Para nadie puede ser un misterio que el centro de Puerto Montt, como el de otras tantas ciudades del país (admitiendo que Santiago y Valparaíso son los casos más emblemáticos), experimentaron un brusco cambio desde que el 18 de octubre de 2019 se desatara el estallido social. La ola de violencia que empañó las legítimas manifestaciones ciudadanas terminó no sólo por provocar una modificación estética de la zona céntrica, con cortinas metálicas y protecciones de todo tipo para evitar los saqueos que abundaban en esa época, sino que también derivó en un cambio de hábitos de la población, agudizado todavía más una vez que la pandemia encerró a los chilenos en sus casas por prácticamente dos años.

Hoy por hoy, la capital regional de Los Lagos, próspera urbe y puerta de entrada a la Patagonia, parece ser una ciudad gris, pero ya no por las lluvias y los cielos nublados, que son parte constitutiva del sur del país, sino por la tristeza y desamparo que exuda de aquellas paredes que antaño eran vistosas mamparas comerciales, y que hoy no son más que una puerta tan ploma que aprisiona el alma. Muy difícil va a ser que Puerto Montt aspire a consolidarse como polo turístico (que tiene todas las condiciones), mientras caminar por las calles de la zona céntrica no inspire atracción o encanto, sino que miedo, pues a ningún visitante extranjero que recorra la ciudad le va a ser esperanzador caminar por calles que tienen el vivo recuerdo de refriegas.

Por cierto, es casi un imposible esperar o exigir que el cortinaje metálico ceda en su mayoría. El recuerdo está fresco y es totalmente legítimo y obvio que propietarios y ocupantes se preocupen más por la seguridad que por el sentido estético de la ciudad. Para que ello ocurra, se requiere antes que el Gobierno otorgue garantías de mantención del orden público.

No obstante, también quizás sea la hora de que las autoridades, gubernamentales y municipales, empiecen a explorar fórmulas que contribuyan efectivamente a la recuperación del espacio público (más allá de la acción contra el comercio ambulante), considerando además que quedan pocos meses para que se entregue el flamante Paseo Costanera. De poco servirá este nuevo espacio si las calles circundantes no se sacuden del pesar que las embarga.

Luego del 4 de septiembre dos cosas son difíciles de controvertir. La ciudadanía rechazó la propuesta de nueva carta fundamental y que persiste la intención de reemplazar la vigente. Es evidente que quienes creemos en la necesidad de una Constitución surgida en democracia no podemos claudicar y que de los errores se debe aprender.

Un elemento que ha surgido, junto a la idea de los "bordes" del proceso, es que la nueva carta política debe ser redactada por expertos. Y empleo el término carta política no por ausencia de equivalentes, sino para recalcar una cuestión: las constituciones contienen opciones políticas, esto es, decisiones acerca del reparto del poder en una sociedad políticamente organizada.

Las democracias implican representación de ideales o intereses necesarios de ser cualitativa y cuantitativamente expresados. Por eso, la idea del sorteo de integrantes de una futura Convención, si bien luce atractiva, tambalea sin demasiada dificultad, pues abandona al azar el futuro de cuestiones que no pueden depender de una ruleta, como la equidad de género, los derechos sociales o una redistribución del poder que no amarre a la cuna el destino de las personas. Ningún cambio social se ha conseguido dirimiendo en juego de casino.

Empero, también se ha defendido que las democracias implican que las normas basales sean definidas por expertos, idea que en diversas encuestas y foros se ha planteado, pero que deja varios agujeros negros difíciles de sortear. Entre otros las siguientes.

Primero, ¿quién atribuye la calidad de experta a una persona? ¿Una comisión de expertos en expertos? Si eso se instalase, se llamaría oligarquía y no democracia. Segundo, ¿cuántas personas expertas y en qué materias serían necesarias? ¿Ingenieras, médicos, economistas, abogados, lingüistas u otros?

Tercero, esa "expertise" -hablando con palabras de expertos- ¿habilita por sí misma a redactar constituciones? A la fecha, no existe diploma que certifique el sentido común ni la capacidad de elaborar normas. Cuarto, ¿de verdad creemos que las personas expertas son ajenas a posiciones políticas? Sin que ello sea cuestionable, la Convención de 2021-2022 nos mostró a insignes académicos blandeando las más excéntricas banderas.

En fin, es notorio que los órganos que efectúan deliberaciones democráticas importantes -como redactar un proyecto de Constitución- deben contar con asistencia de especialistas, pero la presencia de especialistas no puede sustituir a la democracia.

José Ignacio Núñez, académico de la Facultad

de Derecho de la Universidad Central

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