El abogado defensor del Presidente Sebastián Piñera por el caso Dominga, Jorge Gálvez, expuso ayer ante la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados por más de tres horas, tiempo en el que apeló a un "mal entendimiento" de la estructura empresarial en que se desarrolló el proyecto minero, ya que el paso por las Islas Vírgenes Británicas respondería a la búsqueda de inversión extranjera, no a eludir impuestos, como apunta la investigación internacional Pandora Papers.

A pesar de la extensa argumentación realizada ayer por Gálvez, no alcanzó a exponer el último capítulo de sus razonamientos, el que apela, precisamente, a las posibles vulneraciones a la Constitución que tendría el hecho de que el Presidente eventualmente haya beneficiado negocios de cercanos -las familias Piñera Morel y Délano -, razón por la cual hoy se retomará la sesión a las 10:00 horas.

El abogado destacó que la acusación constitucional contra el mandatario se vale de un "inteligente uso del lenguaje, de una serie de recursos que se utiliza para efectos e adecuar mañosamente la realidad de los hechos" y "no establece ningún hecho que sea constitutivo de los ilícitos constitucionales que en ella se imputan".

Agregó que a través de "hechos que se tratan de traer desde el pasado al presente", podrían significar la eventual destitución de Piñera, en sus palabras, un "destierro político".

Tanto La Moneda como medios internacionales han destacado en las últimas jornadas que "desde el retorno a la democracia en 1990, en Chile todos los presidentes han terminado su mandato".

Gálvez repasó los veredictos de las cortes Suprema y de Apelaciones, ambos favorables al proyecto Dominga, es decir, se trata de una "verdad judicialmente establecida" que Piñera no participó del proceso de venta. Si existieran nuevos antecedentes, agregó el abogado citando la tesis de la Fiscalía, "claro" que estos veredictos podrían dejarse sin efecto, pero "no contienen nuevos antecedentes" respecto al proceso de 2017.

"Demostraré que la acusación se basa en hechos falsos, desde una perspectiva estrictamente fáctica, no tiene ni ofrece prueba de sus dichos, se basa en meras especulaciones que reconoce expresamente como tales", destacó Gálvez y dijo que "los acusadores se han forzado a sostener que el Presidente en su actual mandato habría intervenido en el procedimiento de calificación ambiental del proyecto minero, que habría omitido actuaciones destinadas a proteger la zona de La Higuera para favorecer el proyecto; y que uno de tales actos correspondería a omitir la firma del tratado de Escazú, lo que en la acusación se vincula con este presunto deseo del Presidente de favorecer a Dominga".

Atraer capital

Gálvez señaló que "no es efectivo que el Presidente haya intervenido en la decisión de venta del proyecto" Dominga. Es más, aseguró que "el proyecto no fue vendido por la familia del Presidente, la venta fue materializada por los gestores del proyecto minero Activa S.A con los compradores del Grupo Délano y el acuerdo fue suscrito sin la comparecencia del representante administrador del fondo formado por la sociedad de los hijos del Presidente".

Luego explicó que Nicolás Noguera, gerente general de la family office de la familia Piñera Morel, autorizó la inversión en el proyecto Dominga, parte de Andes Iron (que cambio de nombre al descubrirse vetas de hierro, sumado al cobre) "porque puede poner el dinero, pero no hacer la administración", a cargo del grupo Larraín Vial.

Andes Iron, entonces, según la defensa, fue creada en Islas Vírgenes "para dar confiabilidad a inversores extranjeros", ya que Chile es un país en vías de desarrollo. Carlos Alberto Délano al ver que la "inversión es seria", decide "traer el porcentaje de Islas Vírgenes a Chile", y Noguera no firma la cláusula, lo cual desvincularía a la familia Piñera.

El movimiento, continuó el abogado, "no tiene impacto tributario. (...) No hay evasión ni elusión, esto fue reconocido por dos directores del SII" en 2017.

"no hay ninguna prueba"

Gálvez, finalmente, acusó que se "malentiende la estructura del negocio", porque los diputados "no dieron el tiempo adecuado a sus asesores" para entender el proceso tras el movimiento financiero que se cuestiona a partir de la investigación Pandora Papers.

"No hay ningún rastro, información, prueba, aporte ni un indicio que establezca la acusación en términos de que haya existido una intervención del Presidente", indicó, mientras que el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, reiteró que la acusación tiene la motivación electoral de afectar los comicios del 21 de noviembre.

La reunión de comité de la Cámara Alta decidió ayer dejar fuera de tabla el proyecto de ley que autoriza el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP, es decir, esta no se realizará entre los días 2 y 5 de noviembre, al igual que la iniciativa de indulto a los detenidos en manifestaciones. Sin embargo, el martes se revisaría nuevamente la agenda, pudiendo incluir las mociones. En caso contrario, estas ingresarían a discusión pasado el 8 de noviembre, por lo cual se dificulta su aprobación antes de las elecciones.

El comité del Senado no logró un acuerdo sobre la urgencia de discutir un nuevo retiro de los fondos previsionales, así como tampoco del indulto, pese a que ambos se encuentran listos para este trámite luego de ser despachados por la comisión de Constitución.

La presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón (DC), explicó tras la reunión que "no está descartado" que el cuarto retiro pueda entrar en tabla, pero "vamos a respetar el acuerdo unánime" de volver a evaluarlo el martes, ya que, formalmente, los informes de la comisión no han llegado a la Sala.

Al no tener los documentos, continuó la legisladora, "muchos colegas han planteado que si no hay claridad de cuáles van a hacer las modificaciones en la discusión en particular, no puede votarse en general, (...) entonces, en ambos casos (retiro e indulto) hay que construir los acuerdos para proceder a la votación".

Sobre si existe la posibilidad de que el cuarto retiro se vea antes de las elecciones (21 de noviembre), Rincón dijo que "podría" ser así, pero dependerá de los acuerdos de comités.

El presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, agregó en Mega que "lo veo bastante difícil, no creo que alcance a ser ley antes del 21 de noviembre por las complejidades que tiene".

A esto se añade que el calendario podría ser modificado "si es que la Cámara de Diputados aprueba la acusación constitucional contra el Presidente Piñera. Es probable que esos sean dos o tres días de sesiones y a esto se suma que tenemos que despachar el Presupuesto de la nación, entonces la agenda del mes de noviembre es muy complicada", sostuvo Araya.

Su senador independiente Carlos Bianchi afirmó, en tanto, que "repudio absolutamente el acuerdo de los comités políticos del Senado que dejaron fuera la posibilidad de votar el 2 de noviembre y lo postergaron para el 8. Me llegó la tabla (de la próxima semana), y viéndola, hay proyectos que están para rellenar más el día que proyectos que tengan una urgencia inmediata".

"pésimos proyectos"

El ministro vocero, Jaime Bellolio, dijo que esta exclusión del calendario se debe a que "yo creo que (los legisladores) se dan cuenta que son pésimos proyectos. Nosotros (como Ejecutivo) hemos dicho que el cuarto retiro es un muy mal proyecto por los efectos nocivos que tiene para las personas", en alusión al eventual incremento del costo de la vida, alimentos y créditos hipotecarios.