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manera ilegal, por lo que procede es pedir un nuevo desalojo para las otras familias que no estaban en el primer catastro.
"Esperamos que se cumpla por parte del dueño del terreno el decreto de desalojo haciendo cumplir la ley y, además, resguardando la seguridad de la vida de las familias que se encuentran en este lugar, porque ellas tienen peligro de sufrir un accidente por las condiciones del territorio debido a los riesgos de derrumbes existentes", remarca Oyarce.
Si bien la gobernadora explica que ahora se espera por el decreto de desalojo para las restantes 40 familias, el problema es que la Gobernación de Llanquihue cesa sus operaciones el 14 de julio, fecha en la que asumirán los gobernadores regionales elegidos mediante sufragio y los delegados presidenciales designados por el Presidente de la República.
Entonces, al no estar la Gobernación Provincial, sería el delegado presidencial el que se tenga que hacer cargo de este problema, toda vez que es la entidad que asumirá las tareas que ejecuta la Gobernación.
En el municipio puertomontino también exponen su preocupación por lo que pudiese suceder en esta toma y por lo mismo el alcalde Gervoy Paredes llama a la Gobernación de Llanquihue y a EFE para que entreguen una solución.
"Si allí, eventualmente, llega a ocurrir un derrumbe y hay víctimas fatales o, por ejemplo, explota un transformador eléctrico y ocurre una gran tragedia, todos la van a lamentar", describe.
El jefe comunal expone que como municipio entienden la complejidad que viven estas familias y por lo mismo, como una forma de estar pendientes, han participado de una mesa de trabajo junto a instituciones públicas y vecinos, instancia en la cual se requirió efectuar un catastro de viviendas, entre otras materias.
Paredes pide al Serviu que acelere las respuestas para aquellas familias que están en condiciones de conseguir una vivienda y adelanta que seguirán trabajando con los organismos que corresponde para encontrar una solución definitiva a este problema.
DIFICULTADES de acceso
Nelson Hernández, gerente de EFE Sur, reconoce la preocupación en la empresa sobre lo que sucede en estos terrenos de Puerto Montt.
Más aún, como él señala, que se trata de una toma que se ubica en un sitio que presenta dificultades geológicas y de deslizamiento de tierra.
Sobre las acciones realizadas, señala que han ejecutado un trabajo junto con la Gobernación Provincial y la Municipalidad de Puerto Montt, de manera de poder desarrollar un catastro o renovar el actual, y de esta manera reiniciar el proceso de desalojo de esta toma, que "reitero, presenta dificultades y peligros para las personas que están ocupando este sector".
Lo complejo del lugar no es el único riesgo, pues en caso de incendio se viviría una situación muy delicada para el campamento.
Al respecto, Felipe Sotomayor, comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, identifica tres riesgos: el acceso, riesgo eléctrico y la posibilidad de un derrumbe. "Tenemos una triste historia con el derrumbe que tuvo lugar en Coihuín a fines de la década del 70", recuerda.
En este sentido, detalla que existe un peligro de remoción en masa, que es algo que está evaluado, lo mismo que la posibilidad de un incendio, dado que existen conexiones ilegales de electricidad que en cualquier momento pudieran generar un siniestro de proporciones.
Otro inconveniente es el acceso, por lo que si llegase a suceder una emergencia en este lugar, la pregunta es "cómo accedemos. Si bien vamos a llegar de alguna forma, ello es muy complejo para nosotros. Hay que ver como ingresamos con los carros, que son camiones, sumado a que todas las construcciones son de material ligero".
Un escenario complejo, al que se tiene que sumar que al tratarse de una toma tampoco cuentan con un sistema de abastecimiento de agua para que Bomberos haga frente a un incendio.
El sueño de la vivienda
Sandra Mansilla, la vecina que denunció los cobros ilegales y que fue afectada por un ataque vandálico, fue una de las primeras en habitar el sector.
Además, quien ejerce el cargo de presidenta del Comité para la Vivienda, recuerda que este lugar se comenzó a poblar hace tres años y que durante los primeros dos vivió sola.
Sin embargo, con el tiempo se comenzó a poblar y en un primer momento fueron 20 las familias que habitaron esta toma, tal y como lo determinó el primer catastro que se realizó.
Agrega que durante el último tiempo han sostenido reuniones en el municipio, en las que ha participado también Carabineros y la PDI, de manera de abordar todos los conflictos que hoy día se viven en este lugar.
Su idea, en todo caso, es poder regularizar su situación y postular a una casa. "Es mi sueño", dice.
Desde el Serviu, en tanto, el director regional Fernando Gunckel explica que como parte del Ministerio de Vivienda (Minvu), "nuestro accionar con los campamentos siempre está enmarcado en los catastros que cada cierto tiempo hacemos a través de nuestra Unidad de Asentamientos Precarios en todo Chile".
Es así como realizaron un primer catastro de campamentos en 2011, que fue actualizado en 2018 y que es el instrumento con el que hoy trabajan. No obstante, dada la realidad actual, en que a partir de 2019 ha aumentado la presencia de tomas de terrenos en muchas ciudades del país, adelanta que a fines de este año o inicios de 2022, el Minvu actualizará el catastro de asentamientos precarios e incluirá a muchas de las tomas que hoy existen en la región.
Con ese instrumento, dice Gunckel, podrán definir el