Marcelo Galindo

Un total de 587 apercibimientos (advertencias) entregó el Juzgado de Familia de Puerto Montt al servicio Mejor Niñez, específicamente a los programas que están encargados de ejecutar las medidas de protección dispuestas por el tribunal.

Los 587 apercibimientos se han hecho efectivos no sólo por las listas de espera, sino que además por diversos incumplimientos de medidas de protección, incluso relacionadas con el ámbito de la salud.

Así lo revela un informe de la Corte de Apelaciones donde se señala que en la Región de Los Lagos hay un total de 1.086 niños y adolescentes que están tratando de ingresar a un programa.

Además, en el documento se detalla que por ejemplo en Puerto Varas, no se han aplicado las respectivas advertencias.

De ahí que a la fecha el Juzgado de Familia de la ciudad lacustre no registre apercibimientos por arrestos ni multas en causas en que se encuentren niños y adolescentes en listas de espera.

Estas medidas, por lo demás, deberían ser aplicadas en las causas en las cuales los niños y adolescentes ya ingresaron a los programas, pero no se haya dado cumplimiento efectivo a los informes de seguimiento en los plazos fijados por el tribunal.

Multas

En el caso de Puerto Montt, la situación es distinta. Y es que según el Registro Único de Seguimiento (RUS) informado por el Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección (COCCMP) de Puerto Montt, a noviembre de 2022, se han recibido solicitudes de apercibimiento por arresto y multa en un total de 587 causas.

De este total, en seis de ellas se hizo efectivo el apercibimiento mediante la aplicación de multa, pero ninguna se hizo efectiva respecto del arresto.

El documento agrega que de las seis causas en que se aplicó multa, solo una de ellas corresponde a la aplicación de multa por no haber informado la fecha de proyección de ingreso. A su vez, una multa se aplicó por no remitir informe de cumplimiento y cuatro por no remitir informe de avance.

Chiloé

Las ciudades de Castro y Ancud, concentran el número más alto de multas aplicadas por los juzgados de Familia, al no cumplir con las medidas dispuestas por los tribunales.

Así, en el Juzgado de Familia de Ancud, el año 2022 se han aplicado un total de 43 multas a directores de programas por no informar el ingreso efectivo o proyección de ingreso (lista de espera) de niños y adolescentes que se encontraban derivados mediante resolución judicial, lo cual, de acuerdo a procedimiento utilizado por este tribunal, solo afecta cuando no hay respuesta de parte de la institución requerida en el plazo que establece la determinación que ordena hacer el ingreso efectivo.

Las multas aplicadas se desglosan en 26 al servicio de Salud Pública; 11 al Servicio Mejor Niñez; cuatro a organismos colaboradores del Servicio Mejor Niñez; uno a la OPD y uno a otra institución privada.

En tanto, el Juzgado de Familia de Castro, en el año 2022, aplicó un total de 11 multas a directores de programas por no informar el ingreso o proyección de ingreso (lista de espera) de niños o adolescentes que se encontraban derivados a programas del servicio Mejor Niñez, servicio de salud pública o de salud privada.

Además, se aplicaron un total de 34 multas a programas por incumplimiento en el plazo para remisión de informes de avances de medidas decretadas y que no corresponden a lista de espera.

Un gran paso

Al respecto, el senador Iván Moreira (UDI) dijo que lo que no puede seguir pasando es que los niños continúen en eternas esperas y para ello es urgente dotar con más recursos al servicio y así subsanar paulatinamente las deficiencias que hoy presenta.

"Nosotros creemos que el cambio del Sename a Mejor Niñez fue un gran paso, porque se crea un servicio destinado para niños que han sido víctimas de vulneraciones y otro para los infractores de ley", apuntó.

Según Moreira, es indudable que esto es solo el comienzo. "El rol del Estado no debe quedar ahí, haciéndose necesario seguir avanzando en que ambos servicios tengan las capacidades y puedan entregar una respuesta satisfactoria a las necesidades de los niños y niñas".

Alejandro Bernales, diputado (PL) ratificó que el servicio ha funcionado con bastante lentitud. "En mi caso, el 3 de agosto solicité información a nivel nacional sobre las medidas adoptadas para acompañar a los niños y adolescentes que se encuentran actualmente en situación de orfandad, porque sus padres fallecieron producto de la pandemia de covid y aún no recibo respuesta. Con ello también queremos conocer la cantidad de beneficiarios de la pensión de gracia que establecimos desde el Congreso para los niños y adolescentes que se encuentran en dicha situación".

Centralismo

Rodrigo Wainraihgt, consejero regional (RN) observó que una de las primeras obligaciones del Estado y de la sociedad, es con los niños y adolescentes, más todavía con quienes están vulnerados en sus derechos.

"Este es un Gobierno que no se puede excusar que esto viene del anterior, porque ya llevan casi un año gobernando. Se tienen que modificar las cosas que no se han realizado bien y hasta el momento nada se ha hecho y es ahí el problema. Pero además ello es producto de los inconvenientes que provoca el centralismo, porque todo depende de Santiago, en circunstancias que cada una de las regiones que componen el país tienen realidades distintas".

Mauro González, diputado (RN) relató que en junio pasado se dio a conocer que 700 niños y adolescentes estaban en lista de espera para poder ingresar a algún programa del servicio Mejor Niñez en la región.

"Que ahora sea el ministro vocero de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Patricio Rondini, quien reitere la información pero que diga que ahora son más de mil, realmente preocupa de sobremanera, porque estamos hablando de niños y adolescentes bajo condiciones de vulnerabilidad, por lo que la reacción debería ser rápida, precisa y enfocada en lo que pide el Tribunal de Familia". Según González, se entiende la inquietud de los jueces, "que ven que sus medidas decretadas no se cumplen, y para ello tienen que cursar multas que al final las tiene que pagar el Estado e incluso con apercibimientos por arrestos".

Deficiencias

Para el diputado independiente Héctor Ulloa son preocupantes las cifras expuestas por la justicia, "considerando que el diagnóstico oportuno es sobre todo una necesidad para evitar la continuidad de vulneraciones contra niños y adolescentes".

Recordó que el servicio lleva un año desde el inicio de su implementación, "la que estuvo marcada por una serie de deficiencias. Se requieren cambios profundos y que no son de corto aliento, a lo que se suma el reciente nombramiento de un titular de la repartición regional".

6 multas se han concretado en Puerto Montt por no cumplir con las disposiciones emanadas del Juzgado de Familia.

88 multas se han cursado sólo este año entre Ancud y Castro en Chiloé, incluso a los organismos de salud por no ejecutar medidas.