Numerosas comunas del país ya están viviendo su día a día en la Fase 3 o de Preparación del plan Paso a Paso. Se trata de una medida esperada por muchos y justificada en las cifras que muestran un significativo descenso de los casos activos de covid-19, así como una menor circulación viral, que se refleja en la menor cifra de positividad a los exámenes para detectar el coronavirus.

Este avance significa un alivio inicial para cientos de pequeños empresarios de rubros como el comercio y la gastronomía, que han sido unos de los principales afectados por los extensos confinamientos adoptados como estrategia para hacer frente a la propagación de la enfermedad. De ello se desprende la satisfacción con la que representantes de estas áreas han tomado tanto la desescalada como los anuncios de nuevas disposiciones en torno a aspectos relativos al aforo y permisos de funcionamiento en las distintas etapas del Paso a Paso.

También implica un importante respiro y alivio para los habitantes de la zona, que ya están gozando de mayores libertades para poder desplazarse. Así, por ejemplo, se definió que para las determinaciones de avances y retrocesos se redefinirán las unidades territoriales y se tendrán en cuenta divisiones provinciales o de amplias agrupaciones de comunas, de acuerdo a las características regionales y su movilidad.

Adicionalmente, para el caso de la definición de un horario menos extendido del toque de queda, esta medida tendrá una aplicación distinta entre regiones, en virtud de dos indicadores centrales: que la región tenga al menos el 80% de su población adulta vacunada con el esquema completo y que la tasa de contagios activos sea menor a 150 por cada 100 mil habitantes. En Los Lagos, de hecho, empezó ayer una reducción del toque de queda, con arranque a las 0:00 horas de cada jornada.

Evidentemente, tal como lo reiteran autoridades y expertos, todo este proceso no puede significar en lo más mínimo dejar de cumplir con las medidas sanitarias ya conocidas, como el adecuado uso de mascarillas, el lavado de manos y la distancia física que corresponda, con el fin de reducir el riesgo de contagios.

Hace casi 21 años que comenzó a regir gradualmente en Chile la Reforma Procesal Penal, naciendo con ella diversas instituciones que conforman el sistema de justicia penal de nuestro país. El rol persecutor quedó radicado en el Ministerio Público, organismo autónomo que debe dirigir la investigación de los hechos que revisten caracteres de delito de manera objetiva e imparcial, y brindar protección a las víctimas y testigos que participan del proceso penal.

En una mirada retrospectiva podemos constatar la importante evolución que ha experimentado nuestra institución. El período de instalación fue un gran desafío para todo el sistema, el que demandó la creación de numerosos procesos de trabajo, que devinieron al cabo de unos años en una fase de consolidación del Ministerio Público como uno de los pilares en el que descansa nuestro Estado de Derecho. Se estandarizaron procesos de tramitación y de atención de usuarios, de gestión de personas; incorporando un mirada inclusiva; de equidad de género y potenciando la colaboración interinstitucional.

Hoy, bajo la administración del fiscal nacional Jorge Abbott, y a la luz de la carta de navegación que constituye el Plan Estratégico Institucional 2015-2022, estamos transitando por un proceso de modernización que dejará una relevante huella en la historia de la Fiscalía, y que es coherente con las crecientes demandas que nos impone un Estado moderno, democrático, que cobija a una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos.

En efecto, estamos avanzando en la implementación de una gestión por procesos, que busca, desde una mirada global, optimizar los resultados de nuestra labor. En este contexto, se ha dado un fuerte impulso al proyecto Red de Gestión Penal, el cual involucra, entre otras aristas, el uso de tecnología de punta que integrará todos los sistemas actualmente existentes, incluyendo la interconexión con otras entidades del sistema.

Pero este proyecto y la modernización que conlleva no sólo es relevante porque permite una mejor gestión de los recursos de diversa índole con los que contamos, sino que su real trascendencia radica en que nos permitirá satisfacer de manera más idónea las necesidades de la comunidad a la cual nos debemos, aportando a un adecuado y eficiente acceso a la justicia.

Carmen Gloria Wittwer, fiscal regional de Los Lagos

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