Redacción

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció ayer que vetará el proyecto presentado por un grupo de senadores de oposición que propone un indulto general a las personas que se encuentren imputadas o hayan sido condenadas por los tribunales de justicia por haber cometido delitos, desde octubre del año pasado, en el marco del estallido social.

"Nuestro Gobierno manifiesta su total desacuerdo y oposición al proyecto de indulto general antes mencionado y anticipa que, en caso que el proyecto avance, y de ser necesario, va a utilizar su facultad de veto para impedir su aprobación, porque consideramos que es un mal proyecto y que atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el Estado de Derecho", afirmó el Mandatario.

"Entre los delitos que se pretende indultar se incluyen delitos tan graves como el homicidio frustrado, el tráfico de armas, la tenencia ilegal de armamento bélico, el incendio, el uso de bombas molotov, los saqueos, los atentados al Metro y al transporte público, las lesiones graves a Carabineros y muchas más", destacó el jefe de Estado en una declaración en el Palacio de La Moneda en la que estuvo acompañado por los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio.

Piñera enfatizó, además, que "todas las personas que hoy están privadas de libertad por los graves delitos que el proyecto de un grupo de senadores intenta indultar, están privadas de libertad por decisión no del Gobierno ni de la Fiscalía; están privadas de libertad por decisión de los Tribunales de Justicia del Poder Judicial, que es un poder autónomo e independiente en nuestro país".

El Presidente ratificó además el compromiso con el orden público y la seguridad ciudadana, confirmando la voluntad del Gobierno de combatir la violencia, la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo con todos los instrumentos que la Constitución y la Ley otorgan al Gobierno.

Derechos humanos

Junto con ello, Piñera sostuvo que "Carabineros y la PDI tienen el mandato constitucional de resguardar el orden público y proteger la seguridad ciudadana. Y en el cumplimiento de esta misión pueden usar la fuerza legítima y proporcional, pero siempre, siempre, respetando la ley, los protocolos policiales y respetando los derechos humanos de los ciudadanos".

"Si algún miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden no cumple con estas reglas y principios también debe ser investigado por la Fiscalía y juzgado por los tribunales de acuerdo a la Ley", puntualizó el Presidente Piñera.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció ayer que "vamos a ingresar probablemente esta semana un proyecto de ley de Fogape que flexibiliza varias cosas y se hace cargo de una moción transversal que nos hicieron llegar varios diputados de distintos colores políticos".

En entrevista con T13 Radio, el secretario de Estado adelantó que entre los cambios y solicitudes que serán recogidas en esta nueva iniciativa está la de flexibilizar la tasa del crédito, "porque la verdad que el 3,5% es fantástico para los que lo toman, pero está dejando fuera a gente".

"Eso quedo por ley (en el primer Fogape). Nosotros lo habíamos planteado que fuera por reglamento, pero bueno, el Congreso dijo otra cosa. Entonces, (la idea) es poder liberar un poco la tasa de forma tal que haya sectores que hoy día no están accediendo puedan hacerlo. Esa es una cuestión", explicó Briones.

Otro cambios es sobre los plazos del programa, "de forma tal de permitir que las empresas que tengan créditos puedan reprogramar y renegociar con sus bancos".

El Gobierno y los empleados fiscales no lograron acuerdo en la negociación por el reajuste salarial para el sector.

Los trabajadores públicos pedían un aumento de 3% para sueldos de hasta tres millones de pesos, pero el Gobierno no accedió y ofreció 2,7% para sueldos de hasta 1,5 millones de pesos y de 0,8% para sueldos superiores de esa barrera.

La propuesta del Ejecutivo fue calificada como "insuficiente" por los 16 gremios que componen la Mesa del Sector Público, pues "ni siquiera permite recuperar poder adquisitivo" perdido a causa de la inflación, acusó el presidente de la ANEF, José Pérez.

"El ministro (Ignacio Briones) cerró la negociación. Por lo tanto, ahora vamos al Congreso Nacional y queremos señalarles a los parlamentarios y parlamentarias que empezamos a coordinarnos en conjunto, con todo lo que significa en esta pandemia", añadió el dirigente gremial.