Por nueve votos a favor y uno en contra, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó la "Ley Chao Dicom" para eliminar registros de deudas morosas de hasta $2,5 millones, al 30 de abril de este año. La iniciativa en ningún caso caduca los montos impagos; solamente prohíbe el uso comercial de los antecedentes sobre ellos.

Si se aprueba, sería la cuarta norma de este tipo aplicada en las últimas dos décadas en Chile. La primera fue promulgada en 2002, cubría hasta $2 millones y buscaba facilitar la reincorporación laboral. Diez años después, en 2012, se determinó restringir el uso de datos sólo para fines financieros. Más de 2,8 millones de deudores accedieron entonces a la medida.

En agosto de 2020, plena pandemia, una nueva modificación a la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada estableció borrar del boletín comercial a 300 mil morosos por créditos de educación superior. Esa idea corrió paralela a la propuesta que se estudió para eliminar historiales de personas y empresas de menor tamaño, por compromisos contraídos después del estallido social del 18 de octubre de 2019. Ahora, el proyecto en la Cámara Baja recoge ese mismo argumento sobre las dificultades económicas de los últimos tres años, sobre todo para quienes debieron reinventarse.

Todas esas acciones legales han buscado ayudar en momentos de crisis y, en lo inmediato, siempre lo han logrado; pero hay riesgos. De acuerdo al Banco Central, en 2012 la tasa de reingreso al boletín llegó a 21% en 12 meses. Es decir, muchos regresaron al mismo escenario de desequilibrio financiero inicial.

Ahora debiera prevenirse esa realidad. Apoyar con un nuevo "Chao Dicom", disminuir la discriminación a los morosos, pero de la mano con educación frente a los condiciones en que se contraten nuevos créditos. Con menos información -en el sistema y para las personas- suben las opciones de sobreendeudamiento. Y esa es una pesada mochila, aunque exista siempre prioridad para saldarla, tal como se vio con el uso dado a los bonos y los retiros de AFP; herramientas que ahora ya no están.

La encuesta semestral de la Universidad de Los Lagos, en las cuatro capitales provinciales, permite tener señales de la evolución de algunas dimensiones de la situación regional. La encuesta arroja una mejoría en la evaluación general de la región. En promedio esta obtiene una nota de 3,9 (escala de 1 a 7), frente a un 3,3 en octubre de 2021. Al examinar las variables mejor evaluadas o que más incrementan su evaluación, estas están asociadas a la mejoría de la situación postpandemia.

Es el caso de las oportunidades de trabajo (4,8), posibilidad de un buen sueldo y oportunidades de entretención y cultura y de consumo. Caso aparte es el acceso al agua potable (4,8), siempre bien evaluada en las ciudades, pero sin una mirada regional que incorpore al mundo rural. Las dimensiones peor evaluadas: vivienda, salud, seguridad y participación ciudadana (la que menos mejora), comparten un 3,4 al fondo de la tabla.

Estas evaluaciones conducen a las personas a priorizar salud y educación como desafíos principales para el Gobierno Regional. Ambas materias están bajo administración municipal, lo que plantea un desafío de articulación entre los dos niveles de gobierno, todavía muy débil. Seguridad, vivienda, sustentabilidad y actividad económica completan el menú demandado mayoritariamente al Gobierno Regional. Se aprecia que la demanda ciudadana no está alineada con las competencias que por el momento tiene la autoridad regional, quedando un importante camino por recorrer.

Entre las autoridades, sólo el Presidente Gabriel Boric supera el 50% de evaluación positiva. Luego vienen los alcaldes y concejales, con un importante descenso respecto de siete meses atrás. La desaprobación supera a la aprobación respecto de los alcaldes. El nivel regional es débilmente reconocido, predominando quienes no expresan una evaluación. El gobernador mejora su evaluación positiva (32%), pero son más las personas que no tienen opinión. Lo mismo sucede con parlamentarios, cores, seremis y delegados.

El ámbito regional todavía está al debe y este es el momento para fortalecerlo y hacerlo visible, en el marco de una profundización de la descentralización. Respecto de otras instituciones destaca la Universidad de Los Lagos (71% de evaluación positiva), seguida de la PDI y universidades privadas, que se empinan sobre el 50%, mientras Carabineros baja respecto de la medición anterior. Estos datos alimentan el debate y orientan decisiones futuras, ayudando a definir acciones que apunten a mejorar el desempeño regional.

Gonzalo Delamaza, investigador

del Ceder de la ULagos

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