Municipio acusa a comerciantes de la carpa de "apropiarse indebidamente" del espacio
TRIBUNALES. Abogada de la casa edilicia entregó los antecedentes solicitados por la Corte de Apelaciones. Mañana se cumpliría el plazo fatal tras la notificación de desalojo, que de no cumplirse alcalde caería en abandono de deberes.
El tira y afloja entre los comerciantes de la carpa blanca y la Municipalidad de Puerto Montt continúa, pero no en reuniones, sino que en tribunales.
Hasta la semana pasada se tenían antecedentes sobre el recurso de protección que había presentado el sindicato Fuerza y Unión en contra de la casa edilicia y que buscaba una orden de no innovar al desalojo del cual fueron notificados.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió a trámite y declaró admisible la acción judicial el 9 de enero y ese mismo día, rechazó la orden de no innovar solicitada por los comerciantes, mientras que al municipio se le solicitaron antecedentes del caso.
Hasta ese entonces no se sabía quiénes eran él o los abogados que representaban a la carpa blanca.
¿y cómo continúa?
Tras lo anterior, con fecha 12 de enero, los comerciantes de la carpa blanca otorgaron poder amplio de representación a los abogados Camila Kopplin Lanata e Ignacio González Fernández, quienes ese mismo día ingresaron una recurso de reposición que busca "reponer la resolución del 9 de enero del año en curso, que rechaza la orden de no innovar solicitada por esta parte y en su lugar sea acogida por resultar indispensable para los fines del procedimiento", señala el escrito.
Por la contraparte, al día siguiente la Municipalidad de Puerto Montt, representada por la abogada María Verónica Martínez, presentó el informe solicitado dentro de los plazos establecidos, donde explica la situación entre la casa edilicia y el sindicato de trabajadores, donde parte señalando que "reconocen que dichos permisos fueron entregados con una vigencia temporal, que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2022, antecedente que siempre estuvo en su conocimiento".
A su vez, dentro de los antecedentes que la abogada entrega a la causa, el informe especifica que "el ejercicio de la actividad lucrativa a la que aluden, no se realiza en un comercio establecido, ya que solo operan a través de permisos precarios que concede el municipio, permisos que como su mismo nombre lo indica, son transitorios, esporádicos y lo más importante, pueden ser revocados", remarcando que los permisos precarios que les entregaba el municipio a los comerciantes, solo se extenderían hasta el 31 de diciembre de 2022.
Después, la abogada explica que cuando se acercaba la fecha de expiración del permiso, la municipalidad sostuvo diversas reuniones con los comerciantes, a fin de ofrecerles alternativas para reubicarlos, pero que ninguna de las propuestas ofrecidas habrían sido aceptadas, y que insistirían en quedarse en un inmueble municipal, "pretendiendo apropiarse indebidamente de él, como si fueran los titulares de un derecho absoluto sobre la propiedad o como si esta entidad edilicia, no estuviera facultada para haber limitado temporalmente los permisos oportunamente otorgados y que, a la fecha, están irremediablemente extinguidos", detalla el informe.
En el resumen de la entrega de antecedentes, en uno de los puntos -tres en total- la abogada relata que la "Municipalidad de Puerto Montt está facultada para exigir el desalojo y desocupación de un inmueble de su propiedad, ocupada por personas que carecen de derecho y autorización para su permanencia en el sector, con el propósito de desarrollar una actividad lucrativa que tampoco está autorizada", precisa.
Abandono de deberes
En una entrevista concedida a El Llanquihue el 9 de enero, el alcalde Gervoy Paredes explicó que de no acatar la ordenanza de la Dirección de Obras y por ende, el desalojo de los comerciantes de la carpa blanca, el edil cometería abandono de deberes. Lo anterior está estipulado en la Ley Orgánica de Municipalidades y "principalmente tiene que ver con fundamentos de faltas graves a la probidad administrativa y eso, se presenta al Tribunal Electoral y con un tercio de los concejales se puede presentar esta solicitud, pero tiene que ver principalmente con la labor fiscalizadora que tienen los concejales", explicó el concejal Juan Carlos Cuitiño.
13 de enero la abogada de la Municipalidad entregó el informe a la Corte de Apelaciones.