El alto precio del cobre ha llevado al surgimiento de bandas organizadas que roban los cables de las redes de telecomunicaciones y de electricidad, para venderlos en el mercado negro. Incluso se estima que falsifican documentos para su exportación a países vecinos.

Estos robos y el vandalismo a lo largo del país interrumpen los servicios, dejan incomunicados a miles de hogares y empresas, y obligan a suspender la atención en servicios públicos, de salud, y bancos, entre otros, lo que genera un enorme impacto directo en la calidad de vida de las personas, y el funcionamiento de la economía. Según la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, que agrupa a las mayores empresas en servicios de internet, telefonía móvil y fija y televisión de pago, la industria interpuso 1.555 acciones judiciales (querellas y denuncias) por estos robos entre octubre de 2021 y marzo del presente año, lo que representa un incremento de 344% en estos seis meses.

El robo de cables de cobre y otros elementos de telecomunicaciones no sólo implica que cientos de personas queden sin suministro eléctrico y la interrupción de servicios de telecomunicaciones, sino que hay otra serie de trastornos asociados a estas prácticas. El presidente de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones ha dicho que esto obliga a suspender en los sectores afectados las atenciones de salud, educación, servicios bancarios, semáforos o cajeros automáticos. En algunos casos, el Registro Civil y el Ministerio Público han visto interrumpido su trabajo por esta razón.

Las empresas también han pedido considerar sanciones específicas a la receptación de los implementos robados de la red, pues el crimen organizado utiliza las chatarreras y otros lugares como negocios fachada y para el acopio de los implementos robados. Y también solicitan que el Estado se haga parte de las querellas, pues estos cortes afectan la vida de todas las personas y empresas que utilizan los servicios de energía y redes internet.

Habiendo terminado la votación de los informes en el pleno, existe un borrador constitucional que pasará a la Comisión de Armonización. También ya se conformaron la Comisión de Normas Transitorias y la de Preámbulo. Dicho lo anterior, planteamos para la discusión puntos que se leen como privilegios y que pueden tener efectos adversos para actores del borde costero, emprendedores, sector acuícola y marítimo portuario; puertos, astilleros, pesca artesanal, recolectores de orilla, trabajadores y proveedores de las industrias que se desarrollan en el territorio. Como muestra, un par de cuestiones.

Respecto del mar, dependerá de una futura legislación toda la regulación específica del "maritorio". En general, la preocupación está en la generación de privilegios para los pueblos originarios y el derecho a "veto" que se les otorga a sectores minoritarios con capacidad para desestimar acuerdos de las mayorías. Esto equivale a la pérdida de un principio democrático universal de "a una persona, un voto", discriminación que rompe con el concepto de "igualdad ante la ley".

Un ejemplo es el punto 6, artículo 5, que señala que los pueblos originarios son los protectores del territorio marítimo. En la práctica, la aplicación de la Ley Lafkenche que otorga privilegios sobre dicha zona a los pueblos originarios, ha significado un estancamiento de distintos proyectos de actores que participan del borde costero.

Este carácter protector es un derecho a veto que puede generar un freno al desarrollo de las actividades ya señaladas, afectando además a miles de personas que viven en las localidades más aisladas de la zona sur austral como a los pequeños emprendedores. Es contradictorio esto, además, al establecer dicho privilegio para un sólo sector cuando el mismo texto, en el punto 145, artículo 4, precisa en forma correcta que la protección es deber del Estado.

El punto 67, artículo 59, otorga escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas. El 148, artículo 7, a nuestro juicio de manera correcta, entrega poder de participación a las entidades regionales definidas en el mismo texto. Sin embargo, al dar a los pueblos y naciones preexistentes al Estado que deban ser consultados y otorgar el consentimiento libre, no resulta práctico ni resolutivo generar una administración regional con participación diversa, si las decisiones que pueden tomar pueden a su vez ser "vetadas" por estos grupos.

Hay otros puntos que van en el mismo sentido que expongo, por lo que resulta importante informarse en conciencia sobre los alcances del texto propuesto.

Héctor Henríquez Negrón, gerente general de Armasur

80 años | 23 de marzo de 1942

Vecinos de Alerce solicitan el paso de las góndolas

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Se querellan contra presunto "sicópata"

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