tro proyectos, son de desarrollo urbano o turístico".

Afirmó que "hay una serie de impactos que ameritan que se evalúen de forma previa, como sobre los cursos de agua, a causa de la construcción de pozos y de las fosas sépticas que pueden afectar a la laguna Candelaria, así como los ríos Puelo Chico y Río Blanco".

Otra consecuencia que Barriga identifica tiene relación con posibles remociones en masa, producto de la construcción de caminos en zonas de mucha lluvia, de laderas altas y con pendientes del cerro Candelaria.

Ello, sumado a que dos loteos están situados en zona de "peligro volcánico medio", así como los problemas que pudiese generar a la vegetación el tendido eléctrico y las propias construcciones,

Otro punto relevante para la abogada, es la tala rasa de bosque nativo para construir los caminos de acceso, actividad que ejecutan "sin planes de manejo. Sumado a que hay áreas que tienen alerce, una especie que está en extinción y que es un monumento natural, por lo que su corte está prohibido, lo mismo que la alteración de su hábitat".

Denuncias

Frente a este hecho, la delegada presidencial, Giovanna Moreira, sostuvo que las carteras de Agricultura, Medio Ambiente y Vivienda, a nivel regional, encabezan los procesos tendientes a estas materias, por lo que son ellas las encargadas de recibir las denuncias y la información que sea necesaria, que permita regularizar las parcelaciones y los proyectos que se están gestionando en las comunas.

En el caso de la Delegación Presidencial, comenta que cada vez que reciben una "denuncia informal" respecto a estos casos, las derivan al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) o a la Seremi de Agricultura, para que sean orientadas y se ejecuten de manera adecuada y "hacernos cargo del problema de las parcelaciones".

En lo que tiene que ver con Cochamó, Moreira precisó que se está frente a dos situaciones, las que tienen que ver con que los predios agrícolas que no están habilitados para ser de uso de vivienda; y está también la afectación al bosque nativo o a especies protegidas como el alerce.

Para este último caso, se direccionan de manera directa a Conaf, para que realice las fiscalizaciones correspondientes.

Planificación

A nivel regional, la consejera regional, Patricia Rada (CS), manifestó que se trata de una temática que ha "alcanzado bastante notoriedad por el crecimiento exponencial de los loteos en nuestra región. Frente a ello es que a través de una serie de circulares, resoluciones y leyes, el Gobierno y el Congreso están en búsqueda de regular esta situación, estableciendo nuevas exigencias y criterios a considerar a la hora de otorgar los permisos para la formación de loteos".

Es así como para el caso de Cochamó, a Rada le parece relevante destacar la importancia de la planificación territorial, para precisamente, evitar que nuevos núcleos urbanos se formen fuera de los limites de los planes reguladores.

"Actualmente, los proyectos inmobiliarios de loteos no contemplan obras de urbanización, lo que se traduce en la necesidad de quienes compran, a acceder a servicios básicos tales como: agua potable, servicios de recolección de basura, luz. Incluso, posteriormente se pueden transformar en otros requerimientos de servicio, como un Cesfam, jardines infantiles, entre otras obras", detalló la consejera regional.

Junto con ello, resaltó la precariedad de obras de urbanización en los loteos, escenario frente al cual se presenta el problema del propio riesgo del lugar en que vivirán las personas que habitarán el lugar, ya que en particular esta situación se da en un terreno con bastantes irregularidades al existir alto riesgo volcánico y las altas probabilidades de remoción de masa.

"Con los problemas que acarrea la crisis climática que estamos viviendo, debemos mantener una estricta línea de cuidado y protección del medio ambiente y del patrimonio natural y cultural de la región. Por lo que las actividades económicas a desarrollar deben también ir en función de promover la actividad turística sostenible y responsable, que le dé una protección y sello al desarrollo regional", apuntó la consejera Rada.

23 personas naturales más una organización social, presentaron las denuncias en distintos servicios públicos de la región.

528 serían las parcelaciones que estarían en cuestionamiento en la comuna de Cochamó.

6 denuncias ha recibido la oficina regional de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en esta materia.