Adiferencia de lo que ocurrió en 2020, cuando la situación crítica de la pandemia obligó a suspender la celebración de Fiestas Patrias, este año la situación ha mejorado considerablemente, debido al gran avance que ha tenido la campaña de vacunación contra el covid-19. Más del 90% de la población objetivo en el país tiene al menos una dosis de la vacuna, lo que explica que en las últimas semanas haya descendido notoriamente la cantidad de personas contagiadas.

Las familias se preparan para celebrar este "18" y es de esperar que lo hagan de manera segura y responsable. En ese sentido, toman especial importancia los recursos que han recibido por los retiros del 10% de las AFP y por una serie de ayudas económicas dispuestas por el Gobierno, como el Ingreso Familiar de Emergencia, a los que se sumarán los aguinaldos que tradicionalmente pagan las empresas a sus trabajadores.

La pauta siempre la entrega el sector público, que para este año asigna montos que van desde los 53 mil a los 76 mil pesos, dependiendo de las escalas de remuneraciones de sus funcionarios, en tanto para los pensionados, el monto base del aguinaldo es de poco más de 20 mil pesos. Para el sector privado, la entrega del aguinaldo es más bien voluntaria, aunque si la empresa lo ha otorgado en ocasiones anteriores, se entiende que opera como un derecho adquirido por los trabajadores.

Los trabajadores valoran mucho el beneficio y los empresarios lo consideran como un incentivo para retener y comprometer más a sus empleados. El aguinaldo no sólo favorece al empleado, sino que impacta en el bienestar familiar y ayuda a dinamizar la economía, en especial al comercio. Las encuestas indican que al menos un tercio de los trabajadores lo destina a comprar alimentos, en especial carne para los asados, vinos y bebidas, y el resto considera pagar cuentas o deudas.

Para el comercio, esta fecha es tradicionalmente muy esperada, pues los recursos se canalizan de preferencia al consumo, de manera que es la oportunidad de aumentar las ventas. El llamado, por supuesto, pasa por mantener la cautela en una tendencia de consumo familiar que lleva meses al alza en el país.

El estallido social de 2019 es un hito crucial en la historia sociopolítica de Chile, al poner en primer plano las necesidades y demandas de las poblaciones en exclusión social. Al estallido se sumó la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia, que ha relevado las numerosas formas de pobreza y vulnerabilidad que han impactado directamente en la contención del covid-19: hacinamiento, masificación del empleo informal y precario, prevalencia de enfermedades asociadas al consumo de alimentos baratos y nocivos para la salud, entre otras.

La pandemia demostró que logros en apariencia consolidados escondían una vulnerabilidad demasiado grande como para volver a ocultarla. La pobreza está lejos de ser un problema superado en Chile, de hecho, ha aumentado. Y existe una suerte de "lógica de la postergación" de los grupos más pobres y vulnerables, a quienes no se les hace partícipes de la solución de sus problemas. No se les pregunta, no se les oye, no se les considera.

Una convivencia social armónica requiere reducir las enormes brechas entre los estratos más privilegiados y los más desventajados, lo cual requiere que los grupos especialmente vulnerables descritos en el documento "Constitución y Pobreza", que redactamos nueve organizaciones de la sociedad civil y que presentamos a la Convención Constituyente, sean parte de las discusiones en pos de la nueva Constitución, y puedan ocupar un lugar dentro de esta nueva carta magna.

Para alcanzar la inclusión plena y efectiva de las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión se requieren cambios sociales en distintos niveles y con diferentes grados de profundidad, consagrando el reconocimiento de las personas como titulares de derechos con relación a recursos imprescindibles. Proponemos además reconocer el derecho a prestaciones específicas de determinadas poblaciones vulnerables, como el acceso a terapias de rehabilitación en el caso de las personas en situación de discapacidad, o el de servicios de largo plazo en el de las personas mayores y de las que viven en situación de calle. Esta protección, nuevamente, debe considerar un mandato específico al Estado: ser garante de principios como la dignidad y la justicia social. Esperamos que así sea.

Paulo Egenau, director social

nacional del Hogar de Cristo

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