Responsabilidad electoral
Quienes estén postulando a algún cargo público debiesen circunscribir su programa a lo que realmente pueden cumplir. El resto es demagogia. Poco ayuda a la calidad de la política la existencia de candidatos que en su discurso exceden largamente lo que pueden hacer.
Prometer lo que se sabe que no se podrá cumplir y fundar las propuestas en base a eslóganes, más que en ideas fundamentadas, son algunos de los principales males que, a propósito de la reanudación de las campañas para las elecciones, se observan en la actividad pública en el país. El primero de estos fenómenos es muy común y queda de manifiesto cuando los postulantes ofrecen cambiar aquello que está muy lejos de su ámbito de acción, como a alguien que quiera llegar a una alcaldía y que promete reformas estructurales.
No se trata, por cierto, de cuestionar las ideas y proyectos que cada candidato legítimamente tiene el derecho a plantear, sino más bien de exigir que estas propuestas estén fundadas en el marco legal vigente y no en supuestos que pasan más por el voluntarismo propio del periodo eleccionario, que por datos de la realidad. Es particularmente relevante que debido a la crisis de legitimidad que afecta a la actividad política, quienes llevan un tiempo en el área o los que recién se integran sean lo suficientemente conscientes del valor de la responsabilidad en esta materia. Porque no hay nada peor que confiar en una determinada opción política sobre la base de las propuestas y, a poco andar, percatarse que aquello que se ofreció está lejos de poder ser cumplido. Eso, sin duda, ayuda a horadar más la ya alicaída esfera política.
Habrá que precisar que esto está lejos de ser algo nuevo en la política. Prometer lo que no se puede cumplir es, más bien, una historia conocida, pero que resulta más preocupante cuando lo que se hace es jugar con las expectativas de las personas. Algo similar ocurre con los candidatos a la Convención Constituyente, pues a veces quienes están postulando a integrar esta instancia se enfocan exclusivamente en plantear una "lista de deseos" de derechos que se pretende asegurar, sin una problematización mayor respecto de lo difícil que es para un país poder asegurar, responsablemente, el cumplimiento de todo lo que se suele solicitar desde el desconocimiento.
En esos casos, resulta todavía más lamentable jugar con las esperanzas y prometer aquello que no se podrá cumplir, simplemente porque no se cuenta con las atribuciones para hacerlo.