En economía se sabe que predecir el futuro representa un camino altamente complejo y plagado de vericuetos. Los modelos que se utilizan en estos casos se basan fundamentalmente en las "expectativas racionales" de los agentes económicos -consumidores, trabajadores, empresarios -, donde se asume que en promedio la visión que tienen estos agentes es la correcta, cuando se la proyecta en el tiempo.
Indudablemente, la estimación de las expectativas económicas puede variar mucho, dependiendo de los supuestos que se apliquen en los modelos económicos utilizados para trabajar con estas expectativas. Pero una cosa es la teoría, y otra muy diferente la realidad. Es un hecho de la causa, un tema muy estudiado en economía, que cuando los agentes se forman una opinión negativa sobre el devenir de la macroeconomía en base a todas las variables disponibles en su entorno económico, esas expectativas son muy difíciles de revertir en el corto y mediano plazo, ya que están íntimamente ligadas a factores de confianza, a temas que tienen que ver, incluso, con la psicología de masas. Las declaraciones públicas, o de buenas intenciones (como las del ministro Mario Marcel), no producen cambios importantes en la curva de las expectativas, pues éstas cambian de manera sustancial sólo ante hechos económicos tangibles, concretos, generados durante un período representativo de tiempo, bastante largo. Es obvio que la economía chilena viene sufriendo una fuerte desaceleración, la cual se ha intensificado durante la actual administración. Si bien el Imacec de enero 2023 creció un 0,4%, la economía en general cayó un 0,3% en los últimos doce meses. La economía de los países latinoamericanos productores de materias primas también se ralentizó, pero la caída chilena es la más acentuada entre las naciones relevantes del continente. Y esto tiene mucho que ver con las negativas señales provenientes desde el gobierno, donde la reforma tributaria está sembrando dudas sobre su real impacto en las personas y empresas de todos los tamaños. No es un dato menor transferir 4,1% del PIB desde el sector privado al sector público para crear nuevas estructuras, como un sistema de pensión o de salud mayoritariamente estatal que no aborda el problema de fondo - la mala calidad, sobre todo de la salud pública -, sino que se queda sólo en los aspectos económicos de acceso a la misma, el cual sigue siendo muy deficiente. Esta inmensa transferencia de recursos, cuyo manejo por el sector estatal inevitablemente se transformará en otra gran burocracia, sólo agrega más volatilidad a unas expectativas ya deterioradas.
Las declaraciones de altos personeros oficialistas tampoco ayudan a despejar las dudas de los agentes, de los consumidores. Basta que exista una polémica con algún sector de la economía, o con alguna empresa, para que surjan voces de varios ministros criticando de manera generalizada, y desde posturas de izquierda extremadamente ideologizadas, a los empresarios como un todo. Pero luego se intenta suavizar esta situación hablando de profundizar la cooperación público-privada a través de una agenda de productividad y crecimiento, tratando así de reparar el daño causado por quienes siembran dudas sobre las ventajas del sector privado, que representa cerca del 85% de la economía chilena. Es importante tener presente que en el complejo mundo de la economía, las confianzas se ganan con hechos concretos. La inversión, fundamental para generar empleo, y el consumo, no regresan sólo porque alguien pide que así suceda.
