La Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso que el 1 de diciembre de cada año se recuerde el Día Mundial del Sida, para dar a conocer los avances de la lucha contra el VIH/Sida. Este año, al igual que el anterior, la conmemoración tuvo un significado especial, debido al impacto negativo que la pandemia dejó en la respuesta global contra el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, que podría causar entre 69.000 y 148.000 muertes adicionales en el mundo entre 2020 y 2022.

Un reporte mundial de ONU Sida señaló que en Chile había el año anterior 71 mil personas que viven con esa enfermedad, de las cuales sólo 45 mil reciben tratamiento. Ya en el informe de 2016, Chile aparecía como el país en Latinoamérica con la mayor alza en casos confirmados.

Las autoridades de salud se habían planteado el desafío de que al 1 diciembre de 2020 la epidemia de VIH estaría controlada en Chile, para lo cual se debía encontrar a las personas que viven con el virus a fin de que accedan al tratamiento que está garantizado a través del Auge, y una vez que estuvieran en tratamiento, que evitaran transmitir el virus a otras personas. Sin embargo, la pandemia obligó a postergar los tratamientos de varias enfermedades, con el fin de destinar todo el personal y equipamiento a enfrentar el nuevo desafío.

Los problemas endémicos en la respuesta a esta enfermedad, que causó 690.000 muertes en el mundo durante 2019, contribuyeron a que otro virus, como el covid, se propagara más rápidamente. El informe de ONU Sida indica que si los sistemas sanitarios y redes de seguridad social hubieran sido más fuertes, el planeta habría estado mejor posicionado para frenar el coronavirus.

Son varias las causas que en Chile han llevado en los últimos años a un alza en los contagios de VIH/Sida, aunque se considera que había pasado a ser un tema olvidado para aquellos que creen no ser portadores de la enfermedad. Asimismo, influye la mayor liberalidad sexual, un rechazo a adoptar medidas preventivas y las deficiencias en la educación sexual. Lo cierto es que en el último tiempo hubo más personas contagiadas y, lo que es más preocupante, en segmentos cada vez más jóvenes, entre 15 y 29 años. Claramente, es un tema de suma urgencia.

El 22 de noviembre pasado se habilitó por fin la primera instancia de participación ciudadana formal y abierta en la Convención Constitucional. Se trata de la plataforma digital de participación, a la cual se accede desde el sitio de la Convención. A través de ella se comenzó a implementar el primero de los instrumentos de participación contemplados: la iniciativa popular de norma constitucional. Mediante este mecanismo cualquier persona mayor de 16 años puede inscribir una iniciativa para que sea considerada en el debate de los constituyentes si es que reúne suficiente apoyo popular.

¿Cómo hacerlo? Lo primero es reunir ojalá un grupo relevante de personas y organizaciones en torno a un interés común y deliberar acerca de como les interesaría que ello quedase reflejado en el texto constitucional. Una vez que se tiene una propuesta viable y que podría ser apoyada por muchos, se debe ingresar en el Registro de Participación (en la misma plataforma), para lo cual basta tener clave única o cédula de identidad. Si se trata de una persona migrante sin RUT, es importante que consiga alguien que lo tenga para que la presente.

Una vez registrada la persona se puede presentar la iniciativa, para lo cual se deberá llenar un formulario muy simple y breve donde se expresan los fundamentos de la iniciativa, el problema que se quiere solucionar y el o los artículos que se propone aprobar.

La Comisión de Participación analizará todas las propuestas en cuanto a su admisibilidad (que no viole un tratado internacional de derechos humanos) y su pertinencia constitucional. Cuando ello ocurra la iniciativa será publicada en el sitio y comenzará la etapa más importante: la recolección de firmas que la patrocinen. Si la iniciativa alcanza 15.000 firmas en al menos cuatro regiones antes del 31 de enero próximo, deberá ser ingresada al debate en los mismos términos que lo hacen las iniciativas presentadas por los convencionales. Cada persona puede presentar hasta siete iniciativas y patrocinar otras siete.

La iniciativa popular de norma es una innovación democrática usada mucho en otros países en el ámbito legislativo y en procesos constituyentes. Es una ventana abierta a la ciudadanía para hacerse presente en el debate y avanzar con las agendas que la representan. Es un importante primer paso en esa dirección de nuestra Convención.

Gonzalo Delamaza, investigador

del Ceder de la ULagos

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