Las calles de las comunas más densamente pobladas muestran el enorme crecimiento que ha experimentado el parque automotor durante los últimos meses, lo que ha provocado una serie de problemas que deben comenzar a ser abordados de manera seria, tanto por las autoridades a cargo del tema como de manera individual, por todos quienes hacen uso del espacio público.

Si bien el principal efecto que esto ha traído es la saturación de importantes vías que colapsan ante la gran cantidad de automóviles que se desplazan a ciertas horas del día, generando congestión y ralentización de los desplazamientos, también se observan ciertas conductas a nivel individual de algunos conductores que obligan a poner atención en esta materia.

Ello porque es preocupante la agresividad de ciertos conductores que hacen caso omiso a la señalética vial y adoptan hábitos reñidos con la normativa que pueden desencadenar accidentes de tránsito. Ejemplos de comportamientos de este tipo se ven a diario en arterias de alto flujo, donde son habituales los desplazamientos a altas velocidades de algunos choferes que conducen de manera violenta, imprudente y reñida con la normativa.

A esto se agrega el uso de teléfonos móviles mientras se conduce, lo que da cuenta de la complejidad de un problema cuyas consecuencias pueden ser en extremo peligrosas, y que ya se evidencian en las colisiones que a diario se registran en las comunas de la región, la gran mayoría de ellas generadas por irresponsabilidades tras el volante.

Se hace necesario, entonces, idear estrategias para poner fin a este problema, ya que más allá de la vigilancia y sanción que se le pueda imponer a quienes no respetan la normativa, es imperativo propender hacia una real toma de conciencia por parte de quienes asumen la tarea de guiar un vehículo motorizado.

Investigaciones respecto a los desastres socionaturales han mostrado que sus consecuencias se prolongan más allá del momento de emergencia. No solo por los efectos psicológicos en las personas, sino también por el trauma que significan los recovecos técnico-burocráticos del proceso de recuperación y reconstrucción.

La institucionalidad no solo se puede evaluar por la forma en que opera antes y durante un evento desastroso, sino que además por la forma en que esta está diseñada para conectarse con las personas en su dignidad de ciudadanos y no solo como víctimas pasivas.

El incendio del 9 de diciembre del año pasado dejó a cerca de 400 personas damnificadas en Castro. Este desastre dio cuenta de la solidaridad de los chilotes quienes, a través de una minga, lograron sacar los escombros en pocos días y al mismo tiempo llevar las conversaciones con las autoridades nacionales y locales para recuperar su espacio y sus casas.

La promesa de la reconstrucción fue inmediata a través de la colaboración público-privada. Vecinos y vecinas vieron una luz de esperanza después del infernal incendio que se llevó todo a su paso.

Sin embargo, para 20 familias esta luz no fue tal, cuando luego de una serie de rumores les confirman que no podían quedarse donde habían vivido legítimamente por 30 años. El dictamen fue que vivían en una zona de peligro y debían tomar o dejar una cantidad de dinero que claramente no compensa su esfuerzo de años y su arraigo territorial.

Las razones técnicas de la erradicación no son aún claras para estas familias de la Población Camilo Henríquez de Castro, así como tampoco las razones de no mitigar los peligros a través de obras estructurales o de manejo forestal. Lo que está claro es que un procedimiento no participativo de ordenamiento territorial está dejando una comunidad dividida entre que los que se quedan y los que deben irse. Entre los que están en el camino de la recuperación y los que siguen viviendo el desastre después del desastre.

Dr. Ricardo Rivas Rivas Académico del Ceder ULagos

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