El 18 de noviembre comenzó a regir en plenitud la Ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, cuya finalidad es perfeccionar el sistema de pago en favor de los hijos. La norma, promulgada en el Diario Oficial del 18 de noviembre de 2021 por el entonces Presidente Sebastián Piñera, establece 12 medidas para penalizar a quienes deban tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas. El Registro Civil está a cargo de mantener esos datos, que influirán en la retención obligatoria de fondos, desde créditos otorgados; de las devoluciones de impuestos; de la compraventa de vehículos e inmuebles y remuneraciones; además de establecerse trabas para obtener licencias de conducir y pasaportes. También señala que será considerado un delito de violencia intrafamiliar el no pago reiterado de pensiones alimenticias, pues eso vulnera la autonomía, el patrimonio y la subsistencia de quienes tienen a cargo los niños y niñas.

Según una encuesta realizada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en conjunto con Cadem, en noviembre de 2020, el 46% de las mujeres no convivía con el padre de sus hijos y de éstas, un 65% no recibía contribución alguna de pensión. Sólo el 16% de los deudores de pensiones alimenticias se hacían responsables del pago. Y del total de personas que no reciben el pago de esta pensión, el 65% forma parte de la población de menores ingresos.

Las causas por pensiones de alimentos se encuentran entre las más vistas por los tribunales de familia del país. Más del 85% del total de demandados no paga lo que corresponde a sus hijos, o tiene deudas acumuladas de las cuales no se hace cargo.

Esta legislación representa un avance sustantivo, pues se busca poner límite a problemas que muchas familias arrastran durante años y que obligan a las víctimas a exponerse a reiterados trámites legales para que se respeten sus derechos, o a sufrir incluso extorsión de parte de quienes cometen este tipo de agresión económica. Por otra parte, es positivo que haga partícipes a la comunidad y a instituciones frente a una situación de abuso reiterado, sacándola desde la esfera privada en que hoy suele manejarse, a una pública, con sanción social y material real.

Un lobby "escandaloso" de autoridades de Gobierno acusó el senador Fidel Espinoza. Ello en el marco de la próxima votación que definirá el destino del nombre propuesto por el Presidente para ocupar el cargo de fiscal nacional. Pero no sólo eso. También anunció que se inhabilitará. ¿La razón? Porque mantiene una investigación en la Fiscalía y ello le impediría votar. Acto seguido, y como suele suceder en Chile cuando alguien osa decir algo incómodo para el poder, comenzó el fuego de artillería política en su contra.

El ejercicio de influencias, en todo caso, está en su fase final, ya que el camino para definir al sucesor de Jorge Abbott comenzó a transitarse -lobby incluido- hace bastante tiempo, incluso mucho antes de la apertura del concurso, en un proceso fuertemente criticado por la falta de transparencia que lo ha expuesto a los mismos vicios y reproches de la vez anterior.

Pero lo más novedoso es el anuncio de hacer valer una inhabilidad que le impediría votar a favor o en contra del nombre propuesto por el Gobierno, cuyo fundamento es la existencia de una investigación vigente en la Fiscalía. En esta misma situación se encontrarían, según señala Espinoza, otros 25 senadores, lo que representa más de la mitad del Senado.

El problema que plantea aquí es de probidad pública y particularmente de conflicto de interés, el cual puede ser abordado tanto en su dimensión jurídica como ética.

Desde un punto de vista normativo, si bien el artículo 5B de la Ley Orgánica del Congreso, reproducido por el Reglamento del Senado, prohíbe a un parlamentario votar un asunto que "les interese directa o personalmente a ellos", acto seguido el inciso segundo hace excepción de aquellas materias que importan el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva cámara. De esta forma, aun cuando un senador esté siendo investigado en una causa, es decir, "le interese directa y personalmente", no estaría legalmente impedido de decidir con su voto quién será el jefe del fiscal que hoy lo investiga. ¿Interesante o no?

Pero es la dimensión ética, ésa que parece olvidarse de tanto en tanto, la que permite justificar la inhabilidad. A esa esfera de responsabilidad moral es a la que apunta Espinoza, lo que al parecer en nuestros días constituiría un verdadero acto temerario a juzgar por la tensión que ha provocado, tensión que se explica por el riesgo de que más senadores se sumen a su posición y no se alcance el quórum de 2/3 para aprobar la propuesta presidencial, lo que representaría un nuevo fracaso para el Gobierno.

Marcos Emilfork, ex fiscal regional

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