En los últimos días comenzó una nueva etapa de la Ley 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, también conocida como Ley REP, y que en este nuevo paso sumará la gestión de envases y embalajes domiciliarios. Se trata de una normativa que entró en vigencia en 2016, con el objetivo de avanzar y apuntar a modelos económicos circulares que permitan prevenir la generación de residuos, propiciar la reutilización y fomentar el reciclaje, junto a la educación ambiental ciudadana.

El mecanismo apunta a que los productores de productos prioritarios son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos derivados de la comercialización en el país.

Los productos prioritarios establecidos a la fecha son neumáticos, envases y embalajes, aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías, cuyos productores o importadores deberán cumplir metas de recolección y valorización de sus residuos a través de la conformación de sistemas de gestión, entre otras obligaciones.

Para lograr este nuevo cambio de hábitos en torno a envases y embalajes, esta etapa de la legislación comenzará de manera gradual la implementación de instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos (IRAR) para envases y embalajes de papel, cartón, metal, vidrio y tetrapack. Estos lugares deberán ser atendidos por recicladores de base registrados y certificados, promoviendo la importancia de la labor de estos en los sistemas municipales.

La primera meta a nivel nacional desarrollada en esta ley correspondió a los neumáticos, está vigente desde el 20 de enero de este año y en tres años más se incorporarán metas regionales para este residuo.

La Ley REP va a generar un cambio en la forma de abordar este tipo de materiales en la cadena de valor, por lo que se espera que el efecto sea positivo desde el punto de vista medioambiental, pues reducirá la cantidad de residuos de todo tipo que van a parar a rellenos sanitarios, o en otros casos, a vertederos clandestinos. Es sin duda un gran avance en el cuidado del entorno que se requiere en el país y que compromete ahora a los productores.

Es muy común que, al hablar sobre corrupción en nuestro país, resuenen voces que digan que ha calado con más profundidad en todas las esferas de la población o que a la larga muchos que poseen cuotas de poder terminan cayendo en ella.

Sin embargo, si vamos a un dato duro como es el "Índice de percepción de la corrupción", Chile se ubica en el puesto número 27, mas no siempre estos datos se condicen con la sensación del momento.

Hace unos días, nuestra Municipalidad de Puerto Montt se vio envuelta en un allanamiento con un gran despliegue policial; tal como se hace en el cine, pero guardando las proporciones, este caso fue real. Sin lugar a dudas que las redes sociales explotaron al ver la magnitud del evento y, obviamente, la cobertura de los medios fue la adecuada. Ahora bien, luego del momento y la percepción, cabe la pregunta: ¿Qué lecciones sacamos de este triste suceso?

En primer lugar, es totalmente conveniente reflexionar sobre la relación de la ética y el quehacer de la gobernanza local, porque por más que el funcionario público tenga un mandato, su labor no se reduce sólo a lo técnico o burocrático, se espera un actuar que evidencie integridad y coherencia en toda su labor y que ponga, sin objeciones, el foco en el bien común de su gente. No es menor considerar que estos hechos no sólo empañan el trabajo técnico de una municipalidad, además quiebran el tejido social y la confianza de sus conciudadanos.

En segundo lugar, es necesario retomar el contenido moral de la vida política, porque está comprobado que una democracia que se aloje solamente en lo procedimental carece de ethos, conllevando un relativismo y subjetivismo que es dable para que cualquier persona o grupo humano justifique su actuar y crea merecer impunidad, apelando a que el fin justifica los medios.

En tercer lugar, vale la pena pensar sobre qué lugar juega la confianza en hechos como este o qué mensaje se le está comunicando a la comunidad desde las autoridades locales. Por una parte, es cierto que estamos en una época de desafección social y el individualismo se ha vuelto extremo, pero por otra, estas situaciones sólo llevan a un mayor quiebre del tejido social y agudizan la desconfianza en la clase política, generando como reacción el voto de rechazo o provocando un desinterés crítico en los asuntos públicos.

Las cuentas que se deben sacar de estos hechos no son exclusividad de los actores políticos, engloban a toda la población, ya sea por cuestiones pragmáticas, como las elecciones, o por recuperar el bien de la comunidad; es decir, el bien común, tarea de cada ciudadano perteneciente a polis de la ciudad-puerto, porque si prima la indiferencia ante situaciones como estas no nos extrañemos que a futuro resurjan los aires hobbesianos de un nuevo estallido social.

80 años | 23 de septiembre de 1943

Municipio prohibió tránsito por Ejército

El municipio de Puerto Montt prohibió el tránsito de vehículos por Ejército, entre Urmeneta y Buin, debido a los trabajos que se ejecutan. De esta forma, se estableció que el recorrido se debe efectuar por calle Egaña, siguiendo por Bilbao, Serrano y Buin, camino a Puerto Varas, mientras que los que ingresen procedentes de esta ciudad deben hacerlo por Buin, siguiendo por Serrano.

50 años | 23 de septiembre de 1973

Entregan estacionamientos para locomoción

La Municipalidad de Puerto Varas hizo entrega de un nuevo estacionamiento para buses y taxibuses. Se trata de un espacio que se proyecta como el paradero oficial para la locomoción colectiva de esta ciudad. La bandeja de estacionamiento se encuentra ubicada en la esquina de las calles San Pedro y San José, junto al edificio fiscal de la Gobernación Departamental.

10 años | 23 de septiembre de 2013

Sólo un 45% de los usuarios ha sacado la ficha

Sólo un 45% de los usuarios ha sacado la ficha social en la región, lo que ha generado algunas complicaciones, según reconocen desde el Gobierno, aunque señalan que quienes no cuenten con esta ficha no quedarán al margen de los beneficios sociales que les corresponda de parte del Estado. Dirigentes vecinales acusan que el proceso es extremadamente engorroso.