El Gore ordena congelar cuenta con $767 millones no ejecutados
LOS LAGOS. A través de una medida precautoria, se retuvieron fondos transferidos en diciembre al Instituto de Promoción Agraria. Además, se inició el cobro de una póliza de seguros por $66 millones.
Una inédita medida adoptó el Gobierno Regional de Los Lagos, al requerir a través de una medida precautoria prejudicial que se congelara una cuenta bancaria con $767 millones de pesos transferidos al Instituto de Promoción Agraria (Inproa), luego que esta entidad privada no hubiese devuelto los montos no ejecutados y tampoco firmara el acta de cierre anticipado del programa que llevó a cabo durante 2023.
La acción del Gore fue aplaudida por el consejero regional Alexis Casanova (RN) y por el senador Fidel Espinoza (PS), quienes coincidieron en que, gracias a esta oportuna medida, se habría evitado repetir lo ocurrido con la Corporación Kimün, la misma que a la fecha no ha devuelto $1.200 millones a las arcas regionales, en un hecho que investiga la Fiscalía en el marco del denominado Caso Convenios.
En el caso del Instituto de Promoción Agraria (Inproa), tras la firma del convenio respectivo que se produjo el 26 de diciembre de 2022, el Gore Los Lagos le transfirió de manera directa la suma de $993.045.000 para la ejecución del programa "Recuperación Producción y Fertilización de Productos Agropecuarios de AFC (Código 40044047-0)". Así consta al consultar el sitio web del Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades.
Sin toma de razón
El programa de Inproa comenzó a ejecutarse durante el año 2023. Sin embargo, tras el estallido del Caso Convenios, el 29 de junio del mismo año el entonces contralor general Jorge Bermúdez decidió paralizar la toma de razón de convenios entre reparticiones públicas y fundaciones con la finalidad de realizar un examen exhaustivo y recabar más antecedentes.
Hasta ese momento, sólo 6 convenios del Gore Los Lagos habían sido visados.
Un mes después, Contraloría informó que de la revisión de 34 convenios firmados por el Gore Los Lagos, y que fueron congelados en su tramitación, se detectó que en 29 de ellos no se cumplían con los estándares requeridos. Uno de esos programas era precisamente el que llevaba a cabo el Instituto de Promoción Agraria.
Luego de insistir en responder a las observaciones en espera de concretar la toma de razón -pues el Gore consideraba que Contraloría había "cambiado el criterio"-, finalmente el 10 de octubre el gobernador regional Patricio Vallespín anunció su decisión de poner término anticipado a 28 programas e iniciar un proceso de liquidación a través del cual se esperaba recuperar alrededor de $11 mil millones de lo traspasado a entidades privadas.
El 21 de diciembre el gobernador actualizó la proyección y dijo que se pretendía recuperar alrededor de $8.500 millones de un total de $14.828 millones transferidos a 21 ejecutores (que eran los que tenían a su cargo los 28 programas).
En dicha oportunidad, Vallespín informó que hasta esa fecha se habían dictado 24 resoluciones de cierre de programas, que consistía en un 86% del total, y que 19 ejecutores privados ya habían firmado el acta correspondiente, mientras que los otros dos estaban en proceso de firma.
Suenan las alarmas
Según comentó el consejero regional Alexis Casanova, las alarmas al interior del Gore se encendieron hace algunas semanas, luego que el administrador regional (S), Luciano Belmar, solicitara al regreso de sus vacaciones un informe con el estado de los programas en proceso de cierre y el avance de sus rendiciones.
De acuerdo a la información que logró obtener el core, en el caso de Inproa, sólo habían entregado una rendición por menos de $200 millones.
El administrador regional (s) solicitó entonces autorización al gobernador regional y a la jefa Jurídica del Gore, Fabiola Yáñez, para revisar la cuenta bancaria a la cual se habían transferido los recursos.
Luego de comprobar físicamente que en dicha cuenta se mantenía un saldo de $767.103.038, se decidió solicitar el congelamiento de dichos fondos a través de una medida precautoria prejudicial que se tramitó de manera expedita a través de la presentación de los antecedentes ante el 1° Juzgado Civil de Puerto Montt.
Según explicó el propio gobernador Patricio Vallespín, "lamentablemente con Inproa la última comunicación que recibimos de ellos fue a inicios de abril y no tuvo relación con responder a la restitución del saldo no ejecutado. A la fecha, la suma rendida por ellos, y aprobada por el Gore, alcanza los $193.395.261, por lo que aún deben restituir la suma de $799.649.739, correspondiente a los montos no ejecutados. Esta situación fue comunicada a Inproa en marzo y desde entonces no tuvimos una resolución de parte de la institución,