Con frecuencia se dice que las Energías Renovables No Convencionales (Ernc) son las energías del futuro, tendencia a la que Chile no está ajeno. Las autoridades las han apoyado y estimulado en las últimas décadas, con el respaldo de la ciudadanía, que ve en ellas la solución limpia al abastecimiento. De hecho, hace pocos días, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, anunció la actualización de la meta de las Ernc, expresando que representarán el 40% de la matriz en el año 2030.

A su juicio, esta es la década en la que se consolidará a Chile como país de energías limpias, lo que ayudará a las ciudades, a la calidad de vida de las personas y a atenuar el cambio climático.

Hay gran cantidad de proyectos que entrarán en funciones este año y que superarán los 6.000 megawatts de generación, lo que es equivalente a todos los proyectos eólicos y solares que se han inaugurado en los últimos 13 años. Como parte de ese programa, simultáneamente se ha llevado adelante el cierre de las centrales termoeléctricas a carbón, de manera que en 2025 el 50% de ellas habrán dejado de funcionar, siendo reemplazadas por energías de cero emisión. Este es un plan de largo aliento, cuya meta final es llegar el año 2050 a un 100% de generación de energías limpias.

El último informe ambiental de la Agencia Internacional de Energía reveló que el escenario en 2020 fue positivo, pues el uso de combustibles fósiles tuvo una baja histórica de 5,8% en el planeta, debido a la pandemia, las medidas de confinamiento, y a que en un primer momento la recuperación de la economía se sustentó en fuentes limpias.

La energía es vital para que la economía y el país crezcan. Cuando las empresas programan su desarrollo, requieren de electricidad, de la misma manera que los hogares consumen más. En Chile, los grandes consumidores son las compañías mineras. Por eso, el país debe proyectar su requerimiento energético para las décadas venideras.

Si bien el cambio hacia la producción de energías más limpias es un camino sin retorno, en este proceso también hay que actuar con el mayor cuidado para proteger a los trabajadores de las termoeléctricas a carbón, dándoles las herramientas para que se puedan capacitar y ubicar en otras actividades.

La declaración con la que inició su funcionamiento la Convención Constitucional, a través de la cual se hizo un llamado a los poderes constituidos a aprobar con celeridad la ley de indulto general -que dicho sea de paso es más bien una amnistía-, revivió la polémica respecto de esa cuestionada iniciativa legal que buscar favorecer penalmente a quienes cometieron delitos en el marco del mal llamado estallido social, pero al mismo tiempo generó también un debate público en torno a la competencia que se arrogaron los constituyentes.

En cuanto a lo primero, se ha sostenido que se funda en el carácter político que tienen los delitos y/o imputados, idea que se ha tratado de instalar con un discurso tan repetitivo como falaz. No sólo el derecho penal proscribe esa posibilidad, sino que en nuestro país tenemos además un modelo de enjuiciamiento penal acusatorio de corte garantista, que tiene como uno de sus pilares el respeto y vigencia de los derechos fundamentales. El sistema penal sólo conoce de "hechos" y no de "ideologías", hechos que son además "constitutivos de delito" y que, en este caso, son tan graves como homicidios, lesiones, incendios e infracción a la Ley de Control de Armas, entre otros.

Por otra parte, insistir el perdón en base a ese argumento lleva a una conclusión tan falsa como inaceptable, desde que implicaría sostener que la Fiscalía ha perseguido y los tribunales han juzgado a personas por sus ideas políticas, lo que además es absurdo. Y si para justificar la tesis se amplía el concepto de delito o imputado "político" vinculándolo al móvil o motivación que tuvo el sujeto para delinquir, entonces lisa y llanamente hoy en nuestro país se pasaría a validar y legitimar la violencia (delito) como método de acción política, así de simple, pero nadie lo dice.

Sobre lo segundo, la declaración de la Convención es una muestra más de la improvisación que marca desde su génesis todo el proceso constituyente y de su uso político. La pega es redactar una nueva Carta Fundamental y lo que vemos es un Congreso paralelo, con el doble de políticos. Inmiscuirse en las atribuciones de los órganos constituidos del Estado por cierto que daña la separación de poderes, base de la democracia, y el Estado de Derecho. Hoy cabe preguntarse entonces: ¿Quién controla a la Convención y a los constituyentes?

Pero en Chile parece que de un tiempo a esta parte todo da lo mismo, y ya ni siquiera esperamos el mes de septiembre para bailar la cueca en pelota.

Marcos Emilfork, ex fiscal

regional de Los Lagos

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