La delincuencia se ve potenciada por la gran cantidad de armas que están en manos de antisociales y, sobre todo, de bandas de narcotraficantes, que disponen de armamento de alto calibre para utilizarlo con el fin de resguardar la distribución y venta de drogas. Carabineros ha revelado que en lo que va del presente año se han practicado 5.321 detenciones con incautación de armas de fuego y blancas, la mayoría de ellas en poder de adultos, pero también de niños y adolescentes.

El narcotráfico es el campo delictivo más relacionado con el uso de este poder de fuego. Resulta alarmante ver cómo en las redadas realizadas por las policías, se decomisan pistolas y revólveres hasta a menores de edad, lo que indica que pese a los operativos que se realizan y a la destrucción de material, queda mucho más en circulación o que así como salen, se van reponiendo. Ya no son extraños los casos de balaceras entre traficantes en las poblaciones, que pugnan por el control de los barrios, sino que también los asesinatos y "ajustes de cuentas" de miembros de bandas rivales.

Carabineros y la PDI incautan con frecuencia armas de fuego y municiones en sus operativos policiales, y a la vez recogen el material que la ciudadanía opta por entregar en forma voluntaria. El proceso de entrega voluntaria se realiza en cualquier unidad policial, donde la persona puede identificarse, si lo desea, o bien puede mantener el anonimato.

Las autoridades han señalado que han aumentado los procedimientos policiales ligados al desbaratamiento de bandas criminales y, adicionalmente, se ha incautado el material que había sido utilizado por delincuentes para cometer delitos violentos, y que se funde y recicla. Sin embargo, se calcula extraoficialmente que unas 230 mil armas legalmente inscritas en el país no tienen paradero conocido, porque han sido declaradas por sus dueños como robadas, extraviadas o están inscritas a nombre de personas ya fallecidas.

Se constata que a pesar de los esfuerzos, se trata de un problema en aumento que pone en riesgo a toda la población.

Durante el mes pasado se anunció que el proyecto de ley que reforma el artículo 94 bis del Código Penal y la ley para establecer la imprescriptibilidad de delitos sexuales sin importar la edad de la víctima, fue aprobado por la Cámara de Diputados unánimemente. Corresponde ahora su tramitación en el Senado. La abrumadora votación revela un acuerdo transversal acerca de la necesidad de modificar, por tercera vez en menos de 15 años, el régimen del plazo para la extinción de la posibilidad de perseguir y sancionar esta clase de delitos.

Haciendo un enfoque puntual en la decisión tomada podría considerarse que estamos ante una buena noticia. Porque se entiende que los integrantes de la Cámara Baja no tienen duda alguna de que la imprescriptibilidad para los delitos sexuales es la solución esperada para, cuando menos, iniciar el declive en el número de casos que año tras año llegan a la Fiscalía.

La seguridad demostrada en la adopción del acuerdo, asimismo, debiera producirnos tranquilidad, pues no siendo los congresistas expertos en el tema -y no ser este uno de carácter meramente político, sino de verdadera complejidad técnica probablemente antes de su votación e, incluso, de la presentación del proyecto-, se hayan encargado estudios rigurosos a profesionales del área.

Sólo con la asistencia de un criminólogo -o un conjunto de ellos- resulta posible determinar, siquiera aproximadamente, la causa y repercusiones de la comisión de los delitos de esta especie, sobre todo en lo tardío de su develación y, a un nivel sistémico del ordenamiento jurídico, las consecuencias de alterar las reglas generales en cuanto al plazo de prescripción sólo en esta categoría delictiva específica.

La pregunta que cae de cajón: ¿es la extensión del plazo de prescripción de la acción penal la solución a los supuestos bajos resultados en la persecución de los delitos sexuales? En estos casi 15 años debiera haber alguna respuesta basada en estadísticas que permitiera responder afirmativamente. De lo contrario, la reforma en marcha no tiene sentido. Como sentenció Beccaria, por regla general "tanto más justa y útil será la pena cuanto más pronta fuere y más vecina al delito cometido" (De los delitos y de las penas, Capítulo XVI).

Diego Falcone, académico de

la Universidad Andrés Bello

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