La Fiscalía de la Región de La Araucanía confirmó ayer que Pablo Marchant Gutiérrez (29) es el nombre del joven fallecido durante un atentado en Carahue, quien pertenecía a uno de los Órganos de Resistencia Territorial (ORT) de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y, al ser encontrado, portaba un fusil M16.

"En horas de la madrugada (de ayer) se pudo determinar que se trataba de don Pablo Marchant Gutiérrez, quedando descartada aquella información que daba cuenta que la persona fallecida se trataba del hijo de don Héctor Llaitul (Ernesto Llaitul), información que no fue emanada por parte de la Fiscalía y que surgió a través de distintos medios de comunicación y redes sociales", aclaró el fiscal regional Miguel Rojas.

Llaitul, vocero de la CAM, explicó al portal Interferencia que Marchant "vivía en mi casa, es un militante nuestro, murió combatiendo, por lo que lo vamos a reivindicar. Una ORT de la CAM que se llama Lafkenche-Leftraru, en una acción de sabotaje a la Forestal Mininco a una faena custodiada por Carabineros, desarrolló una acción de sabotaje".

El fiscal agregó que "uno de los 11 trabajadores que en ese momento se encontraban en el predio que fue atacado resultó con lesiones de gravedad, por lo cual fue derivado al Hospital Regional de Temuco y en estos momentos (al mediodía de ayer) se encontraba conectado a un respirador mecánico".

Rojas detalló que en las últimas horas del viernes ocurrió "este atentado. De acuerdo a los primeros antecedentes recopilados, habrían participado alrededor de seis a siete personas quienes se encontraban encapuchadas, vestían ropas oscuras y, además, portaban armas de grueso calibre con las cuales atacaron a funcionarios de Carabineros, que en esos momentos se encontraban realizando labores de resguardo del predio donde acaecieron estos hechos".

A raíz de esto, los uniformados sacaron "sus armas de servicio, generándose un enfrentamiento producto del cual resultó fallecido uno de los presuntos atacantes, quien vestía ropas oscuras y portaba un fusil M16", afirmó el persecutor.

Hasta el lugar llegó personal de la Fiscalía de Alta Complejidad, "también de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía regional de La Araucanía, quienes dispusieron las primeras diligencias acompañado de personal especializado de Laboratorio de Criminalística de PDI y del Servicio Médico Legal", sostuvo Rojas, quienes recabaron los primeros antecedentes, destacando que "lo que se investiga en este caso no es solamente el atentado incendiario /tres vehículos destruidos), sino que también el fallecimiento de quien sería uno de los presuntos atacantes y las lesiones de gravedad que fueron ocasionados en uno de estos 11 trabajadores que en esos momentos se encontraban en el predio (ver recuadro)".

El cuerpo de Marchant fue entregado por el Servicio Médico Legal (SML) a la familia durante la tarde de ayer, en Temuco, hasta donde llegaron alrededor de 300 personas. Al cierre de esta edición se registraban protestas en el Cerro Santa Lucía (Huelén), en Santiago, en la Plaza de la Independencia, en Concepción, en Valdivia y en Puerto Montt, entre otras ciudades.

"Vivía en mi casa, es un militante nuestro (de la CAM), murió combatiendo, por lo que lo vamos a reivindicar".

Héctor Llaitul, Vocero CAM

"Seis a siete personas encapuchadas, vestían ropas oscuras y, además, portaban armas de grueso calibre".

Miguel Rojas, Fiscal de La Araucanía

El delegado presidencial de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, declaró ayer que "no podemos relativizar el actuar delictual y terrorista", tras el enfrentamiento entre encapuchados y Carabineros en Carahue, Región de La Araucanía, que terminó con una persona fallecida y otra conectada a un respirador mecánico debido a la gravedad de sus lesiones. A estas palabras se unieron parlamentarios, empresarios de la zona y el colectivo Chile Digno también emitió una declaración.

"No podemos relativizar el actuar delictual y terrorista que ha cobrado múltiples víctimas, mapuches y no mapuches. Producto de los hechos de ayer (viernes), además, ha habido una serie de otros hechos de violencia los cuales no pueden jamás aceptarse", afirmó Urquízar, en referencia al ataque incendiario contra la casa del exfiscal de Cañete, Región del Biobío, Luis Morales.

La Asociación Nacional de Fiscales afirmó al respecto que "estos hechos dejan en evidencia la inseguridad que viven los fiscales y sus familias, particularmente aquellos que ejercen en la Macrozona Sur".

El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, agregó por su parte que el enfrentamiento en que falleció una persona se trata de "uno más de los cientos de atentados que ocurren en la región provocados por grupos paramilitares que, fuertemente armados, intimidan, queman y destruyen".

El líder gremial, por esta razón, pidió "a los poderes del Estado trabajar firmemente para desarticular estos grupos, que tantas desgracias y destrucción traen a nuestra región", junto con afirmar que "respaldamos fuertemente a Carabineros".

A sus palabras se sumó una declaración pública de 23 gremios agrícolas, entre ellos la Sociedad Nacional de Agricultura, el Consorcio Agrícola del Sur, Fedefruta, la Sociedad Nacional Forestal, entre otros, los que sostuvieron que el hecho de violencia "demuestra la gravedad de lo que está ya por largo tiempo sufriendo la Macrozona de La Araucanía".

"Es aún más grave el que tras este atentado, la propia Coordinadora Arauco Malleco (CAM), mediante sus voceros, haya declarado que estos atentados son un combate en el contexto de la guerra que ellos han declarado a la nación chilena", añadieron las asociaciones.

La Multigremial Nacional, por su parte, indicó ante lo ocurrido que "llama la atención la liviandad con que hoy en Chile se permite hablar de 'personas en combate', de 'sabotaje a privados' y que se amenace abiertamente con reivindicaciones' violentas".

Chile Digno, formado por el PC, FRVS y otros movimientos sociales, respondió que el Presidente Sebastián "Piñera y su Gobierno criminal es el responsable político de este grave asesinato que sólo traerá más violencia e inestabilidad". El hecho "se produce un día después que la Convención Constitucional, presidida por Elisa Loncon, (...) reconociera por abrumadora mayoría la existencia de prisioneros políticos de la revuelta y la grave militarización y violencia en contra del pueblo mapuche en el Wallmapu".