Erwin Schnaidt

La comisión transitoria de fiscalización del Consejo Regional (Core), identificó 23 obras con financiamiento regional (FNDR) que están paralizadas y liquidadas en las cuatro provincias de la Región de Los Lagos, por las cuales han sido pagados más de 12 mil 348 millones de pesos, de los más de $29.608 millones contratados.

En un 22 por ciento de esos casos, la paralización se debe a insolvencia económica de las contratistas; un 13% por liquidación y un 4 % (un caso) por factores externos, como el hallazgo de restos arqueológicos en Hualaihué. Asimismo, definió que un 61% de los trabajos en condición de liquidados responde a incumplimiento de contrato por parte de las empresas contratistas, lo que podría derivar en acciones judiciales contra los responsables, ya sean los municipios (mandantes) o las empresas.

Entre las iniciativas afectadas por esta condición están la reposición parcial del Liceo Politécnico de Calbuco, así como la construcción de un centro de diálisis en el hospital de esa ciudad; además de la reposición del estadio Ewaldo Klein de Puerto Varas y del cuartel de la Sexta Compañía de Bomberos de la comuna lacustre.

Reactivación

No obstante, también se consideró que de ellas hay 15 que podrían reactivarse entre 2022 y 2023. En el desglose por provincias, Chiloé mantiene nueve obras paralizadas; Llanquihue, siete; Osorno, cinco; y, hay otras dos en Palena.

También se definió que seis iniciativas de inversión presentan altas probabilidades de reactivación durante lo que resta de 2022. Una en Chiloé y Palena, y otras dos en Osorno y Llanquihue. Para conseguirlo, será necesario hacer una priorización presupuestaria, especificó el consejero regional Francisco Reyes (PS), quien preside esa comisión especial.

Expuso que deben ser capaces de ordenar la inversión de este año "para que el máximo de obras de esas 15, puedan iniciar avances a partir del nuevo presupuesto que van a demandar".

Reyes admitió que en la mayoría de esos proyectos habrá un aumento de presupuesto, lo que no puede exceder de un 20% del monto original asignado, según instructivos de la Dirección de Presupuesto (Dipres), para su reactivación. Si se cumple con ese requisito, se evitará tener que reiniciar el proceso de revaluación por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mideso).

Consultado si es que existen los recursos en el Gobierno Regional para financiar este mayor gasto, el core Reyes definió que esa priorización presupuestaria "nos permitirá decir que podemos partir con tal obra y con otras vamos a tener que esperar, de acuerdo al presupuesto que tengamos disponible".

Camino judicial

En cuanto a si este incumplimiento de las empresas constructoras que se declararon en insolvencia económica dará cabida a alguna persecución judicial, Reyes especificó que entre las acciones que van a emprender durante el segundo mes de funcionamiento de esa comisión, está considerado estudiar eventuales multas o recargos a las empresas, en caso de haber incumplimientos menores.

Pero, si es que así se requiere y lo amerita, podrán recurrir a la vía judicial. El core anticipó que "estamos planteando evaluar la posibilidad de concurrir al Consejo de Defensa del Estado (CDE) o iniciar desde el Gobierno Regional una mirada respecto a la judicialización de los procesos", en su rol de velar por la correcta aplicación de recursos públicos.

El core Rodrigo Wainraihgt (RN), quien integra esa comisión y preside la de Infraestructura, añadió que pudieron verificar que tras la declaración de insolvencia económica por parte de la empresa y el abandono de las obras, no se ha abierto la vía judicial.

"En esta comisión de investigación hay un departamento jurídico que pertenece al Gobierno Regional, al que mandatamos hacer un estudio para que más allá de temas administrativos (Contraloría), ver qué tipo de acciones judiciales se pueden presentar ante los tribunales de justicia, cuando veamos una manifiesta negligencia o indolencia de la municipalidad (mandante) o de la constructora", definió.

Wainraihgt precisó que se hace compleja la relación del Gore frente a la empresa, ya que "nosotros solamente entregamos los recursos a la municipalidad. Entonces, tenemos que determinar si perseguimos judicialmente a la municipalidad o a la empresa. Eso es lo que tiene que quedar claro".

Situación crítica

Aparte de estas 23 iniciativas detenidas, el core Reyes también hizo mención que existen otras cinco "en situación crítica". Se trata, explicó el presidente de esta comisión transitoria, de casos en los que existe una notificación de paralización de la obra.

Bajo esa condición está la reposición del cuartel general y de la Primera Compañía de Bomberos de Los Muermos, la construcción de la estación de transferencia La Campana de Calbuco, el mejoramiento integral del estadio municipal de Queilen, la reposición del liceo Carmela Carvajal de Prat, de Osorno; y, el mejoramiento de la calle El Teniente, de Puerto Montt. Especificó que ello no implica que haya comenzado el proceso para liquidar esos trabajos. "Es una situación crítica, porque -de algún modo- es una noticia en desarrollo", apuntó. Además, hay 14 proyectos Fril, que representan el compromiso de una inversión de $1.033 millones, para lo que se ha pagado casi $515 millones.

Sin empresas

En tanto que Wainraihgt reveló que en esa comisión han detectado empresas que no cuentan con condición económica ni calificación para ejecutar esos contratos. "Lo que hacen es asociarse con algunas que sí tienen esas variantes, que son más grandes. De esa manera pueden postular a estas obras. Entonces, lo que tenemos que ver es cuántas de esas obras han quedado abandonadas por esas empresas", dijo.

Añadió que de las constructoras que ejecutaban obras públicas en la región, "solo están quedando dos" que cumplen con requisitos exigibles para asumir compromisos de esa magnitud, ya que "el resto, todas han sido liquidadas y han terminado". Por ello, anticipó que pueden enfrentar una situación más grave en 2023, "porque quedan muy pocas empresas constructoras con experiencia. Vamos a encontrarnos con la situación que vamos a tener recursos, pero no vamos a tener empresas para poder ejecutar las obras".

"Estamos planteando evaluar la posibilidad de concurrir al Consejo de Defensa del Estado o a la judicialización de los procesos"

Francisco Reyes,, presidente de la Comisión Transitoria de Obras Paralizadas.