Un total de 124 sanciones aplicó la Dirección Regional del Trabajo de Los Lagos por vulneraciones a las normas que regulan el trabajo infantil y adolescente protegido.

Las sanciones fueron aplicadas desde 2017 en adelante, tanto durante fiscalizaciones en respuesta a denuncias como en el contexto de programas inspectivos efectuados en sectores donde se registran mayoritariamente casos de trabajo infantil y adolescente.

Mientras en el período se recibieron 41 denuncias, fueron realizadas 170 fiscalizaciones por parte de la Dirección Regional del Trabajo

El seremi del Trabajo y Previsión Social, Ángel Cabrera, explicó que "para nuestra Dirección del Trabajo este es un tema de preocupación constante debido a los riesgos que enfrentan los adolescentes que trabajan, lo que quedó demostrado con el tipo de infracciones que detectamos".

Cabrera informó que las principales materias sancionadas fueron: no registrar o registrar fuera de plazo el contrato de trabajo y sus modificaciones o anexos (34); no dar cumplimiento a la obligación de evaluación del puesto de trabajo en que se desempeñará el menor (19) y contratar a adolescentes con edad para trabajar, que ha cumplido 15 años y que sea menor de 18 años, sin contar con la autorización por escrito de sus tutores o representante legal (17).

En Chile está permitido el trabajo protegido de adolescentes que hayan cumplido 15 años y tengan menos de 18 años de edad. Ellos pueden ser contratados, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 14, 15, 15 bis, 17 y 18 del Código del Trabajo.

Entre otros, tales requisitos son contar con autorización de parte de las personas habilitadas legalmente para ello, haber cursado la educación media o estar cursando esta o la enseñanza básica; no superar una jornada de trabajo de 30 horas semanales y desempeñar tareas que no entrañen riesgos o perjuicios para la salud física y psíquica de los adolescentes.

15 años es la edad mínima que contempla la ley para que un adolescente pueda trabajar. A ello se suman una serie de requisitos, tendientes a proteger su integridad física y síquica.

Marcelo Galindo

Puerto Montt se ubicó el año pasado como la tercera ciudad del país con más mujeres imputadas por un delito penal, de acuerdo con las cifras entregadas por la Defensoría Regional de Los Lagos, en su última Cuenta Pública.

María Soledad Llorente, defensora regional, confirmó que la institución representó a 1.457 mujeres en 2021, y se ubicó detrás de Puente Alto (2.692) y Antofagasta (1.565) en esta medición, lo que, a juicio de la autoridad, debe llamar la atención sobre la importancia de mantener un "enfoque de género" en materia de justicia.

"Más aún -dijo Llorente- cuando de todas las causas terminadas el año pasado que tuvieron una imputada mujer (2.344), el 40% (954) terminó sin condena o con declaración de inocencia."

En la cuenta anual de la Defensoría Penal Pública en la región, fue destacada, en este sentido, la recientemente creada Unidad de Defensa de Género que entró en operaciones el pasado Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

El equipo está compuesto por un defensor y dos defensoras, y tiene dos funciones principales: por una parte, asumirán paulatinamente las causas que tengan a mujeres como imputadas, y por otra, tendrá un rol de articulación con distintos organismos públicos, como la Fiscalía, Gendarmería o la Corporación de Asistencia Judicial, entre otros.

"Para una mujer, la privación de libertad es una vulnerabilidad particular, compuesta por distintos factores, que requieren ser atendidos desde una perspectiva de género. Por esto, el objetivo de la unidad es facilitar el acceso a la justicia, y contribuir al cumplimiento de la obligación del Estado respecto de las mujeres privadas de libertad, quienes no deben ser sometidas a ninguna forma de discriminación y violencia mientras se encuentren en esta situación".

Fallo

Llorente destacó el inédito fallo de la Corte Suprema en materia penitenciaria, que el pasado 10 de agosto determinó sustituir la condena efectiva de una mujer embarazada por la reclusión domiciliaria total, debido a la falta de cuidados y atenciones médicas, como irregularidades en su alimentación y falta de controles ginecológicos. Esto, producto de un recurso de amparo presentado por el defensor especializado en materia penitenciaria, Francisco Hernández, cuya apelación fue resuelta por la Corte Suprema, que por primera vez acogió la normativa internacional que obliga al Estado de Chile y a sus tribunales a adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos y la integridad de las mujeres, en especial de todas aquellas que se encuentran privadas de libertad.

Causas

Durante 2021, la Defensoría asumió la representación de 21.100 causas, lo que significa una disminución del 8,11% respecto de las ingresadas en 2020. De este total, un 50% corresponden a la provincia de Llanquihue (10.981), un 24% a Osorno (5.163), un 21% a la provincia de Chiloé (4.576) y casi un 2% de las causas, a la provincia de Palena (374).

Respecto de los delitos, un 32% (6.754) de todas las causas ingresadas el año pasado se agruparon bajo la categoría "otros delitos", que en su gran mayoría fueron infracciones sanitarias, es decir, relacionadas con las restricciones impuestas por la autoridad producto de la pandemia. El grueso de estas infracciones se registró entre enero y abril de 2021, lo que implica un período más breve, y un número menor de causas por este motivo.

"De todas las causas terminadas el año pasado, que tuvieron una imputada mujer (2.344), el 40% (954) terminó sin condena"

María Soledad Llorente, Defensora regional

2021 es el año donde se representaron a 1.457 mujeres en la Defensoría Penal Pública en la región.

40 por ciento del total de causas defendidas durante el año pasado terminaron sin condena en la región.

10 de agosto la Corte Suprema benefició a una reclusa embarazada para que cumpla pena en su hogar.