No hay prácticamente ningún bolsillo que haya quedado indemne a la crisis económica generada por la pandemia del covid-19. Países, empresas y personas han visto de una u otra forma afectadas sus finanzas, al punto que se están registrando tasas de desempleo históricas en varias latitudes, con la triste estela de incremento de la pobreza y carencia de acceso a servicios básicos. Tampoco han estado ajenas a esta realidad las instituciones de asistencia social, que dependen tanto de los aportes de la ciudadanía como de los estatales para cumplir con su cometido de ir en auxilio de quienes han quedado a la vera del desarrollo, o de quienes por razones familiares o de salud necesitan de una mano desinteresada.

Precisamente el Hogar de Cristo en la región ha advertido esta semana de un considerable déficit financiero para continuar operando sus programas, que abarcan jardines infantiles, hospederías, residencias de adultos mayores y atención domiciliaria para la tercera edad, a través de los cuales benefician a más de 250 personas. Han sufrido, como tantas otras entidades similares, de una disminución de las donaciones que realizan las familias, motivada probablemente porque la crisis económica también les ha significado una merma en los ingresos.

A nivel nacional, la institución ya proyecta para el año 2021 un sobregasto de cerca de $5.500 millones, por lo que está solicitando la ayuda del Estado para poder continuar con su encomiable labor de servicio. Ciertamente, el escenario para el erario nacional no es el mejor en este contexto de pandemia y de múltiples necesidades de amplios sectores desfavorecidos por la crisis económica.

Aun así, es perentorio que se produzca un acercamiento concreto entre el Hogar de Cristo y el Gobierno, más allá de la expresión de voluntades, para buscar las fórmulas que le permitan a la institución continuar con su obra. Mal que mal, cada una de las instituciones de beneficencia de la sociedad civil asumen un rol que, en otro caso, le debería corresponder a Estado. Hay miles de personas en todo el país que dependen de esto.

Nuestro país ha iniciado un nuevo capítulo de su historia, a través de un plebiscito que marcará el destino de nuestra Nación y de cada uno de los chilenos.

Esto nos pone frente a la posibilidad de pensar el Chile que queremos y cuáles deben ser la bases sobre las cuales levantar el futuro de nuestra patria. Lo anterior, si bien es una gran oportunidad, también nos entrega una gran responsabilidad, ya que se da en un momento cargado de incertidumbre mundial y donde las prioridades de las naciones y las personas no son las mismas a las de hace unos años.

Es por esto que para que este sea un proceso de crecimiento, todos debemos poner de nuestra parte y ser capaces de sentarnos a conversar, de buscar el diálogo y generar consensos que nos permitan ir avanzando, eliminando la violencia y las incertidumbres, que tanto daño hacen a la estabilidad social.

Además, no debemos perder de vista que la nueva Constitución cimienta las bases del desarrollo de las personas y la del país; las cuales tienen injerencia directa en las herramientas que tengamos como nación para enfrentar una de las mayores crisis económicas de la historia, y la forma de crear el empleo perdido debido al covid-19.

Es por esto que creemos fundamental que el proceso que estamos próximos a comenzar esté centrado en el respeto de los valores de la democracia y el bien común, donde se promueva la libertad de las personas a desarrollarse en un entorno de paz que les permita desplegar al máximo sus capacidades personales; y construir su proyecto de vida de manera personal o en asociación con otros, donde se den todas las garantías para emprender, fomentando el progreso económico y social del país.

Para esto es básico contar con un Estado eficiente que convoque a los distintos actores sociales a construir y resolver las necesidades de las personas, que dé oportunidad real de participar en el debate de contenidos y garantice una conversación con altura de miras dirigida al bienestar de esta generación y las próximas.

Vivian Pinilla, presidenta

de la CChC de Puerto Montt

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