Vicente Pereira

Un día después de que se hiciera pública la acusación de un eventual abuso sexual en contra de un funcionario de la Municipalidad de Puerto Montt, desde dicha entidad se informó que este jefe de unidad se encuentra suspendido de sus funciones.

Mediante un comunicado de prensa, enviado ayer a las 13 horas, el municipio dio a conocer que dicha determinación fue adoptada por el fiscal a cargo del sumario que se instruyó, tras ser acogida la denuncia de la funcionaria del Departamento de Deportes.

Así también señala que la denunciante, una mujer de 34 años, quien ingresó en 2020 a trabajar al municipio, y el denunciado, no han tenido contacto desde la recepción de la acusación.

Junto con ello, se detalla que la presunta víctima se encuentra informada acerca de que el pago de sus remuneraciones se mantiene.

Y si bien desde el municipio se identificaron las acciones adoptadas en este caso, los concejales consultados por este medio indicaron que esperan contar con más detalles acerca de esta denuncia, lo que esperan que ocurra una vez que retomen las sesiones del cuerpo colegiado tras vacaciones, período en el que se encuentran en estos momentos, al igual que el alcalde Gervoy Paredes.

Sin embargo, dejaron en claro que anhelan que se aplique el protocolo establecido para estos casos.

Protocolos

Juan Carlos Cuitiño (Independiente) comentó que hace aproximadamente un mes les comunicaron a ellos y al alcalde sobre esta acusación, la que él hizo presente en la sesión que tuvo lugar hacia fines de agosto.

En aquella oportunidad, recordó Cuitiño, el alcalde "señaló que estaba al tanto y que era una materia que estaba desarrollando con la concejala Evelyn Chávez (RD y presidenta de la Comisión de Género del concejo) y que se estaban accionando todos los protocolos".

Sin embargo, a Cuitiño le llama la atención que hace unos tres días volvieron a recibir un correo (de la víctima), dando cuenta de que "no se activó ningún protocolo. Solo se habló de su remuneración. El municipio ha infringido en los protocolos internos de los funcionarios, ya que se no se le dio contención, ni se cambió a otro departamento de manera urgente".

Por ello, Cuitiño cuestiona que no se le "hubiera respaldado de forma inmediata. Es lamentable que se aprobara una ordenanza (contra el acoso y abuso sexual) con bombos y platillos, pero en la práctica no se cumpla con el objetivo en este caso".

Por lo mismo, sostiene que los protocolos internos tienen que ser mucho más específicos en esta materia, así como en las acciones que se adopten. "La funcionaria activó todos los protocolos internos y no se cumplió".

Para su colega Marcia Muñoz (Independiente), se trata de una situación preocupante, que "sabemos que se ha judicializado, por lo que tenemos que aguardar por el resultado de la investigación y así conocer la sentencia".

Es por ello que estima que, como cuerpo colegiado "tenemos que hacernos parte para que se llegue hasta el final de esta denuncia".

Así también formula un llamado a los trabajadores del municipio para que "nunca dejen de manifestarse ante un posible atropello", como estaría sucediendo en esta polémica e incluso posible delito, el que también está investigado de manera desformalizada por la Fiscalía del Ministerio Público.

Y es que para Muñoz, lo relevante en este tipo de situaciones, es que se apliquen los protocolos y que se deje un precedente para que los funcionario denuncien "sin sentir miedo de perder su fuente laboral. Que no callen ante un acoso o algún atropello. Menos si es de tipo de sexual".

En la misma línea que Muñoz, su par Yerco Rodríguez (UDI) recordó que la víctima le informó a los ediles acerca de la situación por la que estaba atravesando.

Razón por la cual solicitó, a través de un oficio dirigido al alcalde, un pronunciamiento del municipio respecto a los protocolos que se debieron activar una vez conocido el caso.

"Se trata de una situación bastante grave, ante la cual hay dos carriles distintos. Uno, el judicial que lleva la víctima, y el administrativo que se ejecuta