hubiese sido una violación flagrante de los derechos fundamentales de los chilenos que hubiesen podido fallecer si es que no hubiéramos sido capaces de sacar esta situación adelante.

-En general se entiende que los fallos de la Corte Suprema son inapelables, injuzgables.

-No, yo creo que acá hay una responsabilidad importante de la Corte Suprema, porque si bien respeto sus fallos, creo que teníamos una posibilidad como Poder Legislativo de darle un orden distinto. La Corte Suprema se tiene que regir por la legislación vigente para aplicar sus fallos y nosotros teníamos la posibilidad de hacer una legislación que le permitiera al sistema seguir funcionando sin que el costo recayera en los usuarios. Fue la Corte Suprema la que, particularmente por un activismo judicial que ha repetido en los últimos años la Tercera Sala Constitucional, armó este problema o profundizó un problema que ya existía por la falta de legislación y la incapacidad del poder Ejecutivo y Legislativo de haber sacado adelante una reforma de isapres. Hay un fallo del Tribunal Constitucional también del año 2010 que establece como inconstitucional la discriminación por edad, sexo y condición de salud. La Corte Suprema, de alguna manera, sin entender las implicancias de un fallo que si bien es cierto puede significar que las isapres puedan pagar recursos, esos recursos, cuando se tienen que pagar y significa la caída de todo el sistema, a mi juicio no se estaba haciendo justicia. Con la apariencia de justicia terminaba finalmente vulnerando los derechos de las personas que se atienden en este sistema. Por eso esto tiene que ser una lección para que nunca más existan fallos con efectos generales.

-Técnicamente, ¿qué pasa si este lunes votan en contra?

-No hay solución y tendremos que buscar la manera de cómo les damos cobertura a los pacientes que se van a quedar sin cobertura. Quiero volver a reiterar que en el Senado se entregó una solución distinta, que fue parte del Informe Técnico. Incluso se consideraban las vías para hacer el cálculo adecuado de la deuda. Al Gobierno se le entregó una solución completa y la desechó por sus tironeos ideológicos, y eso terminó perjudicando a las personas. Esto no está escrito en un libro de ciencia ficción o es parte de la campaña de horror de la oposición. En el programa de gobierno del presidente Boric se establece el fin de las isapres, se establece el monopolio estatal en la provisión de la seguridad social en salud, y nosotros no estábamos dispuestos a avanzar en esa dirección, al menos legislativamente. Algunos usaron en parte este fallo para poder avanzar en esa dirección y la oposición no se los permitió, porque creemos que era una mala solución que vulneraba derechos de los chilenos que se atienden con prestadores privados, aun cuando también hay afiliados a Fonasa que se atienden con médicos y clínicas privadas.

-¿Qué ocurrirá ahora?

-Disminuye de manera importante la posibilidad de colapso sistémico, se logra un equilibrio financiero de mediano plazo, pero no está absolutamente descartado. La propuesta que se había aprobado en el Senado, que no es la que se aprobó el miércoles, llevaba esa incertidumbre a un mínimo. La propuesta que se aprobó el miércoles la disminuye, pero no la elimina absolutamente. Y por eso dentro del proyecto hay una obligación que tiene el Ejecutivo de mandar un proyecto de ley antes de octubre de este año que reformule el sistema de aseguramiento privado en lo que significa la compensación por riesgo, la eliminación de la declaración de salud, la posibilidad de cambiarse libremente, la no discriminación por sexo, edad y condición de salud. Es un cúmulo de cosas que tienen que estar resueltas en ese proyecto de ley de aquí a octubre porque, si bien el sistema hoy tiene sustentabilidad por algunos años y se salva de esta situación de descalabro que hubiese ocurrido, para pensar en el largo plazo hay que aprobar un proyecto de aquí a un año.

"Fue la Corte Suprema la que, particularmente por un activismo judicial que ha repetido en los últimos años la Tercera Sala Constitucional, armó este problema o profundizó un problema que ya existía por la falta de legislación y la incapacidad del poder Ejecutivo y Legislativo de haber sacado adelante una reforma de isapres".

EE.UU. culpa a los carteles de Sinaloa, de Jalisco y a China de la grave crisis narcótica

El país norteamericano vive una explosión inédita de consumo de drogas sintéticas como el fentanilo.
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La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) señaló esta semana a los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, así como a China, como responsables de la crisis narcótica más grave en la historia de Estados Unidos, que se está viviendo por la explosión de drogas sintéticas como el fentanilo.

En su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, destaca el "peligroso cambio" de las drogas de origen vegetal a las drogas sintéticas. Este cambio ha resultado "en la crisis de drogas más peligrosa y mortal que jamás haya enfrentado Estados Unidos", afirma.

"Estas drogas sintéticas, como el fentanilo y la metanfetamina, son responsables de casi todas las intoxicaciones mortales por drogas en nuestra nación. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco están en el centro de esta crisis", apunta en el informe Anne Milgram, titular de la DEA.

Estas dos son "las principales organizaciones criminales de México y las más peligrosas", ya que controlan sitios clandestinos de producción de drogas y rutas de transporte dentro de México, así como corredores de contrabando hacia Estados Unidos y redes en ciudades estadounidenses a lo largo de la frontera suroeste y otros lugares clave.

Estas "organizaciones criminales transnacionales" no son sólo fabricantes y traficantes de drogas, sino que están involucradas en otros delitos como el tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de migrantes, tráfico sexual, soborno y extorsión. Tienen además un "alcance global" con presencia en Europa, África, Asia y Oceanía.

La DEA señala también a China como responsable de esta cadena, ya que las organizaciones criminales dependen de las empresas químicas y de las prensas de pastillas de China para que les suministren los precursores químicos y las prensas necesarias para fabricar las drogas.

Lavado de dinero

Además, los carteles utilizan organizaciones chinas de lavado de dinero para trasladar sus ganancias de EE.UU. a México.

"Las organizaciones de narcotráfico con sede en México y América del Sur están utilizando cada vez más los sistemas bancarios clandestinos con sede en China como su principal mecanismo de lavado de dinero", asegura la DEA.

Según datos recogidos en el informe, el fentanilo es la amenaza de drogas más letal que jamás haya afrontado Estados Unidos, matando a casi 38.000 estadounidenses solo en los primeros seis meses de 2023.

Su consumo, así como el de otras drogas sintéticas como la metanfetamina, es responsable de casi todas las sobredosis e intoxicaciones mortales por drogas en el país.

Además de su enorme potencia (es un opioide sintético 50 veces más fuerte que la morfina), señala la DEA, uno de sus principales peligros es que se consume en forma de pastilla y "está hecho para parecerse a una auténtica pastilla de medicamento recetado".

Otra particularidad es que la producción de fentanilo y de metanfetamina (un estimulante sintético) no está sujeta a los mismos desafíos de producción que las drogas tradicionales de origen vegetal, como la cocaína y la heroína, como el clima y los ciclos de las cosechas o esfuerzos gubernamentales de erradicación.

Y es que pueden fabricarse en cualquier lugar y momento, contando con los productos químicos, el equipo y los conocimientos básicos necesarios, alerta la DEA.

Anne Milgram, titular de la DEA.