La denuncia de irregularidades en traspasos de fondos de la seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva no deja de crecer. Ayer, de hecho, el escándalo salpicó directamente al Presidente Gabriel Boric, quien reconoció, al igual que el presidente de Revolución Democrática (RD) el día anterior, que en el gobierno se supo del caso antes de que estallara públicamente.

Consultado por la confesión del senador Juan Ignacio Latorre, que dijo haberse enterado del caso cerca de diez días antes de boca de los propios involucrados (el renunciado seremi del Minvu Carlos Contreras y el líder de Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, todos RD), Boric dijo que él se enteró por un oficio: "El medio Timeline publica la noticia, si mal no recuerdo, el 16 de junio. El conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento que había una investigación, un oficio que envía la diputada Yovana Ahumada, que es de la semana anterior. En medio de eso, me imagino que -no puedo hablar por el senador Latorre-, pero apenas nosotros supimos, apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente que se tiene que entregar toda la información, averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos".

Además, manifestó que "van a hacer valer las responsabilidades administrativas que correspondan, las responsabilidades penales y las responsabilidades políticas. Por lo tanto, yo acá no pongo las manos al fuego por nadie. Todo el mundo tiene que estar disponible a ser investigado".

"Se refería al estado"

Horas más tarde, el ministro de Justicia, Luis Cordero, salió a aclarar la versión de Boric: "Efectivamente existe un oficio del 7 de junio de solicitud de información y fiscalización de una diputada dirigida al seremi de Vivienda de Antofagasta, por lo tanto, esa moción no fue dirigida ni al ministerio de Vivienda ni a la Presidencia de República".

"El Presidente hizo una reconstrucción de cómo ocurrieron los acontecimientos", añadió cordero y dijo que "el Presidente no se ha equivocado, ha sido bien transparente, el Presidente se refería al Estado de Chile. El Estado de Chile tomó conocimiento del oficio el 7 de junio".

"Fuera DEL GABINETE"

La diputada Ahumada, ex Partido de la Gente, afirmó que "una vez más nos damos cuenta que el Ejecutivo sigue actuando de manera tardía. O sea, dilata la toma de decisiones".

"Si el Ejecutivo se entera que el día 7 de junio ha llegado en este caso un oficio y no toma las acciones y espera efectivamente una semana después para algo tan grave, donde estamos hablando de recursos públicos que lamentablemente están siendo mal utilizados, eso es gravísimos y eso habla de alguna manera de una complicidad de este tipo de situaciones", señaló la legisladora y agregó que espera que el Ejecutivo "dé explicaciones y que sobre todo tome acciones. Eso quiere decir con el ministro (Carlos) Montes y con el ministro (Giorgio) Jackson. Yo creo que esto no da para más (...) ellos debieran quedar fuera del gabinete".

Mideso en atacama

El caso Convenios destapó una serie de posibles traspasos cuestionables que se están investigando en cinco regiones. Uno de ellos fue el que denunció la senadora Yasna Provoste (DC) a Contraloría entre la seremi de Desarrollo Social de Atacama y la fundación Visible, a la cual se asignó 160 millones de pesos sin contar con los requisitos necesarios.

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, contó ayer en una sesión especial del Senado que "a primera hora de hoy (ayer), la comisión (que envió a investigar) nos entregó los primeros hallazgos en la zona. Al menos un concurso no se ajustó de manera estricta a los criterios establecidos en las bases de licitación".

Por lo anterior, Jackson instruyó "un sumario administrativo para que se esclarezcan los criterios de evaluación para todos los concursos del plan Protege Calle 2022-2023, con el propósito de establecer las responsabilidades correspondientes".

De todas formas, el ministro no aclaró si se trata del mismo caso que denunció Provoste.

La Contraloría General de la República anunció que comenzará una auditoría nacional "a todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones, entre los años 2021 a la fecha".

Esta medida se enmarca en el caso Convenios y "en virtud de las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos" junto con análisis de datos de la institución.

"Las auditorías contemplarán áreas como, asignaciones directas, rendición de gastos, ejecución presupuestaria, otorgantes y receptores", agregó Contraloría. Así, fiscalizará tanto servicios como Gobiernos regionales y seremis de Vivienda.