Denuncias en Chinquihue
Corresponde que los órganos estatales respondan con prontitud a las presentaciones de los vecinos que alegan reiterados episodios de contaminación. Hasta ahora, el municipio ya se ha pronunciado sobre las quejas de quienes viven en Chinquihue, al tiempo que la SMA está investigando.
Aunque los vecinos del sector de Chinquihue llevan años experimentando molestia por la contaminación ambiental y acústica producto, según alegan, de la presencia de astilleros y maestranzas en las cercanías, recién en los últimos meses su clamor ha comenzado a ser tomado en cuenta por los distintos órganos del Estado. Mientras desde el municipio de Puerto Montt se ha asegurado que un futuro convenio con la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) le permitirá a la propia corporación edilicia fiscalizar los ruidos molestos y que, además, se tiene contemplado dictar una ordenanza sobre la materia, el citado órgano regulador ya abrió un expediente de investigación solicitado por los propios vecinos que se han organizado.
La comunidad de Chinquihue ha apuntado sus dardos paralelamente hacia la contaminación acústica y hacia el vertimiento de desechos en el borde costero, ambas situaciones graves que ameritan una reacción pronta de cada una de las instituciones estatales. La experiencia que se ha acumulado en el país en torno a sectores que han sufrido por años de episodios de contaminación, las "zonas de sacrificio", es el mejor indicativo de la celeridad que se le debe aplicar a la recepción de las denuncias y a las indagatorias, junto con la oportuna comunicación a los denunciantes.
Aceptando los ritmos que exige toda investigación para determinar, en este caso, la cuantía de la contaminación y sus responsables, y que además deben garantizarse las condiciones para que las partes entreguen sus argumentos, el nuevo escenario que vive el país demanda claridad, velocidad y determinación cuando se ve afectada la calidad de vida de las personas. En la mesa del análisis tendrán que estar las denuncias, los descargos de las empresas, el marco del plan regulador vigente y la legislación medioambiental, pero todo eso habrá de efectuarse con rapidez para que la comunidad sienta que el Estado está actuando como se espera cuando la salud de las personas está en juego. De lo contrario, se acumulará frustración y los vecinos se sentirán solos en su búsqueda de una mejor calidad de vida.