El Gobierno confirmó hace unos días el ingreso con suma urgencia al Congreso del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas. La iniciativa busca establecer una nueva institucionalidad para el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia de las personas, mediante la implementación de diferentes líneas de acción con el objetivo de contar con un servicio eficiente, cercano e integral para las personas.

De esta forma, se aspira a poner en marcha un nuevo organismo que reúna, coordine y sistematice la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía. En dicho sentido, se propone la integración de las cuatro corporaciones de asistencia judicial que, desagregadas en las distintas regiones del país, representan la primera puerta al ejercicio del derecho al acceso a la justicia de gran parte de la ciudadanía. El proyecto crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (SNAJ), que unificará toda la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía, incluyendo, además de las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes, los programas especializados como "Mi Abogado" (para niños y adolescentes) o Defensa Integral de Adulto Mayor, y el Programa de Apoyo de Víctimas del Ministerio del Interior.

Además, se crea la Defensoría de Víctimas de Delitos, que se prevé vele por los derechos de las víctimas, representándolos jurídicamente y otorgándoles asistencia psicológica y social. La iniciativa ha sido recibida de buena forma por varios actores relevantes, por lo que probablemente tenga una rápida tramitación en el Poder Legislativo.

En Los Lagos, región que registra delitos de variada índole y donde su capital, Puerto Montt, ha venido exhibiendo en el último tiempo un inquietante aumento de los niveles de inseguridad, constituye un avance el mejoramiento de una institucionalidad que se preocupe efectivamente de las víctimas, por lo cual se debe esperar una discusión seria y responsable de esta iniciativa, de manera de poder contar con un sistema mucho más ágil y que se enfoque verdaderamente en quienes requieren una mejor respuesta a sus demandas.

Hace dos meses y medio la ciudadanía chilena se pronunció masivamente por elaborar una nueva Constitución que sustituya a la actual y por excluir al actual Congreso de esa tarea. Chile mostró no estar polarizado -como Estados Unidos-, sino unificado en torno a un desafío. El 11 de enero se inscribieron las candidaturas que buscan cumplir esa tarea tan importante.

Para ello tuvieron que pasar por un estrecho embudo que la ha ido desdibujando. Mientras los que no quieren una nueva Constitución, sino defender la actual, se unificaron en una sola lista, los que quieren cambiarla se dividieron en varias, lo cual debilita sus posibilidades reales ser electos. Los partidos, además, apostaron más a los nombres conocidos y menos a la renovación política que se demanda.

Las y los independientes enfrentaron todo tipo de dificultades, como en una elección al Parlamento. No por falta de interés, más de 400 mil patrocinios en el país dan cuenta de ello.

En el Distrito 26 registramos 48 candidaturas independientes, 13 mujeres y ¡35 hombres!, para cuatro cupos en una convención paritaria. ¿Qué representan? De 25 de ellas no supimos nada, sólo nombres. Ocho provienen de la dudosa ofensiva de una empresa con muchos clientes (Felices y Forrados). Y 12 se agrupan en tres listas de independientes, dos nacionales (Independientes No Neutrales y Lista del Pueblo) y una regional (Insulares e Independientes), en su mayoría mujeres. Estas tres listas son un enorme esfuerzo, aunque en la práctica incrementan la dispersión electoral del Apruebo.

¿Cuántos y quienes tendrán éxito? Lo bueno: la mitad serán mujeres y también habrá un/a representante del pueblo williche, ambas innovaciones históricas. Lo malo: dada la dispersión, la masividad del Apruebo puede quedar sub representada y candidaturas independientes muy cercanas a la dinámica social difícilmente serán electas.

No es un asunto de izquierda, centro o derecha lo que está en juego, sino si la composición de la Convención Constitucional será eficaz para encarnar las aspiraciones que le dieron origen. Ni más ni menos. Ingresamos al período de campaña, donde deberá aclararse parte de la incógnita. El pronóstico es aún reservado.

Gonzalo Delamaza, investigador

del Ceder de la ULagos

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