Redacción

El Banco Central informó ayer que la economía chilena cayó sólo un 5,3% durante septiembre, dejando atrás los bajas de dos cifras registradas en meses anteriores, producto de la pandemia del coronavirus. Este reporte fue interpretado por el Gobierno como una señal de recuperación de la economía atribuible también al aumento de la movilidad, tras el fin de las cuarentenas y restricciones en numerosas ciudades.

El Imacec (Indicador Mensual de Actividad Económica) de agosto fue -11,3%, y -15,2% en julio, razón por la que el -5,3% fue celebrado por el Ejecutivo, ya que, pese a ser una cifra negativa, muestra una reactivación de la industria nacional.

"Esto demuestra que la recuperación de nuestra economía ya está en marcha", afirmó el Presidente Sebastián Piñera, porque "después de haber perdido 2.000.000 de empleos, las cifras del INE de septiembre -dada a conocer el pasado viernes- muestran que ya hemos recuperado 291.000 empleos y que la recuperación de nuestros empleos también ya está en marcha".

El mandatario agregó que "en septiembre las ventas del comercio crecieron 6,3% respecto al mes anterior. La confianza de los chilenos y empresarios se está recuperando", pese a que "sigue sufriendo los duros efectos de la pandemia y de la recesión de la economía mundial, nuestro país sigue navegando en medio de aguas turbulentas y cielos tormentosos, pero los chilenos hemos sabido enfrentar estas enormes dificultades y estabilizar la pandemia".

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se unió a las palabras del Presidente y afirmó que "esta es una señal que va a en la dirección correcta. Hay que mirarla con cautela, pero va en la dirección correcta".

El secretario de Estado explicó que "estas cifras responden también a un aumento de la movilidad de las personas: durante septiembre un 20% de la población estuvo en cuarentena, en octubre esperamos una cifra en torno al 10%, según nuestras mediciones, por lo tanto, cabe augurar mejores números".

El Banco Central detalló en tanto que el Imacec minero fue -1,9%, siendo la segunda baja consecutiva, mientras que el no minero apuntó -5,7%. "Las actividades más afectadas fueron construcción y los servicios de educación, transporte y restaurantes y hoteles", explicó en su informe.

El Presidente Sebastián Piñera se refirió ayer a la acusación constitucional que se efectuará hoy contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, pidiendo a los legisladores que "no acusen a una persona inocente". El secretario de Estado será cuestionado por el paro de camioneros ocurrido en plena pandemia, donde es acusado de no hacer valer el Estado de Derecho; además del actuar de Carabineros en las protestas, tras la caída de un joven al río Mapocho.

"El ministro del Interior, Víctor Pérez, ha cumplido con sus deberes, ha respetado la Constitución y la ley, no ha incurrido en ninguna causal de acusación constitucional", sostuvo ayer el mandatario y agregó que "quiero pedir a todos los diputados y senadores que no acusen a una persona inocente sin ningún fundamento jurídico, sólo por razones políticas".

La gestión del conflicto en la Región de La Araucanía es otro de los cuestionamientos ante el trabajo de Pérez, motivo por el que tres legisladores de Evópoli en la zona, el senador Felipe Kast junto a los diputados Sebastián Álvarez y Andrés Molina, el fin de semana anunciaron el congelamiento de las relaciones del partido con La Moneda.

Sin embargo, ayer el diputado y jefe de la bancada Evópoli, Luciano Cruz-Coke, dijo que "las relaciones con el Gobierno se mantienen, no existe un congelamiento por parte ni de la bancada, ni de la directiva. Acá lo que hay es una solicitud muy desesperada por parte de aquellos parlamentarios por La Araucanía por señalar que por favor se tomen medidas especiales y específicas a raíz de la muerte de un carabinero".

El diputado RN Miguel Mellado, por su parte, indicó en 24 Horas que "si yo salgo o voto en contra de la acusación (a Pérez) o voto a favor de la acusación, yo estoy votando por un ciudadano de La Araucanía que fue asesinado y que se lo advertimos al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Gobierno".

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, señaló ayer que "nos sacan la plata para dársela a las universidades nuevas", ante el recorte presupuestario anunciado para las casas de estudios superiores tradicionales en 2021.

"Se dice que como ellas (las universidades privadas) quisieron ahora entrar a la gratuidad, hay que financiarles la gratuidad a ellas y como no se puede sacar plata de otros lados, a nosotros nos recortan en 25%", dijo Vivaldi en Radio Universo.

Esta medida es rechazada por el rector debido a que "nosotros aportamos de manera muy fundamental en muchas otras áreas que están en juego. Por ejemplo, me gustaría discutir todo el drama en el cual nos están sacando toda la plata de la orquesta (que hace unas semanas protestó con un concierto afuera del Teatro de la Universidad de Chile, en Plaza Italia), del Centro Sismológico, de todo lo que hacemos las universidades tradicionales nos sacan la plata para dársela a las universidades nuevas. Eso se hace por un decreto del Tribunal Constitucional (TC)".

El tc

"Se ha dicho que la ley es mala, que la gratuidad es mala", dijo Vivaldi. "A lo mejor, pero el hecho concreto es que esa decisión no es del Gobierno anterior, ni del Congreso anterior, ni de los rectores Cruch (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas), Cuech (Consorcio de Universidades del Estado de Chile), sino que es del TC que dice que no se puede discriminar y los jóvenes que van a las nuevas universidades privadas tienen que recibir la gratuidad por igual… Habría que ver cómo se financia a esos jóvenes, pero hoy le están sacando la plata a las universidades tradicionales que son las que hacen investigación científica, por favor. No es baladí que un país tenga o no tenga a personas como el doctor (Miguel) O'Ryan y la doctora (María Elena) Santolaya", se quejó el académico, destacando a quienes lideran los ensayos en el país de las vacunas contra el coronavirus de Johnson&Johnson y la Universidad de Oxford.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, sostuvo ayer que sólo tres personas están en prisión preventiva por hechos ocurridos en las protestas tras el 18 de octubre de 2019, de un total de 1.073 mil imputados por Ley de Seguridad del Estado. Esta declaración responde a la petición de indulto a los detenidos por en el movimiento social formulada por el sacerdote Felipe Berríos, a la que se han sumado otros actores políticos y sociales.

"Cuando se pide un indulto para estas personas, particularmente aquellas personas que ni siquiera han sido condenadas, claramente la señal es totalmente equivocada", dijo Galli en radio Cooperativa, debido a que "aquellas personas que cometieron graves delitos, graves hechos de violencia, incluso utilizando artefactos incendiarios, agrediendo a fuerzas policiales o destruyendo la propiedad pública o privada, van a quedar libre de sanción, creo que eso es una mala señal para el futuro".

De los 1.073 imputados por hechos de violencia ocurridos en protestas desde el 18-O, tres están en prisión preventiva, 61 con arresto domiciliario, 441 permanecen bajo otras medidas cautelares, 59 están condenados, 2 sobreseídos y 489 no han sido formalizados.