Acusaron a concejal de Puerto Varas que utiliza su oficina como casa habitación
ARRENDADA POR EL MUNICIPIO. Situación fue expuesta en última reunión del Concejo, que activó su comité de ética. El edil aludido, Juan Patricio Godoy, dijo que tienen que actuar los órganos del Estado y que no conocía el contrato de arriendo.
En la última reunión del Concejo Municipal de Puerto Varas, la alcaldesa subrogante Rocío Alvarado (concejala del Movimiento Transforma) se refirió a la presunta irregularidad cometida por el concejal Juan Patricio Godoy (Ind.), quien convirtió la oficina arrendada por el municipio, en su casa habitación.
La situación fue expuesta por la secretaria municipal, Adriana Soto, quien además dio cuenta de una denuncia de la ex secretaria del concejal Godoy, por un presunto comportamiento misógino.
Para tratar esta situación y aclarar los hechos, por cuatro votos a favor, un rechazo y una abstención, los concejales resolvieron activar el comité interno de ética, que definieron en el reglamento que aprobaron para el funcionamiento de ese cuerpo colegiado.
La comisión de ética quedó conformada por los ediles Antonio Horn (RN), Rodrigo Schnettler (DC) y la misma Rocío Alvarado. Sus acuerdos deberán ser conocidos por el pleno del Concejo, en la primera sesión de octubre próximo.
Uso habitacional
Al presentar los antecedentes, Soto estableció que desde el 1 de octubre del año 2019 la Municipalidad arrendó las dependencias de calle Manzanal, a un costo $370 mil al mes.
Explicó que en el contrato de arriendo "se establece la prohibición de subarrendar o ceder todo o parte del inmueble que sea con otro fin".
Agregó que a principios de septiembre, en cumplimiento de una orden del alcalde Tomás Gárate, "se procedió a fiscalizar el arriendo. En dicho operativo se fiscalizaron varios inmuebles. En la fiscalización al inmueble Manzanal número 82, el 9 de septiembre se emanó un informe y se constata un uso habitacional del inmueble arrendado por el municipio".
De acuerdo a la secretaria municipal, existe un arriendo entre la dueña de la propiedad y el concejal Godoy por el uso del piso superior, a un costo de $150 mil. Aseveró que lo ocurrido "corresponde a un incumplimiento de contrato", ya que el uso habitacional del inmueble es para que sirva de oficina al edil aludido.
Otras acciones
El concejal Marcelo Salazar (UDI), confirmó que es primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza, que considera grave, especialmente en lo que tiene relación con la acusación de la ex secretaria de Godoy, ante lo que consideró "prudente comenzar a investigar y atender esa denuncia".
Destacó que para tomar la decisión de presentar esa acusación "hay que ser muy valiente. Los hechos deben haber revestido tal nivel de estrés, que se llega a estas instancias".
Salazar advirtió que "acompañaré la documentación que nos fue entregada y seguiré las acciones respectivas, primero en Contraloría y posteriormente, si es necesario llegar a tribunales, ahí estará mi firma, mi apoyo y mi convicción para llegar al final de esta historia".
En la justicia
"Tienen que actuar los órganos del Estado. No es el Concejo ni la administración (municipal) para hablar de este tema. Lo tiene que hacer la Contraloría y los tribunales de justicia. Tienen que actuar los órganos en esta materia", dijo Godoy en la reunión del Concejo.
Detalló que "las acciones emprendidas por mí por la denuncia de la ex funcionaria, van a seguir su conducto regular. Considero que no hay una falta. Serán los tribunales los que tengan que ver en toda esta materia", remarcó.
Según el concejal, el contrato de arriendo fue entre la Municipalidad y la dueña del inmueble y que él no tenía conocimiento de las condiciones.
Criticó el emplazamiento que se le hizo en esa sesión, detallando que ello se hace porque "he estado viendo y fiscalizando el trabajo del alcalde (Tomás) Gárate, que tiene cuestionamientos de la comunidad", aseguró.
De acuerdo a Godoy "la Municipalidad faltó éticamente. La concejala Rocío Alvarado, que presidió el concejo. Fue todo preparado para denostarme ante la comunidad. Es un tema particular entre la auxiliar administrativo y yo. Es una carta del 4 de julio y recién ahora se presenta. Se trata de una correspondencia que no se puede leer en su plenitud y no puede ser en un juicio púbico, que es transmitido en directo", remarco el concejal, ya que esas sesiones.
Sandra Mansilla, dueña del inmueble arrendado por la Municipalidad, dijo brevemente que "no me han llamado y nada me han comunicado, ni del problema con el concejal Godoy, y menos del término de contrato", afirmó.
370 mil pesos es el pago que hace el municipio de Puerto Varas por el arriendo del inmueble para oficinas.