Redacción

A tres años desde que llegó la pandemia de coronavirus a Chile, la ex subsecretaria de Salud Pública del Gobierno de Sebastián Piñera, Paula Daza, realizó un análisis sobre el proceso de vacunación y la preocupación que existe por el lento proceso de vacunación.

"Vemos que en los niños de 3 a 5 años la cuarta dosis no supera el 3%, eso son cifras muy alarmantes", mencionó en radio Cooperativa.

La doctora agregó que "si vamos viendo la población de riesgo, vemos que la cobertura no supera el 25%. Los adultos mayores de más de 80 años no superan el 43%; tenemos más de la mitad de los adultos de más de 80 años sin esa vacuna bivalente".

Con estos números sobre la mesa, hizo un crudo análisis sobre cuánto demorara en ponerse al día el proceso si es que aumentan al doble la cantidad de inoculaciones diarias: "Tardará al menos 200 días, si duplicamos el ritmo de vacunación hoy día, para poder alcanzar la cobertura de vacunación en los mayores de 80 años".

Así, hizo énfasis en que debe haber un cambio en la estrategia durante marzo y poner foco en los grupos prioritario, ya que dijo estar "lejos de conocer una campaña de vacunación que sea enérgica y agresiva".

"Lo que hemos visto es preocupante porque sabemos que las vacunas después de alrededor de seis meses empiezan a perder su efectividad y las personas su inmunidad. Todos los días seguimos teniendo un número de casos importantes, de fallecidos, y eso no lo podemos normalizar", complementó Daza.

Además, recordó que "la labor de la Subsecretaría de Salud Pública es comunicar y educar, y aquí no ha habido una comunicación y educación de riesgo adecuada".

Reforma de salud

La ex subsecretaria también abordó la crisis de las isapres y aseguró que "la ministra está absolutamente clara que no puede poner en riesgo la insolvencia del sector privado, porque eso puede producir una crisis sistémica".

"No hay duda que en paralelo, en el corto o mediano plazo, hay que avanzar en una reforma de salud tanto en el sector privado como en el público; se han presentado dos proyectos y desgraciadamente ninguno ha avanzado", dijo.

Así, la actual directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo manifestó que "por lo tanto esperamos que, ahora que todos los actores tienen claro el problema, se pueda avanzar en un sistema de salud que sea más equitativo, que cuide que las personas no caigan en riesgo financiero y tenga un impacto en la calidad de salud de las personas".

El Ministerio de Salud en su último reporte de coronavirus informó que se registraron 2.725 casos nuevos en las últimas 24 horas, por lo que, en la última semana, aumentaron los tests positivos en 22,6%, mientras que en 14 días el incremento fue de 44,3%. La positividad de ayer se fijó en 12,59% en base a los 15.064 exámenes, PCR y test de antígeno. Debido a las últimas cifras hay 8.065 casos activos y se registraron 12 fallecidos por causas asociadas al covid-19, llegando a un total de 64.222 a lo largo de la pandemia. En cuanto a capacidad hospitalaria, hay 316 camas críticas disponibles de 1.761.

A pocos días del 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la mujer, la ministra de esta cartera, Antonia Orellana, habló de los anuncios que prepara el Gobierno para la jornada y destacó que pondrán foco en la economía y la brecha salarial con respecto a los hombres.

"El 8 de marzo siempre es un momento súper importante para el Gobierno y la ciudadanía, porque es de reflexión, conmemoración y un momento en que las mujeres miramos hacia atrás. Yo puedo afirmar que vivo mejor que mis abuelas, no en el sentido material, pero todas las mujeres podemos hoy hablar de cosas que nuestras abuelas no podían decir", dijo la secretaria de Estado en Mega.

Orellana sostuvo que lo considera como "un momento en que miramos en retrospectiva y decimos hemos avanzado, y cuánto nos falta por avanzar. Y en ese sentido, como Gobierno creemos que hemos dado importantes pasos, pero todavía falta mucho, así que esperamos poder hacer anuncios que tienen que ver sobre todo con nuestra línea de trabajo que se llama 'Chile para Todas', que es el sello a través del cual queremos explicar lo que significa la transversalización del enfoque de género".

