Inclusión para discapacitados
Aunque se ha avanzado bastante en esta materia en el país, sin duda queda mucho para alcanzar reales niveles de integración. Es crucial que toda la comunidad se involucre en la inclusión de las personas discapacitadas, más allá de las declaraciones.
Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. La mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello, la Ley 20.422, que entró en vigencia hace ya 12 años, promueve la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es, por lo tanto, deber de todos (ciudadanos, empresas y Estado) contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas.
Si bien es necesario reconocer que ha habido importantes avances, aún falta mucho para conformar una sociedad tolerante e inclusiva. La delantera en este tema la llevan los organismos del Estado, en todos sus niveles. Hoy es posible ver cómo las municipalidades se han preocupado de disponer los correspondientes rebajes de soleras en las esquinas, para el paso de las sillas de ruedas, o bien se han habilitado semáforos con sonido, que ayudan a las personas ciegas a desplazarse de manera autónoma por algunos lugares de la ciudad. Asimismo, los edificios de servicios públicos, habitacionales y centros comerciales han construido accesos desnivelados, aunque todavía son muchas las construcciones particulares que no los tienen. Así como también falta desarrollo en esta materia en los barrios, donde hay veredas irregulares, falta de pavimento u otras falencias que es necesario corregir para, de alguna manera, ir nivelando la cancha.
Es cierto que la legislación sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, pero todavía falta, en especial respecto de la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas. Además, una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese importante segmento de la población, respetar sus derechos y darle las oportunidades necesarias.