Inquietud causa petición de indemnización de concesionaria del aeropuerto El Tepual
AL ESTADO. Firma a cargo del manejo del terminal aéreo puertomontino dice que pandemia bajó casi a la mitad el movimiento del recinto y piden devolución de 20 millones de dólares por pérdidas de 2020, o terminar antes el contrato.
Cuando el 1 de marzo de 2018 el Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó al consorcio Sacyr-Agunsa la concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación del Aeropuerto El Tepual, en Puerto Montt, las proyecciones eran muy alentadoras, y el mundo muy distinto.
Ahora, a casi tres años de este inicio de camino y con la crisis pandémica de por medio, la Sociedad Concesionaria Aeropuerto del Sur S.A. -formada para la explotación de este espacio y conformada en un 62,5% por Sacyr y un 37,5% por Agunsa- no está a gusto con la actual situación y está pidiendo al Gobierno millonarias indemnizaciones.
De acuerdo a su versión, hecha pública a través de El Mercurio, el consorcio acusa graves pérdidas desde 2020, motivadas por la crisis sanitaria, las restricciones de movilización y, en definitiva, la enorme caída de las operaciones.
De acuerdo a sus estimaciones, entre los ingresos que logran percibir y los egresos que significa la remodelación del recinto, el negocio no es viable. Es por lo anterior que exigen al MOP el pago del déficit del proyecto, que ronda los 20 millones de dólares.
Lo anterior, mediante una discrepancia con el MOP ingresada al Panel Técnico de Concesiones en el que pide se dé solución a sus dificultades financieras. Para esto se solicita que el MOP pague -al fin de su participación en la concesión- las pérdidas del proyecto, que al 31 de diciembre del año pasado se estimaban en poco más de 20 millones de dólares, reajustables en dos años más.
De no lograrse lo anterior, piden que se establezcan los criterios para dar por anticipado, de acuerdo mutuo, a la concesión que manejan. Esto, en el entendido que, además, se compense a la firma con 729 mil 335 UF, reajustables. Cifra que al día de hoy rondaría los 30 millones de dólares.
La concesionaria se justifica en que el tránsito en el puerto aéreo local bajó drásticamente, a menos de la mitad de lo sucedido en 2019 e igualando números de hace 10 años atrás.
La propuesta, según la empresa, busca recuperar la inversión realizada en el lugar. "De no mediar esta solución, de acuerdo a nuestras proyecciones, el déficit que se genera implica que se terminará financiando aproximadamente la mitad del aeropuerto sin retribución alguna para la sociedad concesionaria", aseguraron al medio capitalino.
Decide Santiago
Pese a la relevancia de la temática y las consecuencias que podría traer, tanto a la movilidad de la zona como al aspecto turístico-económico, a nivel local evitan referirse al tema, ya que la responsabilidad de lo que pase queda en Santiago.
Así por lo menos lo comunicaron desde la intendencia, donde el jefe regional, Carlos Geisse, no se referirá a las implicancias. Misma postura definieron en la Seremi de Obras Públicas, donde el encargado de la cartera, James Fry, tampoco hablará de la situación.
Quien sí prevé posibles consecuencias de esta situación de incertidumbre, fue el seremi de Hacienda, César Zambrano, quien dijo que "toda demora en mejorar los servicios que estrechan las distancias para nuestras exportaciones, es un problema (...) Queremos, finalmente, que productos como el salmón, carne, flores, etc, sigan mejorando su competitividad y claramente sería un obstáculo adicional cualquier demora en las obras del nuevo aeropuerto, y la segunda losa reforzada, que permitiría la salida de carga aérea a cualquier destino internacional desde nuestra región.".
Quienes no se restaron de opinar fueron los senadores por la Región de Los Lagos. Según el socialista Rabindranath Quinteros, a la Región de Los Lagos no le "conviene que las obras y las operaciones del aeropuerto se paralicen o se vean afectadas, y eso debe ser aquilatado por la autoridad, pero la empresa concesionaria tampoco puede pretender que en un escenario de contracción económica, el Estado se haga cargo de la totalidad de las pérdidas del privado (...) Lo más razonable, dado el momento que estamos viviendo, es buscar un acuerdo intermedio y sobre todo equilibrado, en que tanto la empresa a cargo de la concesión como el Estado, puedan enfrentar de mejor manera este escenario adverso provocado por la pandemia", comentó.
Por su parte, el UDI Iván Moreira, junto con destacar la importancia de lo que suceda con el terminal afirma: "No soy yo quien tiene que determinar si la petición de la firma Sacyr - Agunsa es justa, para eso está un organismo competente que es el departamento de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. No soy partidario de tomar postura, tanto por la empresa o por el MOP, sin antes esperar que culmine esta reclamación y ver cómo se reactivará el tráfico de pasajeros cuando gran parte de la población reciba la vacuna".
30 millones de dólares, aprox. pediría la empresa como indemnización por terminar antes la concesión.
6 años de concesión tiene la firma encargada de El Tepual. Partió en 2018 y debería estar hasta 2024.