Explicó que "hay servicios, programas y provisiones de derechos que el Estado ha entregado y del que las mujeres se han visto excluidas por secretaría, porque fueron pensados en otra época o para hombres".

Aseveró que en 2022 su cartera estuvo ocupada en recomponer el ministerio, pero este año el trabajo "tiene que ver con la economía, porque la pandemia hizo retroceder en una década la inserción laboral femenina, nos hemos recuperado durante estos años". "Recuperamos el empleo de las mujeres, pero eso no quiere decir que estemos bien. Antes de la pandemia había muchas deudas, una brecha salarial del 30%, un costo de contratación de la mujer más alto, porque se nos asigna el costo de la sala cuna", selló.

El lunes 6 de marzo se constituirá la Comisión Experta, órgano encargado de redactar el ante proyecto de Constitución que será sometido a la revisión y aprobación del Consejo Constitucional que elegiremos los ciudadanos el próximo 7 de mayo. Como se sabe, la Comisión está integrada por veinticuatro miembros, que dispondrá de tres meses para elaborar dicho documento. Se trata de un plazo relativamente corto, lo que, si bien constituye un desafío complejo, debería verse atenuado por algunos factores que probablemente facilitarán el trabajo de este órgano.

En primer lugar, y a diferencia del proceso anterior, para la redacción de la nueva propuesta no se partirá de una "hoja en blanco", sino que deberá ajustarse a las doce bases institucionales y fundamentales contempladas en el art. 154 de la Constitución. Con ellas se garantiza que el texto deberá reconocer que Chile es una República democrática y un Estado unitario y descentralizado, con tres poderes separados e independientes. Asimismo, deberá incluir una cláusula de estado social y democrático de derecho, y el mandato de que la dignidad humana y los derechos humanos son límite a la soberanía. También tendrá que incluirse el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos y culturas de los pueblos originarios, que son parte de la nación chilena, que es una e indivisible. Finalmente, la propuesta de nueva Constitución deberá incorporar la protección y garantía de derechos y libertades como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior del niño, la libertad de enseñanza, el derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, y el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.

En segundo lugar, debe tenerse presente que la Comisión Experta es un órgano técnico, no político, cuyos miembros son personas con experiencia en el ámbito académico o público. Por eso se espera que su trabajo se desarrolle conforme a parámetros acordes a la naturaleza de este órgano, es decir, técnicos. En este sentido, es de esperar que los comisionados tomarán en especial consideración las mejores experiencias constitucionales comparadas y, desde luego, nuestra propia tradición constitucional, en la que es posible identificar con meridiana claridad un conjunto de principios generales del Derecho Constitucional chileno, que abarcan temáticas como las formas de gobierno y de estado, el sistema de separación de poderes, y los derechos y libertades y su garantía.

En tercer lugar, el trabajo de la Comisión debiera verse también facilitado por el hecho de que, si bien los chilenos quieren una nueva Constitución, el plebiscito de septiembre de 2022 demostró que no se trata de un deseo que queramos concretar a cualquier precio. Las causas del rechazo al texto plebiscitado son variadas, pero todas ellas parecieran tener un mismo origen: el populismo, las visiones ideológicas extremas y un marcado alejamiento del sentido común, que se tradujeron en un proyecto maximalista y partisano. De alguna manera esto constituye una pauta de lo que la Comisión no debe hacer.

Por lo anterior, pareciera que el auténtico desafío para la Comisión es lograr amalgamar los principios y bases fundamentales del art. 154 de la Constitución con la tradición constitucional chilena, y a partir de estos elementos dar respuesta al anhelo ciudadano de una nueva Carta Fundamental, que se haga cargo de problemas que requieren de soluciones acordes a los tiempos. La estabilidad democrática, la descentralización, el fortalecimiento de algunos derechos y libertades (vida, libertad de enseñanza, derecho a elegir el sistema de seguridad social, la propiedad sobre los fondos previsionales), el estado social, la protección medioambiental y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, son temas que deberán ser tratados y plasmados en el documento que redactará la Comisión. Es lo que espera la mayoría de los ciudadanos, y por eso su adecuada incorporación al anteproyecto será clave para el éxito de este nuevo proceso constituyente.

*Profesor de Derecho Constitucional e investigador de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes