La Teletón ha iniciado una campaña para agradecer a quienes realizan los aportes que permiten sostener la rehabilitación de más de 30 mil niños y jóvenes con discapacidad motora, en el complejo contexto que ha vivido el país debido a la pandemia. La institución ha dicho que pese a este período difícil, no podía cerrar sus puertas y, por el contrario, puso énfasis en la necesidad de cuidarse del virus y no detener la rehabilitación.

La Teletón administra 14 institutos en el país (uno de ellos en Puerto Montt), con más de mil trabajadores, que en esta etapa desarrollaron distintas iniciativas de adaptación a las nuevas condiciones e innovaron para seguir atendiendo de manera presencial, siempre que fuese posible y con estrictos protocolos de seguridad, junto con fortalecer las atenciones a distancia y la telerehabilitación.

La Teletón permite ayudar a los discapacitados en su proceso de integración familiar, escolar, comunitaria, social y laboral, a través de programas médico terapéuticos, psicosociales, educacionales y de desarrollo personal y recreación. Basta con señalar que 9 de cada 10 niños con discapacidad física en Chile se rehabilitan en esos institutos. De los niños entre 4 y 17 años que acuden a la Teletón, el 87% asiste al sistema escolar.

El año pasado, la Teletón se desarrolló en condiciones muy diferentes a lo que se hacía tradicionalmente, pero el objetivo fue el mismo: expresar la solidaridad mediante donaciones, en esa oportunidad por vía digital, para permitir la rehabilitación e inclusión de los niños con capacidades diferentes. Pero nada de esto habría sido posible sin la confianza, el cariño y las donaciones de millones de personas que hace 43 años cooperan con la Teletón. Por eso, la institución ha decidido lanzar esta iniciativa que busca agradecer el cariño de la gente.

Frente a los comentarios que cíclicamente pretenden montar mantos de dudas, hay que recordar que la Teletón es mucho más que las 27 horas que se transmiten por televisión. Tal vez aquella jornada sea la cara más visible, pero sirve para testimoniar una realidad que si no se difundiera por los medios de comunicación, permanecería escondida. La sensibilización de la ciudadanía es crucial para mantener viva a esta iniciativa solidaria.

En nuestro país aproximadamente un 24% de las viviendas corresponden a parcelaciones "de agrado", lo que genera todo tipo de impactos en el medio ambiente y en el tejido socioeconómico de los territorios. Hoy la cuenca del lago Llanquihue se encuentra viviendo una explosión de este tipo de loteos, acelerado por la pandemia.

Es importante hacer distinciones cuando hablamos de parcelas. Hay desde simples loteos hasta proyectos de conservación serios y prolijos, pasando por condominios más establecidos, y si bien tienen impactos disímiles, todas suponen una irrupción en entornos rurales.

¿Cuáles son los problemas transversales? El estrés que suponen a las napas subterráneas por el uso y abuso de los derechos de agua. A esto se suma el impacto sobre ecosistemas y la prácticamente nula recaudación que le generan a los gobiernos locales: no pagan mitigaciones y tampoco contribuciones, pues al ser "predios rurales", no tienen la obligación de hacer recepción final de sus obras, pese a que aumentan la carga municipal en temas como el manejo de aguas, la basura y el tráfico, por mencionar algunos.

También impactan negativamente en el ordenamiento socio-territorial. Es innegable que los valores comerciales de éstas son un agente que impulsa la destrucción del patrimonio natural producto de una actividad altamente rentable en el presente, pero que deriva los costos al futuro.

En ese contexto, resulta importante poner atención a las discusiones que se están desarrollando en el Senado, donde se analizan posibles modificaciones al Decreto Ley Nº 3.516, que permite la subdivisión de grandes extensiones de terrenos rurales, bosques -y prácticamente lo que sea que esté fuera del perímetro urbano- en predios de 5.000 metros cuadrados.

Sin duda, el DL 3.516 ha sido la peor herramienta de expansión urbana para Chile y hoy estamos en un buen pie político para ver cómo podemos revertirlo o al menos detenerlo.

El sentido común, entonces, nos invita a reflexionar y convocar. Llamar a las autoridades a generar instrumentos de planificación urbana que superen los errores de este decreto y junto con agentes inmobiliarios y propietarios, concretar alianzas para intentar encauzar aquellas zonas ya loteadas para que no se conviertan en un legado insostenible.

Tomás Cortese, arquitecto, urbanista y

director ejecutivo de la Fundación Plades

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