Correo
Metro Baquedano I
Celebro la idea del memorial que se propone para la Estación de Metro Baquedano en Santiago, espacio que debe servir para recordar que la violencia, venga de donde venga, no debe admitirse en democracia y que el respeto por los derechos humanos es compromiso de toda la sociedad.
No se puede olvidar ni la barbarie violenta del pueblo contra el pueblo, ni aquellos casos en que la fuerza represiva del Estado fue ejercida de forma ilegítima.
Lorenzo Miranda Morales
Metro Baquedano II
El acceso principal del Metro Baquedano está cerrado desde el estallido terrorista del 18 de octubre de 2019, durante el cual fueron incendiadas y completamente destruidas, simultáneamente, numerosas estaciones del Metro. En la edición del miércoles pasado de un diario capitalino leí: "Gobierno decide que entrada al Metro Baquedano incluya espacio de memoria del 18-O".
Pensé que se trataba de una broma del Día de los Inocentes, puesto que la barbarie no debe ser objeto de exaltación y un "espacio de memoria" en el referido acceso -la plaza hundida, llamada "Jardín de la Resistencia" por simpatizantes de la destrucción de nuestras ciudades como preludio de un nuevo tiempo- traería los peores recuerdos de un momento oscuro, en el que la violencia y la delincuencia intentaron causar el caos social y económico y alterar el curso democrático de Chile.
Adolfo Paúl Latorre
Espacios públicos
Muchas autoridades, entre ellas la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y otros ediles del país, han dicho que es prioritario erradicar la delincuencia y el comercio ilegal del centro de muchas ciudades y recuperar estos espacios urbanos.
Cualquier persona que circula por esas zonas sabe que, hasta el momento, estas son sólo declaraciones de buena intención, ya que el problema no ha disminuido; por el contrario, aumenta día a día sin un control real y efectivo por parte de los responsables y encargados de la seguridad pública. Esta necesidad se ratifica con los estudios de opinión pública en que la delincuencia y el comercio ambulante son un "problema país".
La encuesta Cadem del 4 de diciembre señala que el 80% de las personas siente mucho o bastante temor a ser víctima de un delito y que los lugares con comercio ambulante (85%) y manejar o caminar de noche (82%) son las instancias que más preocupan. Como Asociación de Marcas del Retail, una de nuestras prioridades más relevantes es trabajar de manera conjunta con el sector público y privado para regularizar o erradicar a los vendedores callejeros, que perjudican el comercio establecido, y que en algunos casos se ubican en sitios donde hemos visto acciones violentas en las últimas semanas, tanto en Santiago como en otras comunas.
Necesitamos tolerancia cero y un impulso decisivo de la autoridad para que las buenas intenciones se transformen en resultados concretos. ¿De qué magnitud debe ser el delito que se cometa para actuar? ¿Cuántos locatarios deberán dejar el centro de la ciudad para que se tome nota del enorme perjuicio económico que acarrea esta situación?
¿Qué esperamos para actuar unidos y aplicar medidas con resultados permanentes en el corto, mediano y largo plazo?
Paula Valverde, presidenta de la Asociación de Marcas del Retail
IVA a servicios profesionales
Los clientes de los prestadores de servicios que al año 2022 facturaban exento, a partir de enero deberán analizar si incorporan en sus proyecciones de flujos el pago del IVA o dejar que el prestador de servicio asuma ese costo, afectando su margen en el 19% del valor de venta.
Por ejemplo, al venderse servicios por $ 1.000.000, si el valor es más IVA, el impuesto adicional a recaudar lo pagará el cliente. En caso que sea una empresa, si se encuentra afecta a IVA lo recuperará en la venta de sus bienes o servicios, y si no o es persona natural lo debe asumir como un mayor egreso de caja. Pero si el prestador de servicio cobra $ 1.000.000 IVA incluido, su ingreso por venta será de $ 840.336 (neto), un 16% menos de ingreso, porque los $ 159.664 restantes son el IVA Débito Fiscal, que se pagan al fisco.
El problema para el prestador de servicios es que si tiene un margen final de un 30%, a partir de enero tendrá solo un 14%. Si margina menos -ojalá la cifra no baje del 15%-, su negocio puede cerrar, o deberá reinventarse.
Vivimos en una sociedad reactiva y no proactiva. Esta medida fue incluida en un proyecto de 2021, aprobado como ley en febrero de 2022 y recién empezó a ser levantado con fuerza en octubre pasado.
Cuando existe la necesidad de recaudación fiscal del Estado, el cumplimiento tributario debe ser entendido y analizado en todo nivel, ya que pueden existir importantes efectos y cambios en los modelos de negocios, procesos y relaciones comerciales de las organizaciones y, de paso, en el empleo.
Guillermo Rebolledo, académico de la Universidad de Chile
Vida útil de los bienes
Conocer la vida útil de los bienes que adquirimos es importante para fomentar el consumo responsable y sostenible, pues permite a los consumidores con dicha información preferir aquellos productos que ofrezcan una mayor vida y cuidar así no sólo nuestro bolsillo, sino que también de nuestro entorno y medio ambiente. Pero además, resulta fundamental para identificar aquellos productos de obsolescencia programada, es decir, aquellos casos en que el producto está diseñado deliberadamente para tener un tiempo de vida específico.
En este sentido, la Ley Pro Consumidor en su artículo 1° número 3 establece para todas las empresas que comercialicen bienes durables la obligación de informar su vida útil en condiciones normales de uso y el plazo durante el cual dispondrán de repuestos y servicio técnico. Por lo tanto, cualquier bien que tenga la característica de durable, como los productos de telefonía y de tecnología en general, deben incluir esta información.
Esta normativa puede tener gran impacto si la autoridad competente fiscaliza su cumplimiento, esto en dos sentidos, para el consumidor, pues le permitirá tomar una decisión de compra de mayor valor, adquiriendo bienes que tengan una vida útil razonable y así evitar sorpresas. Y para los proveedores, pues el incumplimiento puede dar lugar a fuertes sanciones económicas que puede llegar en caso de publicidad falsa o engañosa a multas de hasta 1.500 UTM.
Sebastián Bozzo Hauri, académico de la Universidad Autónoma